Actualmente, el paradigma de derechos en América del Sur se encuentra en tensión con la tendencia hacia la securitización y criminalización de la migración. Por ello, representantes de 14 países, organizaciones e intelectuales firmaron una carta con el objetivo de manifestar su preocupación por el proyecto de ley de migración chilena.
“El proyecto de Ley en cuestión – tal como está – representa una profundización de este retroceso. Así, los altos estándares regionales deben ser considerados como puntos mínimos para la futura ley chilena”, dice el texto.
Según el documento, para cumplir con los estándares regionales y no retroceder en el proceso de modernización de la legislación chilena, se vuelve necesario cumplir con los siguientes puntos:
1.Garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, sin discriminación e independente de la situación migratoria, especialmente la igualdad en el acceso a las políticas y beneficios sociales.
2. Establecer y promover procedimientos de regularización permanentes y en el territorio – que sean claros, accesibles y asequibles – como una obligación del Estado y un derecho de la persona migrante.
3. Asegurar que los programas extraordinarios, de alcance y temporalidad limitados, no sean la única ni la principal vía de acceso a la regularización. Cuando sean necesarios, asegurar que los procedimientos extraordinarios de regularización otorguen residencia y permitan el acceso al documento nacional de identificación del migrante.
4. Establecer criterios de acceso a la regularización que sean sensibles a las características de la movilidad en la región. Especialmente, para personas nacionales de países del MERCOSUR, para sujetos de especial protección, para las y los trabajadores – incluidos independientes y de la economía popular-, y para la familia de las personas migrantes a partir de una definición amplia de familia.
5. Garantizar la no criminalización de la migración, incluido el principio de no detención por razones migratorias.
6. Establecer la prohibición de expulsiones sumarias y que atenten contra la unidad familiar, razones humanitarias y el arraigo, con especial atención a la protección del interés superior de los niños/as.
7. Garantizar el control judicial y la asistencia jurídica gratuita de las y los migrantes en cualquier decisión que pueda vulnerar sus derechos.
8. La política migratoria debe ser implementada por autoridades civiles y las fuerzas de seguridad deben abstenerse de llevar adelante funciones de control migratorio.
Finalmente, los firmantes señalaron la urgencia de la derogación de la Ley vigente desde la dictadura en Chile. “Sin embargo, instamos a las autoridades responsables que hagan las modificaciones necesarias al proyecto de ley para que cumpla los estándares de la región”, indicaron.
Cerraron la misiva, haciendo también el llamado a las autoridades a habilitar mayores espacios para la participación y debate público en un tema de interés y de tanta relevancia para los derechos de las personas migrantes que habitan Chile y que de seguro tendrá impacto en toda la región.
Firmaron inicialmente la carta, entre otros, la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, el Colectivo Sin Fronteras, Movimiento de Acción Migrante – MAM, Rizoma Intercultural desde Chile, Clínica Jurídica para migrantes de la Universidad Diego Portales y el Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS de Argentina a los cuales se unieron firmas desde 14 países.
