Este martes a través de una pauta remota, las organizaciones agrupadas en la Secretaría de Educación de la CUT anunciaron la presentación de un recurso de protección contra el ministro Raúl Figueroa ante los anuncios de reapertura de establecimientos educacionales.
Yobana Salinas, encargada de la Secretaría de Educación, que agrupa a casi medio millón de trabajadores que se desempeñan en ese ámbito, explica las razones que hay detrás de la presentación del recurso.
“Por la vulneración del art. 19, n 1 º de la Constitución Política de la República que garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas que causa a todos nuestros afiliados y afiliadas y a los NNA del sistema escolar chileno, la ejecución ilegal y arbitraria de las medidas contenidas en el plan del Mineduc de regreso gradual a las clases presenciales y la reapertura de los establecimientos educacionales”.
La agrupación de trabajadores exige el Mineduc la formación de una mesa de trabajo en la que participen las autoridades educacionales y sanitarias de las comunas y territorios junto a los representantes de todos los actores de la educación con el objetivo de evaluar las medidas sanitarias propuestas y el comportamiento de la pandemia en el espacio local, de modo de definir acciones para ser implementadas en conjunto.
Hasta la fecha, se ha autorizado el retorno a clases presenciales de 37 colegios y jardines infantiles y hay 70 más en trámite, por lo que la organización sindical insistió en que actualmente no existen las condiciones para retornar. Además, elevaron críticas al Ministerio ante la nula inversión en infraestructura para establecer las nuevas condiciones de atención a niños, niñas y adolescentes en miras al año escolar 2021, pues según señalaron en el punto de prensa, la única consideración de parte de las autoridades de Educación ha sido la de poder entregar un lugar donde mantener a los niños mientras los padres vuelven a la actividad laboral.
Para los recurrentes, “todos los actos ejecutados por el Ministerio de Educación que han implicado la puesta en marcha del Plan Mineduc de regreso gradual a clases presenciales y la reapertura de los establecimientos educacionales, amparados en la ilegal ‘delegación’ o ‘encomendación’ de facultades que efectúa la Resolución Exenta N° 635, de 05 de agosto de 2020, del Ministerio de Salud, que dispone Medidas Sanitarias que indica por brote de Covid-19 y modifica Resolución Nº 591 Exenta 2020, del Ministerio de Salud, incorporando un nuevo artículo 69 bis, se encuentran viciados de incompetencia y no son válidos, es decir, son ilegales y arbitrarios. En lo particular, la autorización para el retorno a clases presenciales en 37 colegios de nuestro país y la aceptación a trámite de 70 solicitudes adicionales con el mismo objetivo”, según se lee en el texto de la acción.
“No somos las guarderías de los empresarios. Los colegios y jardines infantiles no pueden estar a disposición del mundo del mercado, sino al revés, ese mundo debe estar a disposición de los niños que son la primera prioridad y requieren la protección del Estado. En este momento lo que nosotros exigimos es que se desista de la apertura presencial a los colegios y que el Gobierno se haga cargo del derecho a la vida de miles de niños de este país”, aseveran los dirigentes de los trabajadores de la Educación.
Tanto los dirigentes como los distintos miembros de las comunidades escolares han sido críticos de la forma cómo se han tomado las decisiones por parte del Mineduc, y acusan falta de acercamiento con los trabajadores, además de una “actitud arrogante e indiferente para con ellos de parte del Ministro”.
El ministro Raúl Figueroa ha señalado en diversas oportunidades la urgencia que reviste para la cartera que encabeza que los estudiantes retornen a sus lugares de estudios, incluso argumentando que éstos son espacios de protección ante abusos y otras vulneraciones.
“Un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela a poder encontrarse con sus compañeros, con sus profesores, a recibir la alimentación que ahí siempre ha recibido y a mantener también los aprendizajes que se merece”, declaró el secretario de Estado en julio pasado, levantando una ola de cuestionamientos y críticas debido a la estigmatización de los sectores más vulnerables que dejaron traslucir sus dichos,
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación de la CUT señalaron que el objetivo de apurar las clases presenciales no es otro que la protección de la actividad económica nacional, de modo que los trabajadores puedan dejar a sus hijos en los establecimientos y retomar la actividad productiva.
Agrupaciones de trabajadores que presentaron el recurso de protección.
“Solicitamos que las autoridades encargadas de la educación, sobre todo de la inicial, se pongan en los zapatos de las familias y no en los de este Gobierno empresarial que hoy tenemos. No queremos enfrentarnos con muertes de niños, no somos conejillos de Indias y no nos vamos a poner a disposición del mercado”, enfatizó Yobana Salinas.
Retorno presencial = mayor subvención
La semana pasada, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca fijar normas excepcionales para el pago de la subvención escolar debido a la pandemia y que, en resumen, plantea un pago mayor a aquellos establecimientos que sí han retornado a realizar educación en forma presencial.
Según lo explicó el ministro Figueroa, la idea detrás de la iniciativa es aplicar una regla excepcional, prevista en la Ley de Presupuestos, que permite “por 15 días atender, que por razones epidemiológicas la asistencia fue menor, y por lo tanto, ajustar el pago de la asistencia. El punto clave hoy es que la dificultad mayor la tienen precisamente aquellos establecimientos que han abierto sus puertas. Están el borde de los 15 días que permite la Ley de Presupuestos y obviamente, como lo hemos dicho y reitero, no están las condiciones este año para exigirle asistencia y pagar la subvención sobre la base de la asistencia”.
Para los otros establecimientos que no han podido regresar, se mantendrá el pago de la subvención como hasta ahora, es decir, calculando la asistencia efectiva registrada los días del año que estuvieron abiertos y, en el caso de los que no pudieron abrir este año, se considerará la asistencia promedio del trimestre marzo-mayo de 2019.
Para la dirigenta Alejandra Aguilar, este proyecto es simplemente una forma de chantaje económico por parte del Ministerio.
“El Gobierno envió un proyecto de ley como una forma de presionar el retorno a clases a través del aumento del presupuesto de las subvenciones escolares, pero solo a aquellos establecimientos que vuelvan presencialmente. Nosotros sentimos que ése es un chantaje económico que pone en jaque a los colegios, porque el establecimiento que vuelva tiene más plata. El Ministerio hoy pone, por sobre la salud y la vida, al dinero”.
Durante la tarde de este martes, los dirigentes de los trabajadores de la Educación se reúnen con el diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Educación, para exponer las inquietudes que les genera esta iniciativa legal impulsada por el Gobierno. Dada la urgencia de discusión inmediata entregada por el Ejecutivo al mismo, el proyecto de aumento de la subvención escolar será votado el lunes 21 por esa instancia de la Cámara Baja.
