Tal como ya se advertía, el proyecto de ley de migraciones que se discute en el Senado continúa alargándose en lo que es su segundo trámite legislativo.
Este miércoles, la sala escuchó a los presidentes de las comisiones por las cuales ha pasado el proyecto del Ejecutivo, esto ante la presencia también del subsecretario de Interior, Francisco Galli, así como del director del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Bellolio, ambos en representación del Gobierno, por la ausencia del ministro del Interior, Víctor Pérez.
En total, son tres las comisiones por las cuales pasó el proyecto mencionado: Gobierno, Derechos Humanos y Constitución. En esta dos últimas, además, fue donde parlamentarios de oposición ingresaron un par de indicaciones al proyecto que no fueron bien recibidas en el Ejecutivo y que produjeron un rechazo transversal de Chile Vamos.
Así, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió al debate del proyecto asegurando que debería ser una oportunidad para pensar en la forma en la que se va a acoger a los migrantes, sin descuidar los intereses nacionales.
“La pregunta que pocos se hacen es cómo proteger también y resguardar a los chilenos y chilenas que pueden ser afectados por una migración desordenada y poco segura. A mí me tocó trabajar harto en este tema en el gobierno anterior, y un día caminando en la villa Caleuche, una señora me dijo que no podía trabajar porque no tenía cupo en el jardín Junji, ya que estaba lleno de migrantes que no tenían ni siquiera cédula de identidad, y ella como chilena pobre estaba pagando un tremendo costo”, argumentó.
Este tipo de referencias continuaron siendo aseveradas por otros parlamentarios de la oposición como, por ejemplo, el senador RN, Francisco Chahuán, quien además advirtió de un complejo escenario posterior a la crisis sanitaria, vinculando esto mismo con una nueva oleada migratoria.
“Post pandemia, la prospectiva indica que pudieran ingresar a nuestro país 500 mil personas. Una cosa que yo comparto es articular la legislación chilena a los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos a los migrantes, pero una cosa muy distinta es establecer una ley completamente permisiva sobre esta materia como lo han tanteado algunas de las indicaciones presentadas en este proyecto”.
En el debate, además, uno de los términos con el que los parlamentarios oficialistas se refirieron a lo propuesto por la oposición fue el “turismo laboral”, esto en relación con la visa que transparenta las intenciones de buscar empleo en el país en un lapso de 90 días.
Al respecto, el senador del Partido Por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, rechazó la denominación, así como las opiniones sobre el manejo de la migración en el gobierno anterior.
“Podemos no tener la razón, pero ridiculizarlo de esa forma, me hace a mí u a otros tener que rebobinar la cinta de la migración en Chile y vamos a terminar entonces en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, en la cual en más de una oportunidad se refirió a los inmigrantes como el equivalente a delincuentes (…) veo eso que ocurrió en la campaña y veo el énfasis con que se atacó al gobierno de la presidenta Bachelet, donde si bien llegó un número grande de inmigrantes de Haití, no es menos cierto que se tomaron medidas en su oportunidad”, manifestó.
Sobre la indicación cuestionada también se pronunció la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, quien sustentó la existencia de la misma en las falencias que presentaba originalmente el proyecto del Ejecutivo.
“La visa de oportunidad laboral se hace cargo de un vacío del proyecto de ley, y no lo quiere ver ni comprender la bancada oficialista. Esta propuesta es clave porque ordena el ingreso y debe ser parte de la política migratoria, debe estimular y facilitar que dicho trámite se inicie en el consulado de residencia del migrante y en subsidio en el ingreso en el país conociendo sus datos y conforme a la política nacional de migraciones”, subrayó.
Un dato extra que también dio a conocer Provoste en el debate es que el 50 por ciento de las denuncias de ingresos clandestinos entre el año 2010 y 2020, se registraron entre el año 2018 y 2019. Esta cifra está certificada en un estudio del Servicio Jesuita al Migrante, donde además se asegura que el 85 por ciento de estos ingresos provenían de países a los que se les empezó a exigir la llamada “visa consular”.
Hay que recordar, además, que, con el alargamiento de esta discusión, la votación del proyecto podría darse este jueves o en su defecto pasaría para la próxima semana. Asimismo, si el proyecto logra ser despachado, la Cámara de Diputados deberá volver a votar respecto de los cambios introducidos por el Senado.