En la edición del pasado domingo 27 de septiembre del diario El Mercurio, se publicó a página completa, destacándose la coloreada fotografía del contralor, la repetitiva e insidiosa crónica titulada “La última polémica del incómodo Bermúdez”, con epígrafe ¿Se puede fiscalizar al fiscalizador?, en donde ese diario vuelve a la carga en contra del rol que ejerce la Contraloría General de la República.

En la crónica mercurial, entre otras cosas, se alude también a las varias críticas a Bermúdez formuladas por la alcaldesa UDI Evelyn Matthei, señalando que unos cuantos agentes públicos del gobierno han dicho que el contralor no ha mostrado “ni la prudencia ni la deferencia necesaria en algunos casos delicados” (sic) y como broche de oro se alude a una posible acusación constitucional por parte de parlamentarios de Chile Vamos.
En la sección cartas al director, del mismo día, dicho medio de prensa le dio tribuna a una abogada para que despotricara en contra del titular de la Contraloría, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de enviarle el mismo día una comedida respuesta, para que se publicara, precisando algunos aspectos proferidos por esa lectora, texto que decía.
Hoy día doña Pilar Arellano, profesora de Derecho Constitucional, publica la carta “Los sumarios de Contraloría” en la cual objeta el rol que la anterior ejerció respecto de 7 generales de Carabineros, pues se habría inmiscuido en materias de mérito, propias de la institución de seguridad. Asimismo, señaló que la Contraloría carecía de atribuciones para fiscalizar a Codelco o emitir dictámenes en materia urbanística y que los tribunales de justicia le han representado esas indebidas intrusiones.

Respecto a los sumarios en Carabineros el asunto quedó zanjado a favor de la Contraloría, después de la reunión que tuvo en La Moneda el contralor Jorge Bermúdez con el presidente Sebastián Piñera y en cuanto al reclamo de Codelco, los tribunales de justicia en primera instancia le han dado la razón a la Contraloría. En materia de permisos de edificación, recordemos que el artículo 98º de la Constitución le encarga a la Contraloría el control de la legalidad de los actos administrativos, incluyendo naturalmente los actos de las direcciones de obras municipales.

En resumen, está de moda criticar al servicio que tiene el deber de exigir el cumplimiento de la ley. Muchos órganos de la Administración del Estado no quisieran ser fiscalizados, pero para ello, será necesario modificar la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional, que raya la cancha del quehacer de la propia Contraloría.

Obviamente nuestra aclaratoria carta no se publicó, aceptando a priori que El Mercurio decida a su criterio lo que divulga en sus páginas. Sus periodistas seleccionan los asuntos a publicar conforme a las razones que les impone su línea editorial y los que tenemos posiciones contrarias, en algún asunto específico, apelamos a la libertad de expresión que nos brindan los medios independientes para contestarle a objeto que evitar la funesta y generalizada práctica de la posverdad.

Por ello, ya que la singularizada abogada alude al negocio inmobiliario que, según sus palabras, está siendo perjudicado por dictámenes de la Contraloría, lo que es inexacto, pasamos a describir en esta ocasión lo que está sucediendo en la comuna de Pucón, con este tipo de actividades productivas. En todo caso recordemos que Piñera, en plena dictadura, es decir, cuando no tenía cargos de representación popular, edificó su casa de placer en un terreno rural del lago Caburgua, también comuna de Pucón, sin cumplir con las disposiciones legales de aquella época y omitiendo por decenas de años el pago de contribuciones de bienes raíces, asunto que se regularizó hace poco tiempo con motivo de publicaciones en la prensa.

Pues bien, profesionales de esa zona nos han dicho que las desmedidas ambiciones de las inmobiliarias y la falta de rigurosidad de la respectiva municipalidad, han puesto en alerta máxima a los vecinos, especialmente a los que tienen respeto por el medio ambiente, quienes se han visto forzados a actuar en contra de aquellos inversionistas depredadores, pues la autoridad local hasta ahora ha sido complaciente con sus “clientes” que engrosan los fondos de la tesorería al enterar sumas de dinero por la obtención de los permisos de edificación.

Ellos nos relataron lo que sucedía a orillas del lago Villarrica con un megaproyecto inmobiliario de la empresa Ambienta, que mereció fuertes objeciones de forma y fondo, por parte de la comunidad organizada de Pucón, debido a que se estaba atentando en contra del último pulmón verde de La Poza en el lago.

La legítima causa de los vecinos ha sido tal que crearon el movimiento “No + Torres en el Lago” (ver link) con el fin de preservar el medioambiente de la zona y evitar que se siga construyendo el megaproyecto “Pinares del Lago” de la mencionada inmobiliaria, cuyo propietario es Claudio Cordero Tabach, el mismo que incursionó, pero le está yendo mal, con otro proyecto de viviendas en sectores rurales de la comuna de Panguipulli.

Pues bien, los antiguos vecinos de ese balneario lacustre interpusieron en julio pasado una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra del aludido megaproyecto por haber incurrido en una serie de infracciones ambientales en una zona de alto valor ecológico. Según la tramitación ante esa SMA, desde el año 2015, la inmobiliaria Ambienta, a través de diversas figuras tendientes a eludir la fiscalización y la participación ciudadana, se encuentra desarrollando tres megaproyectos inmobiliarios (Aiwinco, Parque Pinares y Pinares del Lago) en el sector denominado “Punta Pucón”, en toda la ribera del Lago Villarrica.

La denuncia acusa que Aiwinco, Parque Pinares y Pinares del Lago constituyen un único megaproyecto y que ha sido fraccionado por la inmobiliaria Ambienta con el único objetivo de eludir su ingreso al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que implica evadir una serie de exigentes estudios de protección medioambiental y la necesaria participación de la comunidad en megaproyectos de alto impacto territorial. De este modo, el fraccionamiento representa una infracción gravísima al ordenamiento ambiental que, como tal, se castiga con las más altas sanciones que dispone la ley.

Recientemente, SMA multó en más de $200 millones a Inversiones Panguipulli SpA, cuyo dueño es el mismo Claudio Cordero de Inmobiliaria Ambienta, por eludir también el SEIA, lo que ha dado esperanzas al grupo de vecinos de “No + Torres en el Lago” sobre su denuncia en Pucón, la que todavía no se resuelve.

Si bien el propio Cordero Tabach le ha informado al municipio que no seguirá adelante con el megaproyecto Lago Villarrica, existe desconfianza entre los vecinos porque formalmente la iniciativa sigue su curso en la Dirección de Obras Municipalidad de Pucón y otros organismos públicos.

Desde hace años estamos criticando con fuerza a este tipo de inversionistas que, para obtener ventajas en el mercado, actúan con el tejo pasado, aprovechando la debilidad de las municipalidades y de otros órganos públicos y en tal sentido no nos queda más que felicitar al movimiento “No + Torres en el Lago”, instancia de la sociedad civil informada que ha realizado las acciones conducentes a paralizar legalmente el intento comercial en Pucón que hemos comentado.

Finalmente, con motivo de las reiterativas y ácidas críticas a la Contraloría, por parte de los mismos de siempre, se evidencia que tiene plena vigencia la conocida frase del Quijote “Sancho, si los perros ladran es señal de que avanzamos”. Entonces si queremos avanzar en probidad y en transparencia en el aparato público hay que potenciar al órgano fiscalizador, aunque ello perjudique los intereses de los acostumbrados a mandar desde las sombras.