“Si no hay resultados esta semana, conversaremos con nuestros conductores, y si hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”. Bastó esta advertencia del presidente de a Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, para que el Gobierno tomara cartas en el asunto.

De hecho, este miércoles, los camioneros se reunieron con el ministro del Interior, Víctor Pérez, en el Palacio de La Moneda, para exigirle protección al gremio ante los hechos de violencia que se han registrado históricamente en el sur del país, sobre todo en la región de la Araucanía, donde se vive in situ el llamado conflicto mapuche.

A la salida del encuentro, José Villagrán fue claro. A su juicio, la culpa de la violencia en el sur recae sobre el Parlamento, pues no se han aprobado las leyes coercitivas que permitan brindar seguridad a sus colegas.

“El Parlamento chileno tiene gran responsabilidad en esta grave situación de violencia, terrorismo y delincuencia en la zona macro sur y en otras regiones de la nación, porque no se han aprobado leyes imprescindibles, como la ley de inteligencia, porque Chile no tiene inteligencia, la ANI es una entelequia, porque Chile no tiene una ley moderna, práctica, antiterrorista, y otras normativas que son imprescindibles”.

Uno de los delitos que se le imputaron falsamente a los detenidos en el marco de la ‘Operación Huracán’ fue el ataque incendiario a 29 camiones en la comuna de San José de la Mariquina ocurrido en agosto de 2017. Foto: Miguel Ángel Bustos / Agencia UNO.

La presión del Gremio tuvo inmediato efecto en el Ejecutivo, pues, a la salida de la ya mencionada reunión, Víctor Pérez anunció que este mismo jueves el Gobierno enviará un proyecto de ley “para sancionar a quienes queman vehículos causando la muerte de personas en su interior, porque creemos que el camión para los transportistas es su morada”.

La normativa es denominada la Ley Juan Barrios, en homenaje a un conductor fallecido en febrero luego de ataques de encapuchados en la región de La Araucanía.

Para las fuentes consultadas por este medio, no hay ningún problema en la preocupación del Ejecutivo para con los camioneros, pero sí lo hay en el desbalance que hay entre un sector y otro sector a la hora de escuchar y materializar demandas.

En contraparte al reclamo de los camioneros, está el pueblo mapuche, que tiene a una de sus autoridades ancestrales -Celestino Córdova- en huelga de hambre hace más de cien días. Incluso, antes de aquello, el Machi, las comunidades y organizaciones de derechos humanos vienen pidiendo un diálogo al que recién se comienzan a abrir las puertas, cuando el comunero está al filo de la muerte.

Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, el gran error del gobierno es que solo escucha a un sector de la sociedad, específicamente los que se relacionan directa o indirectamente con el capital, invisibilizando e, incluso, criminalizando al resto.

“El Gobierno tiene el deber de velar por todo el bienestar de la ciudadanía, de todos quienes habitamos este territorio: migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes y, por supuesto, la nación chilena con toda su diversidad. Y lo que vemos es que nuevamente el diálogo se sitúa con determinados actores que ponen un poco de presión, y si bien no son ellos los dueños del capital, hay una relación económica muy entrelazada, y los gremios tienen un poder político muy importante. Más el gremio de camioneros a lo largo de la historia, no solamente en este hecho en particular”.

En ese sentido, Figueroa Huencho acusó falta de democracia a la hora de establecer ciertos diálogos.

Similar opinión tiene el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, quien cuestionó al Ejecutivo por abrir las puertas a unos, y cerrar las puertas a otros.

“Evidentemente existe una asimetría en la capacidad en que los actores sociales pueden ser escuchados. En ese sentido, llama la atención la larga huelga de hambre de los presos mapuche y que, hasta el día de hoy, no exista una mesa de diálogo o un acuerdo que considere el marco internacional que rige para los pueblos indígenas y, por otro lado, solo una amenaza de paralización por parte de los camioneros les abra a ellos las puertas de La Moneda”.

Al respecto, el acaémico ve una coincidencia ideológica entre el actual Ejecutivo y los camioneros, por lo que tal Gremio siempre será escuchado con especial atención.

Además, Águila cuestionó el “orden” que buscan tanto el Ejecutivo como los camioneros.

“Por la demanda de los camioneros y la forma en que ellos la expresan, creo que el Gobierno siente un aliado en ellos, en el sentido de que es una demanda de orden. Sin embargo, las otras demandas -como las mapuche- también son por un orden, por un orden democrático distinto, por un orden social distinto”.

Por ahora, el Gremio de los camioneros seguirá en ronda con altas autoridades del Estado, por lo mismo, este jueves seguirán reuniéndose con autoridades para resguardar sus intereses. Será a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, a quien le expresarán sus inquietudes.