A menos de una semana para que los países inscriban su firma en el Acuerdo de Escazú, el Gobierno chileno ha deslizado nuevos argumentos respecto de su negativa frente al acuerdo, lo mismo que ha propiciado la exigencia desde el parlamento de un informe detallado que sustente dicha postura.

En este escenario, para la doctora en Derecho Internacional y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, es preciso guardar prudencia y esperar la argumentación final que entregará el Gobierno; no obstante, la negativa reiterada en días anteriores, no solamente sería rebatible desde el punto de vista jurídico, sino que también desde la imagen a nivel internacional.

“Tenemos la presidencia de la COP 25, fuimos quienes motivamos al resto de los países en la primera presidencia de Sebastián Piñera, y que hayamos negociado con otros 24 países -de 33 de América Latina y el Caribe- que hayamos aceptado los términos del acuerdo y a horas de firmarlo en 2018 nos hayamos bajado, me parece que es de muy mala imagen y es un muy mal mensaje que damos a la comunidad internacional sobre nuestro compromiso por la lucha por el medio ambiente”, manifestó Astroza en conversación con Diario y Radio U. de Chile.

Hay que recordar que, en 2018, los argumentos por los cuales el Gobierno decidió restarse del acuerdo tuvieron que ver con aspectos relacionados con la soberanía, esto en medio del litigio con Bolivia en la Corte Internacional de La Haya. De esa fecha hasta este 26 de septiembre, se abrió el plazo de firmas, que hasta el momento ha incluido a 22 países, 9 de ellos ratificando el acuerdo.

Por su parte, el Gobierno chileno viene mostrando poco interés en cambiar su postura al respecto, e incluso, según quedó constancia en artículo publicado por El Mercurio y en una posterior reunión en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Andrés Allamand replanteó el argumento del Gobierno asegurando que el tratado “mezcla derechos humanos con medio ambiente”. Una postura que, por cierto, también fue rechazada tajantemente por Paulina Astroza.

“Esta frase debe ser de las más poco felices de los argumentos que está dando el Gobierno. Primero porque, con Escazú o sin Escazú, el medioambiente es un derecho humano, es parte de lo que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, ya ha habido un desarrollo respecto de lo que significa el medioambiente y sus expresiones como derechos humanos, y nosotros somos parte de ese sistema, por lo tanto ya es parte de nuestro propio derecho nacional”, comentó.

La doctora Astroza, además, durante el transcurso de la semana pasada, fue invitada a una sesión de la Comisión de Medioambiente del Senado, instancia a la que se suponía también asistiría el ministro de Relaciones Exteriores. Esto último, finalmente, nunca ocurrió, lo cual, según la experta, es señal de la poca relevancia que tiene el tema de derechos humanos para la cartera dirigida por Andrés Allamand.

Andrés Allamand.

“El Gobierno y la Cancillería tienen una lógica distinta para lo que es el comercio internacional, todo lo que dice relación con los tratados de libre comercio, y que además, dentro de la propia Cancillería, se le da muchísima más fuerza a esta nueva subsecretaría que se creó, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, comparado con la fuerza que se le da al resto de las actividades políticas que hace cancillería, en especial la Subsecretaría de Relaciones Exteriores”, criticó.

Finalmente, Astroza remató su postura agregando que en otros tratados internacionales con mención a la soberanía, el Gobierno no puso peros para entregar su firma, algo que se deja ver justamente en el tema de la solución de controversias, con posibilidad de acudir a la Corte Internacional de La Haya, presente en otros convenios recientemente ratificados por Chile.

Respecto de los plazos para la firma del Acuerdo de Escazú, aunque es necesario que el Gobierno presente un informe argumentativo solicitado por las comisiones mencionadas, el mismo Andrés Allamand ha deslizado la posibilidad de que este documento no exista. Ya en el caso de no firmar el acuerdo hasta la fecha estipulada, existe la posibilidad de que en los siguientes años Chile pueda adherirse a este mismo; sin embargo, podría no alcanzar a ser parte de la primera COP donde se evaluarán mecanismos de implementación del tratado, además de la mala señal entregada en materia de derecho internacional.