En Lebu, los 12 comuneros mapuche que cumplen medidas cautelares de prisión preventiva en la cárcel del lugar llevan 57 días en huelga de hambre y, al igual que sus pares de Angol -quienes hoy cumplen 120 días en huelga-, en los últimos ocho días se han mantenido en ayuno seco.

Pese a que en los últimos días la salud de los comuneros era estable -considerando su delicado estado-, la situación de éstos últimos se agravó durante la madrugada de este lunes, pero, al parecer, no por las consecuencias del ayuno. Pasadas las 02:00 hrs. de la noche, el personal de la Unidad Antimotines de Gendarmería habría allanado y desalojado violentamente el módulo de los presos mapuche en la cárcel de Lebu. Los 12 comuneros fueron trasladados sin previo aviso hasta el Hospital de Los Ángeles en “una noche de verdadero terror”, como la calificaron los familiares y cercanos que se encontraban presentes, quienes aseguran haber visto desde las calles cómo los huelguistas eran golpeados por personal de Gendarmería pese a su delicado estado de salud y que varios de ellos apenas podían moverse. Así también quedó evidenciado en diversos registros publicados en redes sociales.

Pero las agresiones no terminaron ahí. En conversación con nuestro medio, el vocero de los comuneros de la cárcel de Lebu, Auka Castro, relató lo que vieron él y otros que presenciaron el violento traslado que terminó con los huelguistas en Los Ángeles. “Los agarraron y se los llevaron reducidos, como un saco de papas para arriba“, señaló. “Después cuando Gendarmería los ingresó al hospital, le dispararon bombas lacrimógenas a las familias. Se pusieron a pelear, literalmente. Golpearon a los hermanos acá afuera, frente a todos, mientras los iban sacando en silla de ruedas los empezaron a golpear”, contó el werken de los huelguistas.

“Cuando entramos a hablar con ellos nos dijeron que a un hermano le rompieron un diente, le sacaron un diente a palos y en la cabeza tuvo una contusión. Estaban con contusiones en el cuerpo, en los brazos; tienen los brazos morados, tienen la espalda rasguñada”, relató Castro.”O sea, se supone que Gendarmería hace esto por la salud de nuestros hermanos, esa es la excusa legal del recurso; pero en realidad, bueno, les sacan la chucha (sic)” , sentenció.

En la foto, Auka Castro, werken (vocero) de los once comuneros mapuche que se encuentran hace 57 días en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Foto: Julio César Parra.

Pero el desenlace tuvo un giro inesperado durante la tarde, luego de la audiencia en que el abogado defensor interpusiera un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Cañete debido a las vulneraciones sufridas por sus defendidos en el violento traslado desde el penal de Lebu hacia el hospital de Los Ángeles. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado Nelson Miranda manifestó su preocupación por las condiciones “arbitrarias e inhumanas” en que se llevó a cabo el traslado y valoró la resolución del Tribunal, que además pidió a Gendarmería explicaciones y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue las denuncias.

“Gendarmería tiene que rendir cuentas por el traslado arbitrario, violento y en horas de la madrugada de los comuneros. Fueron golpeados, ahora están todos en camillas en los pasillos del hospital de Los Ángeles. Le dieron un plazo de 12 horas a Gendarmería Regional para que informen de quién tomó esa decisión arbitraria e injusta. No solamente se golpeó a los presos que están en huelga de hambre sino que también a los familiares. El pretexto fue que era para resguardar su integridad física, obviamente que ese traslado no hace sino agravar la condición de los huelguistas”, señaló Miranda a nuestro medio.

“Se entregaron todos los antecedentes a la Fiscalía de Derechos Humanos para ver los delitos que se cometieron, en tanto si son torturas o tratos degradantes e inhumanos por parte de Gendarmería“, señaló.

Respecto de las insinuaciones que hicieron funcionarios de la institución penitenciaria a los familiares de los huelguistas, amenazándolos con que los comuneros iban a ser trasladados del penal de Lebu, cosa que ya habían perdido en los tribunales, la jueza confirmó que esa no es una alternativa real. “Resolvió que bajo ningún pretexto pueden ser trasladados desde el penal de Lebu, que eso ya está zanjado por el Tribunal de Garantía de Cañete, el Tribunal Oral y la Corte de Apelaciones de Concepción”, explicó Miranda.

Por otra parte, el Juzgado de Garantía pidió antecedentes por un posible delito de desacato por parte de la dirección regional de Gendarmería. Ya había un recurso de amparo en este sentido y se había resuelto un protocolo para que la institución penitenciaria lo hiciera efectivo, cosa que se habría incumplido por parte del personal del penal de Lebu. Se dio un plazo de 48 horas a los recurridos para presentar sus informes y para que el Tribunal resuelva el posible desacato por parte de Gendarmería Biobío.

En Lebu son doce los comuneros que se encuentran en ayuno desde hace 57 días. De los huelguistas, todos están recluidos a raíz de medidas cautelares de prisión preventiva. Sin condenas en su contra, llevan más de ocho meses privados de libertad. Foto: Archivo.

Horas antes, a través de un comunicado de prensa, la institución penitenciaria justificó el traslado insistiendo en que éste fue “una medida de prevención, en el ejercicio de las facultades legales de Gendarmería”, pero no se refirieron a las denuncias de agresiones que hicieron los voceros y familiares.

“El traslado es una medida de prevención, en el ejercicio de las facultades legales de Gendarmería, orientadas a resguardar la salud, integridad física y la vida de las personas sujetas a su custodia, a propósito de un recurso de protección interpuesto por la Institución en favor de los comuneros, y en virtud del cual la Corte de Apelaciones de Concepción autorizó a Gendarmería adoptar, en forma inmediata, todas las medidas idóneas y suficientes destinadas a salvaguardar la vida e integridad física de los privados de libertad; incluyendo trasladarlos a algún centro asistencial, con las medidas de resguardo correspondientes”, sostiene el comunicado de la institución penitenciaria.

Éste recurso, fallado el pasado 26 de agosto por la Corte penquista, autorizó a Gendarmería a tomar, de forma inmediata, “todas las medidas para salvaguardar la vida e integridad física” de los huelguistas; incluyendo el traslado a un centro asistencial con las medidas de resguardo correspondientes. La situación, y la posibilidad cierta de que todo derive en una alimentación forzada por parte de los médicos del hospital de Los Ángeles, ha encendido las alarmas no sólo de los familiares y las comunidades movilizadas, sino también en el gremio médico. Y es que la alimentación forzada es considerada por diversos instrumentos del derecho internacional como “un trato inhumano y degradante”, lo que preocupa tanto al entorno de los huelguistas como al Colegio Médico.

Actualmente es una persona de confianza quien los está atendiendo, pero antes era el Colegio Médico regional Concepción el que velaba por su estado de salud. La relación se terminó el sábado pasado y ahora es el médico Alihuen Antileo quien está a cargo de evaluar y tratar a los comuneros. El titular del Colmed Concepción, Germán Acuña, sólo dijo que el estado de salud es “delicado” y lamentó la decisión de los huelguistas argumentando que el gremio al que representa acatará lo que la Justicia determine.

“El Colegio Médico regional Concepción, al igual que el Colegio Médico de Chile, adhiere la Convención de Malta de 1991, ratificada en la Convención Médica Mundial de Sudáfrica el año 2006. Esto significa que no estamos de acuerdo con la alimentación forzada a quien ha manifestado clara intención de no ser alimentado”, sostuvo Acuña, pero a la vez aclaró que respetarán la decisión de la Corte. “Sin embargo, vivimos en un país en que las leyes deben cumplirse y si la Corte de Apelaciones ordena la alimentación no tenemos sino que cumplir lo que la ley nos ordene“, manifestó el presidente del Colegio Médico en Concepción.

Pese al completo silencio en que se han mantenido hasta el momento, desde el Gobierno admitieron gestiones para que se llevara a cabo el traslado, sin embargo, fuentes en La Moneda aseguran que la decisión de llevar a cabo la alimentación forzada es una que se tomará como último recurso, en caso de que el estado de salud de los comuneros sea crítico. Esto, argumentan, con el objetivo de resguardar la vida y la salud de los huelguistas; motivaciones que han sido constantemente desestimadas por los propios comuneros y sus vocerías, que abogan por la libertad de los movilizados de mantener su huelga de hambre y seca como acción de protesta.

Foto en portada: Julio César Parra.

Mujeres mapuche se toman las oficinas de gendarmería en Concepción, en apoyo a los 12 comuneros que se encuentran en huelga de hambre. Foto: Julio César Parra.