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Diputado Félix González por Tratado de Escazú: “Estamos ante un gobierno que defiende al empresariado”

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y parlamentario por el Partido Ecologista Verde busca que el tratado pueda ser ratificado por Chile. De no ocurrir la acción en sesenta días, el tratado corre el riesgo de caducar.

Diario Uchile

  Martes 28 de julio 2020 9:56 hrs. 
felix gonzález

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En conversación con el diputado Félix González, el parlamentario presidente de la Comisión de medio Ambiente, se refirió a la petición, al proyecto de acuerdo donde nueve parlamentarios solicitan al Presidente Sebastián Piñera la firma del Tratado de Escazú. “La organizaciones sociales están preocupadas porque este tratado va a caducar. Si Chile y otros países no firman, no será posible ponerlo en práctica”.

A su juicio, las excusas han sido primero, por la irrupción internacional como las posibles denuncias de Bolivia, sin embargo, asegura que esto no es efectivo porque ya existen “tribunales como la Haya, entonces, no suma mayormente, este proyecto en ese sentido”. La realidad, dice “es que están protegiendo intereses privados chilenos, porque lo que garantiza el tratado es el acceso a la justicia de procesos y defensores ambientales”.  Muy por el contrario a la firma, dice, lo que hace el Gobierno es presentar sus propuestas para modificar los procesos de tramitación ambiental en favor de las empresas.

“Quieren eliminar recursos administrativos que la gente tenga menos acceso a la justicia ambiental, para agilizar los procesos y los tiempos, por esto estamos en pugna con el Gobierno”.

Para González es, entonces, en ese contexto, fundamental avanzar en la firma del tratado, porque “aportaría en acceso a la justicia y la protección de los defensores ambientales, así como  entregaría garantías de que los proyectos no van a afectar el medioambiente”.

Otra de las denuncias que hace el ecologista es que “dentro del Servicio de Evaluación Ambiental hay una unidad del Ministerio de Economía que le abre camino a los proyectos, sobre todo mineros”, algo que califica como “impresentable, porque ellos le dan garantías a las inversiones”.

A modo de ejemplo, de esta relación entre política y grandes grupos económicos, relata lo que ocurre al interior de la comisión que preside: “En cada proyecto donde se ven afectados los intereses de los grandes grupos económicos, los parlamentarios de Chile Vamos y el Gobierno van en su defensa, eso pasa en este proyecto que queremos cerrar las termoeléctricas, pero buscan argucias para no votarlo”.

Así, enfatiza que “estamos ante un gobierno que defiende al empresariado, no de forma soslayada. Defienden a las grandes corporaciones y, en este caso, las van a defender con uñas y dientes”.

Las críticas a los procesos ambientales en Chile son extensas y no comprometen a un único sector político, dice el diputado. “En el sistema diseñado en la Concertación, quienes también  han tenido una relación estrecha con los grupos empresariales, existe una relación espuria entre la política y los negocios que hace que el sistema medioambiental esté deslegitimado toda vez que la participación ciudadana es inexistente o decorativa”.

Explicó, al respecto, que para subsanarlo presentaron proyecto para mejorar la norma medioambiental, donde se proponen cuatro medidas de cambio:

  • Que los proponentes de proyectos no puedan comprar a las comunidades
  • Que los estudios y declaraciones lo hagan instituciones independientes
  • Que los proyectos puedan ser plebiscitados con plebiscitos comunales
  • y, finalmente, que las comunidades puedan pedir el término anticipado de la Evaluación Ambiental, que hoy solo puede hacer el gobierno.

“Estos cambios al SEA se vieron truncados porque cuando el Gobierno se vio complicado le quitó la urgencia a la norma. Llevamos dos años y medio en pugna. Este es un gobierno de los empresarios y el Tratado de Escazú le viene a dar resguardo a las comunidades, como debe ser”, por eso se oponen desde el Ejecutivo, insiste.

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