El 26 de abril de 2019, el alcalde Boris Chamorro decretó el cierre de las instalaciones de la termoeléctrica Bocamina, argumentando infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En la oportunidad, Enel consideró que la decisión de la autoridad comunal era ilegal y requirió de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió la solicitud y dispuso la reapertura de las instalaciones, decisión que luego sería confirmada por la Corte Suprema este año.
Luego de conocerse la acción judicial presentada por la empresa eléctrica de capitales italianos, un grupo de organizaciones sociales defensoras y parlamentarios difundieron una declaración pública en la que rechazan enérgicamente la demanda y acusan que se trata de un “intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local”.
De acuerdo a lo señalado por las organizaciones entre las que se cuenta Alerta Isla Riesco, Defensoría Ambiental, Despierta Mejillones y Ecosistemas, entre muchas otras, en 2014, la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI realizó una investigación en la Bahía de Coronel, encontrando que las muestras de cenizas superaban las concentraciones máximas para cromo y mercurio, y que las aguas de los pozos subterráneos próximos al vertedero de cenizas se encontraban contaminadas con mercurio, sulfatos y otras sales que implicaban que ni siquiera pueden ser utilizadas para la agricultura.
Asimismo, en noviembre de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra ENEL por el incumplimiento del Programa de Monitoreo Permanente de la calidad del efluente a la descarga de Riles de la Central Termoeléctrica Bocamina I y II de Coronel, por los proyectos: “Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)” (RCA N° 206/2007); “Ampliación Vertedero Central Termoeléctrica Bocamina”, (RCA N° 017/2010); y “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, (RCA N° 128/2015). La fiscalización detectó seis hechos constitutivos de infracción: no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; no informar con la frecuencia de monitoreo requerida; superar el nivel máximo permitido para el parámetro Coliformes fecales y/o Sólidos Suspendidos Totales; no informar los antecedentes asociados a los remuestreos requeridos; no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; y no informar con la frecuencia requerida.
Con fecha 13 de diciembre 2018 organizaciones sociales y ambientales de Coronel ingresaron a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia para que se fiscalice y sancione el vertedero de cenizas de las centrales Bocamina 1 y 2, basándose en el incumplimiento de la RCA N° 017/2010 que autorizó la ampliación del vertedero de cenizas pese a que su ubicación no era compatible con el uso de suelo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el Plan Regulador Comunal de Coronel y las normas urbanísticas correspondientes.
Según señalan los firmantes de la declaración, Enel lleva a cabo una suerte de “hostigamiento a la comunidad de Coronel, dado que las irregularidades en los permisos e incumplimientos del vertedero de cenizas de Bocamina 1 y 2, están respaldadas y deben ser visibilizadas y denunciadas a nivel nacional e internacional”.
El documento fue respaldado por diversos parlamentarios como los senadores Alejandro Guillier, Isabel Allende y los diputados Catalina Pérez, Diego Ibáñez, Carolina Marzán, Pablo Vidal , Amaro Labra, Gastón Saavedra y Félix González.
El 26 de abril de 2019, el alcalde Boris Chamorro decretó el cierre de las instalaciones de la termoeléctrica Bocamina, argumentando infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En la oportunidad, Enel consideró que la decisión de la autoridad comunal era ilegal y requirió de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió la solicitud y dispuso la reapertura de las instalaciones, decisión que luego sería confirmada por la Corte Suprema este año.
Luego de conocerse la acción judicial presentada por la empresa eléctrica de capitales italianos, un grupo de organizaciones sociales defensoras y parlamentarios difundieron una declaración pública en la que rechazan enérgicamente la demanda y acusan que se trata de un “intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local”.
De acuerdo a lo señalado por las organizaciones entre las que se cuenta Alerta Isla Riesco, Defensoría Ambiental, Despierta Mejillones y Ecosistemas, entre muchas otras, en 2014, la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI realizó una investigación en la Bahía de Coronel, encontrando que las muestras de cenizas superaban las concentraciones máximas para cromo y mercurio, y que las aguas de los pozos subterráneos próximos al vertedero de cenizas se encontraban contaminadas con mercurio, sulfatos y otras sales que implicaban que ni siquiera pueden ser utilizadas para la agricultura.
Asimismo, en noviembre de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra ENEL por el incumplimiento del Programa de Monitoreo Permanente de la calidad del efluente a la descarga de Riles de la Central Termoeléctrica Bocamina I y II de Coronel, por los proyectos: “Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)” (RCA N° 206/2007); “Ampliación Vertedero Central Termoeléctrica Bocamina”, (RCA N° 017/2010); y “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, (RCA N° 128/2015). La fiscalización detectó seis hechos constitutivos de infracción: no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; no informar con la frecuencia de monitoreo requerida; superar el nivel máximo permitido para el parámetro Coliformes fecales y/o Sólidos Suspendidos Totales; no informar los antecedentes asociados a los remuestreos requeridos; no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; y no informar con la frecuencia requerida.
Con fecha 13 de diciembre 2018 organizaciones sociales y ambientales de Coronel ingresaron a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia para que se fiscalice y sancione el vertedero de cenizas de las centrales Bocamina 1 y 2, basándose en el incumplimiento de la RCA N° 017/2010 que autorizó la ampliación del vertedero de cenizas pese a que su ubicación no era compatible con el uso de suelo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el Plan Regulador Comunal de Coronel y las normas urbanísticas correspondientes.
Según señalan los firmantes de la declaración, Enel lleva a cabo una suerte de “hostigamiento a la comunidad de Coronel, dado que las irregularidades en los permisos e incumplimientos del vertedero de cenizas de Bocamina 1 y 2, están respaldadas y deben ser visibilizadas y denunciadas a nivel nacional e internacional”.
El documento fue respaldado por diversos parlamentarios como los senadores Alejandro Guillier, Isabel Allende y los diputados Catalina Pérez, Diego Ibáñez, Carolina Marzán, Pablo Vidal , Amaro Labra, Gastón Saavedra y Félix González.
El 26 de abril de 2019, el alcalde Boris Chamorro decretó el cierre de las instalaciones de la termoeléctrica Bocamina, argumentando infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En la oportunidad, Enel consideró que la decisión de la autoridad comunal era ilegal y requirió de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió la solicitud y dispuso la reapertura de las instalaciones, decisión que luego sería confirmada por la Corte Suprema este año.
Luego de conocerse la acción judicial presentada por la empresa eléctrica de capitales italianos, un grupo de organizaciones sociales defensoras y parlamentarios difundieron una declaración pública en la que rechazan enérgicamente la demanda y acusan que se trata de un “intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local”.
De acuerdo a lo señalado por las organizaciones entre las que se cuenta Alerta Isla Riesco, Defensoría Ambiental, Despierta Mejillones y Ecosistemas, entre muchas otras, en 2014, la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI realizó una investigación en la Bahía de Coronel, encontrando que las muestras de cenizas superaban las concentraciones máximas para cromo y mercurio, y que las aguas de los pozos subterráneos próximos al vertedero de cenizas se encontraban contaminadas con mercurio, sulfatos y otras sales que implicaban que ni siquiera pueden ser utilizadas para la agricultura.
Asimismo, en noviembre de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra ENEL por el incumplimiento del Programa de Monitoreo Permanente de la calidad del efluente a la descarga de Riles de la Central Termoeléctrica Bocamina I y II de Coronel, por los proyectos: “Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina (Segunda Unidad)” (RCA N° 206/2007); “Ampliación Vertedero Central Termoeléctrica Bocamina”, (RCA N° 017/2010); y “Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad”, (RCA N° 128/2015). La fiscalización detectó seis hechos constitutivos de infracción: no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; no informar con la frecuencia de monitoreo requerida; superar el nivel máximo permitido para el parámetro Coliformes fecales y/o Sólidos Suspendidos Totales; no informar los antecedentes asociados a los remuestreos requeridos; no informar la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo; y no informar con la frecuencia requerida.
Con fecha 13 de diciembre 2018 organizaciones sociales y ambientales de Coronel ingresaron a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) una denuncia para que se fiscalice y sancione el vertedero de cenizas de las centrales Bocamina 1 y 2, basándose en el incumplimiento de la RCA N° 017/2010 que autorizó la ampliación del vertedero de cenizas pese a que su ubicación no era compatible con el uso de suelo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el Plan Regulador Comunal de Coronel y las normas urbanísticas correspondientes.
Según señalan los firmantes de la declaración, Enel lleva a cabo una suerte de “hostigamiento a la comunidad de Coronel, dado que las irregularidades en los permisos e incumplimientos del vertedero de cenizas de Bocamina 1 y 2, están respaldadas y deben ser visibilizadas y denunciadas a nivel nacional e internacional”.
El documento fue respaldado por diversos parlamentarios como los senadores Alejandro Guillier, Isabel Allende y los diputados Catalina Pérez, Diego Ibáñez, Carolina Marzán, Pablo Vidal , Amaro Labra, Gastón Saavedra y Félix González.
