El 20 de octubre de 2019, Jonathan y Francisca salieron a comprar provisiones al centro de Coquimbo. Dos días después de la fecha que todos recuerdan como el inicio del ‘estallido social’, el Presidente ya había decretado el Estado de Excepción; para ese domingo los contingentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros ya se dejaban ver en las calles del puerto. Pero eso no había logrado apaciguar la movilización ciudadana: las cacerolas, banderas y consignas se dejaban escuchar en prácticamente todo el perímetro de la Feria de Abastos. Entusiasmado con el carnavalesco ambiente, cuando pasaban por la calle Aldunate, frente al supermercado Santa Isabel, Jonathan tomó su celular y comenzó a registrar lo que estaba presenciando. En ese contexto, fue abordado por un grupo de funcionarios de Carabineros que lo comenzaron a agredir y lo redujeron mediante golpes de puño y pies, además de lumazos y culatazos con sus armas. Reducido por tres uniformados, un cuarto disparó su escopeta de perdigones directamente contra su espalda.

“El funcionario que identifica como ‘Capitán Luengo’ efectuó en su contra un disparo con arma de fuego, sin que pueda identificar su naturaleza, perforándole en todo caso el costado derecho de la baja espalda”, relata la acción judicial presentada por el INDH ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo al día siguiente de los hechos.

Así, con una herida abierta en su baja espalda, fue conducido a la Segunda Comisaría de Coquimbo y llevado a los calabozos, sin prestarle los debidos auxilios ni constatar lesiones. Abandonado en el lugar, Jonathan se desmayó por alrededor de 10 minutos. Su pareja, Francisca, insistió afuera de la comisaría para que fuese atendido y sólo en ese momento, el oficial de guardia fue a revisar su estado. Casi 30 minutos después fue atendido por personal del SAPU y conducido al hospital. Finalmente, el Dato de Atención de Urgencia del Servicio de Urgencia del Hospital de Coquimbo, de fecha 20 de octubre de 2019 a las 16.24 horas, indica respecto de la víctima, un diagnóstico de “herida por arma de fuego en pared toraco abdominal, contusión muslo y cadera derecha”.

“Tenía tres carabineros encima, uno ahorcándome y otros dos tomándome, cuando siento el disparo. Me hizo reaccionar de una forma en la que quise arrancar, porque sentía que me iban a matar; sentí mucho dolor. Luego de que siguieron golpeándome en el mismo lugar en donde me habían disparado y me llevaron a la comisaría, me dejaron en un calabozo en el que con suerte podía respirar. Recuerdo que me puse a grabar con el otro celular que andaba trayendo y sentía tanto dolor, tenía las esposas totalmente apretadas, que llegué a desmayarme”, relata Jonathan en entrevista exclusiva con Diario y Radio Universidad de Chile.

“Estuve mucho tiempo en el piso, hasta que llegó el carabinero que me despertó. Yo obviamente desperté con mucho dolor y él empezó a sacarme los perdigones con la mano, que fue peor. Recuerdo que me empezó a limpiar con su corbata y me apretaba, me preguntaba dónde me dolía y fue horrible. La ambulancia llegó 30 minutos después, pero para mí fueron 30 minutos de tortura en los que yo no tendría que haber estado ahí. Tendría que haber estado en un hospital y tendrían que haberme estado atendiendo, no haber estado con carabineros sacándome perdigones con sus manos. Para mí fue horrible, lo peor que me pudo haber pasado”, cuenta Jonathan a casi un año de los hechos.

Lo que no sabían ni quienes lo agredieron, ni quienes le negaron la atención en la comisaría, era que Jonathan contaba con un segundo teléfono celular, además del que le destruyeron en la detención, con el que comenzó a grabar en el momento en que fue ingresado al calabozo.

Diálogos de calabozo

Diario y Radio Universidad de Chile accedió de manera exclusiva a registros que son parte de la investigación, que incluyen diálogos entre los uniformados que dieron cuenta de la situación de Jonathan y que dan cuenta del proceder de estos últimos. Son casi 50 minutos de grabación los que logró registrar Jonathan dentro del calabozo, en los cuales no se identifican imágenes claras pero sí diversas conversaciones entre los efectivos de Carabineros que estaban dentro de la Segunda Comisaría de Coquimbo.

Luego de 30 minutos sin atención y tras una enorme presión de Francisca -pareja de Jonathan- a las afueras de la comisaría, un funcionario que identificamos como ‘Carabinero 2’ fue a revisar el estado de salud de Jonathan al interior de los calabozos.

Al encontrarlo desmayado y retorciéndose de dolor, el ‘Carabinero 2’ comenzó a quitarle con sus propias manos los perdigones que tenía al interior de su cuerpo e inició las gestiones para su traslado.

Carabinero 1: “¿Qué le pasó a ese?”

Carabinero 2: “Le pusieron un perdigón “frente a frente”.

Carabinero 1: “¿¡Ah!?”

Carabinero 2: “Le pusieron unos perdigones…”

Carabinero 1: “¿Quién?”

Carabinero 2: “¿Ah? Cuando le hicieron el control de identidad y lo dejaron…”

Carabinero 1: Pero quién…

Carabinero 2: “Mi capitán Luengo, y lo deja acá no más poh…”

Carabinero 1: “Ya, que avisen en la guardia cómo está aquí…”

( Alrededor de 10 minutos después )

Carabinero 3: “¿Qué andaba haciendo?”

Carabinero 2: “No, no sé, estaba manifestándose no más…”

Jonathan: “Yo ni siquiera estaba protestando y me dispararon…”

Carabinero 2: “¿Tení’ otra herida en otra parte?”

Jonathan: “En las manos, en las piernas, en la cabeza, en la boca, en el pecho…

( Alrededor de 5 minutos después… )

Carabinero 4: “¿Qué le pasó?”

Carabinero 2: “Le pusieron unos perdigones aquí”

Carabinero 4: “¿Ah?”

Carabinero 2: “Le pegaron “frente a frente” con los perdigones….”

Carabinero 4: “¿Y adónde estaba?”

Carabinero 2: “En el centro, lo detuvieron por control de identidad. Me mostraron el video, lo tenían así, agarrado, y le pusieron el escopetazo aquí…”

Carabinero 4: “¿De lado?”

Carabinero 2: “No, de frente…”

Carabinero 4: “¿Y el SAPU? ¿No tiene que venir a buscarlo?”

Carabinero 2: “Sí, llamamos al SAPU recién y tenía más sangre. Si mire, está gorgoteando, tuve que ir a buscar agua para limpiarlo…”

Carabinero 4: “¿Y está consciente?”

Carabinero 2: “Sí, sí está consciente, y tiene un esguince en el codo… Le sacaron la chucha”

Carabinero 4: “Puta la hueá…”

( Alrededor de 5 minutos después… )

Jonathan: “La gente estaba robando y no decían nada; y a mí me pegaron un disparo…”

Carabinero 2: “Aquí teni’ algo, no te movai’… Ya, ahí está”

Jonathan: “¡Ah! ¡Ay! ¡Porfa deja que me los saquen en el hospital!”

( Alrededor de 10 minutos después… )

Carabinero 2: “Apura al SAPU hueón, tiene los perdigones metidos ahí hueón…”

Carabinero 1: “Pero si ya le avisé ya po…”

Carabinero 2: “Pero apúrate, llámalos no más igual, apúralos…”

Carabinero 1: “Tienen que llevarse a otro hueón, que lo trajo mi capitán Luengo… está todo machucado el hueón”.

Carabinero 2: “¿Adónde?”

Carabinero 1: “Ahí, adentro, al lado. Lo trajo reducido, supuestamente por robo dijo, pero llegaron pa’ acá y se fueron altiro…”

Luego de casi una hora dentro de los calabozos, personal del SAPU llegó a la Segunda Comisaría y trasladó a Jonathan hacia el Hospital de Coquimbo, en donde fue atendido. No obstante, en todo momento contó con vigilancia policial y la presión de los uniformados se hizo ver con la presencia del propio “Capitán Luengo” en los pasillos. A las 23.30 horas recibió el alta y fue trasladado de vuelta a la Segunda Comisaría. Sólo ahí supo que se le habían presentado cargos por maltrato de obra a un funcionario de Carabineros. Pasó la noche en los calabozos para luego, a la mañana siguiente, pasar a control de detención. La detención de Jonathan fue declarada ilegal y tras ser liberado, fue a constatar lesiones a una clínica privada. Así también lo hizo su pareja, Francisca, quien también había recibido golpes en su cabeza y brazos por parte de Carabineros.

Durante todo el transcurso de su detención, Francisca estuvo afuera de la comisaría pidiendo información sobre el estado de salud de Jonathan y viendo qué opciones tenían para denunciar los hechos. En ese contexto, conoció a una abogada del INDH que la orientó en cómo debía proceder y al conocer su caso le ofreció patrocinar una querella. Así fue como, luego de constatar lesiones, el 21 de octubre de 2019 presentaron, junto al INDH, una querella en contra de quienes resultaren responsables de los apremios ilegítimos y torturas que habían recibido por parte de agentes del Estado. La acción penal apuntaba principalmente a un hombre, al que ambos habían reconocido e identificado como el “Capitán Luengo”.

Así llegó Jonathan a la audiencia de control de detención al día siguiente de haber recibido un escopetazo en su espalda. La detención fue declarada ilegal y fue liberado. Foto: Radio Universidad de Chile.

“Mi Capitán Luengo”

El hombre al que tanto Jonathan como Francisca habían reconocido como el autor del disparo que recibió era el capitán de Carabineros, Ricardo Luengo Aracena. Así también lo evidenciaban los registros que lograron obtener del momento de la detención, ya que ambos grabaron aquel momento. Luengo aparecía como el portador de la escopeta de perdigones que fue percutada contra Jonathan y también era sindicado por los propios uniformados de la Segunda Comisaría -en los diálogos grabados por Jonathan- como el responsable de varias detenciones irregulares en el contexto de las manifestaciones de ese día.

Dos días después, a la querella presentada por Jonathan y Francisca, se sumó otra que alcanzó un alto revuelo mediático por tratarse de hechos que involucraron a un periodista y que también habían sido registrados por la víctima. La noche del 22 de octubre de 2019, durante el toque de queda, el corresponsal de la emisora local Mi Radio, Leonardo Silva, se encontraba dentro de su vehículo y con su salvoconducto respectivo; cuando, según relata la querella, “de manera sorpresiva aparece el capitán Ricardo Luengo, quien portaba su escopeta, e ingresa su cuerpo por la puerta del copiloto y apuntó con su arma a Silva, gritándole ‘bájese estamos en toque de queda’. Una vez abajo, vuelve a apuntar a la víctima, gritándole ‘manos arriba, manos arriba’, acto seguido lo golpea con la empuñadura del arma en la cabeza, propinándole otros golpes en la espalda y punzándolo con el arma en el estómago, cayendo la víctima al suelo”. El documento ingresado al Juzgado de Garantía de Coquimbo relata que luego le exigieron que se levante y lo registraron, mientras Luengo continuaba gritándole y apuntándole con su escopeta. “No te quiero ver más aquí conchetumadre, retírate”, le gritó finalmente. Silva quedó con una herida abierta en su cabeza y otras en su cuerpo, lo que lo hizo tomar acciones legales que se sumaron a las ya presentadas por Jonathan y Francisca.

Pero las acciones contra el “Capitán Luengo” no terminaron ahí. Dos meses después, se sumó una nueva acción en contra del uniformado, patrocinada por el INDH y presentada por Patricio Araya, un joven de 23 años que el 3 de diciembre se estaba manifestando en el sector Puente Alessandri de la comuna de Coquimbo junto a otros compañeros de estudio, cuando al lugar, a bordo de un furgón policial, llegaron dos funcionarios de Carabineros.

“El funcionario identificado como Capitán ‘Luengo’ se dirige a él y le indica que estaba realizando desórdenes en la vía pública y por ello toma de uno de sus brazos para proceder a detenerlo, ante esto, la víctima decide huir”, relata la querella. “Al llegar a una calle ubicada detrás del Hospital, refiere que un camión de Fuerzas Especiales le da alcance, descendiendo del vehículo un contingente policial de aproximadamente diez funcionarios (…) En ese instante fue abordado por todos los efectivos presentes quienes lo reducen contra el suelo, identificándose entre ellos como Capitán ‘Luengo’ el mismo funcionario que había tomado su brazo anteriormente, quien en ese momento le propina dos patadas en su rostro, específicamente por encima y debajo de uno de sus ojos”, acusa el documento presentado por el INDH.

Reducido y golpeado, Araya fue esposado y conducido en el mismo furgón a constatar lesiones, escuchando durante el trayecto como el “Capitán Luengo” le gritaba en su cara, y decía a viva voz: “¡Este es mi trofeo!”. Al ser revisado por el personal médico del CESFAM El Sauce, el examen físico fue categórico: “Actualmente con hematoma en región infraorbitaria con características que coinciden con relato, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro asociado a cortes superficiales y erosivos que no separan pliegues de la piel. En región supraciliar izquierda y derecha con más lesiones erosivas de 2 cm. de diámetro”, se lee en el parte médico del centro de salud.

Con todos estos antecedentes, unificados en la misma causa tramitada en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, el Ministerio Público -a través de la Fiscalía de Coquimbo– inició las diligencias para identificar los grados de responsabilidad de quienes aparecían como involucrados en graves acusaciones de apremios ilegítimos y torturas cometidas por agentes del Estado.

Parte médico de la atención recibida por Jonathan luego de ir a constatar lesiones. Foto: Radio Universidad de Chile.

Meses de hostigamiento y el autoexilio

Jonathan y Francisca cuentan que las amenazas comenzaron el mismo día en que él fue detenido. En el hospital ya los habían amenazado; mientras atendían a Jonathan, Luengo insistía en que al llegar de vuelta al cuartel policial “arreglaría las cosas con él”. Al volver a la comisaría, lo amenazaron diciéndole que si no firmaba el acta de lectura de sus derechos sería agredido físicamente. Con la misma ropa y sin poder recibir lo que Francisca le había traído -abrigo, comida y medicamentos-, Jonathan pasó la noche ahí y al día siguiente fue derivado a los tribunales. Estos declararon la detención ilegal, tras lo cual ambos fueron a constatar lesiones a una clínica. Él con múltiples heridas y ella con golpes en su cabeza y brazos -al intentar defender a Jonathan-. El INDH tomó conocimiento del caso y patrocinó una querella por apremios ilegítimos en contra de quienes resulten responsables, apuntando principalmente al capital Ricardo Luengo, quien disparó la escopeta y al que habían logrado reconocer. Fue ahí cuando la situación comenzó a tomar tintes más graves.

Jonathan y Francisca relatan que primero comenzaron a recibir mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes en redes sociales con amenazas a ellos y sus familiares. Pero luego se dieron cuenta de que cada vez que salían de su casa los seguía una patrulla de Carabineros, lo que se repitió por al menos dos meses, entre noviembre y diciembre, cada vez que salían a un control médico u otro trámite. Asustados, terminaron por recluirse en el piso 24 en el que vivían y salían sólo cuando era necesario. 

Una tarde en que estaban descansando, el conserje del edificio los llamó para avisarles que habían efectivos de Carabineros esperándolos abajo, que venían a realizar “un procedimiento”. Francisca le preguntó si traían alguna orden u otro documento oficial, a lo que el trabajador contestó que no. No bajaron, y así también lo hicieron otras dos veces en que llegaron argumentando las mismas razones. Pero eso no los dejó tranquilos.

Jonathan y Francisca cuentan que hubo un día en que tuvieron que salir varias horas. Él tenía hora al psicólogo, una citación a declarar ante la Fiscalía local y luego una hora al médico para una evaluación de la herida que había recibido por el escopetazo. Salieron a las 9 de la mañana y volvieron a eso de las 16 horas. Al llegar a la puerta de su departamento, se percataron de que la chapa estaba forzada y alguien había entrado. Adentro había cosas fuera de su lugar, les llamó la atención un piso que siempre había estado en la cocina y que ahora estaba en medio del living. De inmediato fueron a revisar las cámaras de seguridad, pero éstas estaban editadas: los dispositivos grababan las 24 horas del día, pero no había ningún registro del lapso de tiempo en que Francisca y Jonathan habían salido.

Hoy cuentan que en ese tiempo no podían dormir, con punteros láser desconocidos iluminaban su habitación desde cientos de metros y tenían que hacer turnos en las noches para estar pendientes de cualquier situación. Las pocas veces en que salían a las calles siempre lo hacían acompañados, mirando por encima del hombro a cada instante. También recuerdan que sus correos electrónicos explotaban de notificaciones por intentos de hackeo en sus cuentas de mail y redes sociales. Un día Jonathan, cansado de la situación, quiso hacer públicos todos los antecedentes que hoy Diario y Radio Universidad de Chile da cuenta. A minutos de publicar un video con todos los registros audiovisuales que daban cuenta de su detención y posterior retención en los calabozos, recibió un mensaje de un usuario que se identificó como “Alemania Nazi”. El mensaje decía: “Fue una lástima que no fuese una bala de verdad la que te impactó, pero pronto recibirás una de verdad”.

Este tipo de hostigamientos y amenazas, que coincidieron con el homicidio de una fotógrafa en Santiago dentro de su departamento, terminaron por hacer insostenible la situación para la pareja. Como Jonathan tenía familiares en Canadá, su padre les recomendó salir del país porque él creía que las amenazas no iban a parar mientras se desarrollara el juicio. Luego de pensarlo mucho, admiten, se decidieron. Por dinero no se podían ir juntos, así que el primero fue Jonathan, quien partió en diciembre de 2019. Luego de dos largos meses fue el turno de Francisca. Llegó sola a un aeropuerto lleno y con lentes de sol para no ser reconocida, lamentando no poder tener una última despedida con sus cuatro hijos, a quienes debió dejar en Chile con su padre.

“Nos sentimos amenazados y perseguidos en varias oportunidades por parte de policías, y también por un auto particular de personas que no pudimos identificar. Eso conllevó a que Jonathan, su familia y nosotros como pareja finalmente tomáramos la decisión de que él saliera del país lo más pronto posible, porque temíamos lo peor”, señaló Francisca a nuestro medio.

Hoy ambos viven en Canadá, en un lugar que prefieren mantener en reserva, y comenzaron a rearmar su vida allá desde el anonimato. Jonathan dejó atrás su trabajo como técnico informático en un colegio y Francisca años de esfuerzo que esperaba pudiesen transformarse en un exitoso emprendimiento. Presentaron una solicitud de asilo que, producto de la pandemia, todavía está pendiente de resolución. Pero mientras tanto, entre el Gobierno de Canadá y dos ONG’s, les entregan ayuda económica para alimentación, además de atenciones médicas y psicológicas para reparar los daños sufridos a raíz de lo ocurrido en Chile. En poco tiempo tendrán la audiencia para concretar su solicitud de asilo y finalmente recibir la residencia que les permitiría traer a los hijos de Francisca, dejar atrás el trauma de aquel 20 de octubre y comenzar de cero.

“Fueron capaces de dispararle a menos de dos metros y la persecución que sentíamos que estábamos viviendo era para temer aún más. Hasta este momento no pretendemos volver a Chile por el miedo constante que seguimos teniendo”, relata ella desde el Hemisferio Norte. “El daño fue grave, porque no sólo dejamos de estar con nuestras familias, de tener una vida tranquila como la que teníamos allá; sino que tuvimos que comenzar de cero y no es nuestra culpa. No hicimos nada para tener que estar así”, lamenta.

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“Los carabineros están flaqueando porque la institución no los apoya”

Un mes antes de la partida de Francisca, el 14 de enero, el entonces capitán de Carabineros, Ricardo Luengo Aracena, fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal, tortura y falsificación de instrumento público, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva, la que cumpliría en la Sexta Comisaría de Las Compañías en La Serena. El Tribunal de Garantía de Coquimbo fijó un plazo de 180 días para la investigación. El 11 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado se sumó a las acciones legales en su contra y presentó una querella criminal en contra de Luengo por su participación en calidad de autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos, con el delito de lesiones graves; falsificación de instrumento público; y el delito de obstrucción a la investigación.

La prisión preventiva de Luengo en Las Compañías estuvo marcada por su mala conducta. La primera sanción que recibió fue el 25 de abril, cuando se le aplicó su primera limitación de visitas por un período de 30 días. El domingo anterior, a eso de las 2.00 de la madrugada, le pidió al suboficial de guardia que lo dejara abandonar la zona de resguardo y que le permitiera salir hacia fuera de la zona de reclusión, con lo que tuvo acceso libre a áreas comunes de carabineros y prohibidas para los internos, permaneciendo alrededor de una hora aproximadamente sin ningún grado de control. El 16 de junio se le notificó a Luengo Aracena su retiro temporal de las filas institucionales, el que se haría efectivo a contar de las 00.00 horas de aquel día.

Un mes después, estando en prisión preventiva, dio una entrevista a Radio Guayacán, donde se refirió a sus actuaciones en el contexto de estallido social, su situación judicial y otras denuncias en contra de la institución de Carabineros. “Siempre he tenido la convicción de que carabineros estando de uniforme o civil siempre vamos a cumplir con nuestra misión, pero hoy día flaqueamos, hoy los carabineros están flaqueando porque hay una institución que no los apoya, porque ven la realidad, la mía no es la única”, lamentó Luengo en aquella ocasión, desde el centro de detención. Al revisarse sus dependencias, se encontraron dos teléfonos celulares y un notebook; elementos no autorizados ni por el Juzgado de Garantía de Coquimbo ni por el alcaide del recinto penitenciario. Por esto, nuevamente se le aplicó una limitación de visitas por un período de 30 días.

Al día siguiente, su esposa, quien también es carabinera, le entregó una encomienda fuera del horario permitido y sin esperar el control interno. Al revisar lo que parecían cajas de leche, los guardias de la cárcel se dieron cuenta de que al interior del envase tetrapack -de leche chocolatada marca Colún- había líquido lácteo mezclado con pisco. Por esto se le aplicaron 30 días más de limitación de visitas. El 11 de agosto se le volvió a aplicar otra sanción disciplinaria, esto debido a que mientras se realizaba una revisión de sus dependencias en búsqueda de elementos prohibidos, Luengo realizó amenazas en contra del carabinero de guardia, indicándole que usaría sus contactos para darlo de baja de Carabineros, situación que fue presenciada por personal de la guardia y el subcomisario de Servicios.

Fue así como el 12 de agosto, el comisario del anexo cárcel de la Sexta Comisaría Las Compañías pidió al Juzgado de Garantía de Coquimbo que Ricardo Luengo fuese trasladado por su “conducta reiterativa” que generaba una “condición de inseguridad para los otros internos, como para el propio personal de Carabineros que realiza labores de custodia”. Debido a esto, el 24 de agosto el Juzgado de Garantía ordenó su traslado a la Comisaría Pudahuel Sur en Santiago. Pero hace pocos días, el 5 de octubre, se ordenó su traslado desde Pudahuel hacia el Anexo cárcel CDT Sucre, ubicado en la comuna de Ñuñoa. Fue el propio Luengo quien pidió el traslado, argumentando que era ése el centro de detención para los imputados por causas de derechos humanos.

Foto en portada: Agencia Reuters.