La Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación  (CORPADE) y el Consejo Nacional  de Organizaciones Asistentes de la Educación (CONAECH), a través de una carta dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, solicitan su actuación para que el Gobierno suspenda o modifique el plan de retorno gradual a clases presenciales impulsado por el  Ministerio de Educación.

Los solicitantes aseguran que esta decisión del Ejecutivo representa «una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica», como lo explicó Dafne Concha de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación.

“El Ministerio solo habla de volver al colegio, pero no de las medidas que se están tomando para ello. Eso significa una irresponsabilidad del Estado, del Gobierno y, por lo tanto, constituye a nuestro pensar una falta grave sobre todas las indicaciones que ha dado las Naciones Unidas para que cualquier medida que se tome en contexto de pandemia para abordar la contingencia sea en el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Dafne Concha

Según el texto de la misiva, el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local.

“Es también de la mayor importancia entender que, en esta situación de incertidumbre, es crucial reconocer que para ser efectiva la decisión de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un  mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias familias, garantizando la operatividad de todas las medidas de prevención para estudiantes, docentes y funcionarios; cuidando que los espacios y organización de los tiempos permitan el distanciamiento necesario; asegurando la capacitación del personal para mantener este comportamiento, como  -asimismo-  guiar a los estudiantes, prevenir y enseñar normas de salud y cuidado, detectar nuevos casos y disponer de una red de respuesta inmediata ante ellos, como piso mínimo”, se lee en el texto.

“En las condiciones descritas y con las limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado de Chile, sobre la base de la buena fe y tratándose de derechos tan relevantes como la Vida, la Integridad física y psíquica y la Salud, que en este caso, pueden ser afectados o puestos innecesariamente en riesgo”, señalan los firmantes.

El abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fernando Zegers, ahondó en las razones legales que fundan esta solicitud a la Alta Comisionada.

“Hay que recordar que el denominado plan Paso a Paso fue dispuesto en una resolución exenta del Ministerio de Salud y modificado posteriormente y en él se estableció que este retorno presencial solo podía darse en las fases 4 y 5, de apertura inicial y avanzada respectivamente. Sin embargo, las medidas sanitarias generales contempladas en la primera de sus resoluciones disponen la suspensión presencial de clases y después dice que, sin perjuicio de eso, la Seremi de Educación respectiva puede levantar individualmente esta medida por establecimiento, nivel o curso, previo informe del Ministerio de Salud. De esa manera se abre la puerta al retorno a clases presenciales incluso antes de la fase 4″.

Otra de las críticas que elevan desde las organizaciones dice relación con la negativa del Ejecutivo a conformar una mesa de trabajo que incluya a los distintos actores de las comunidades escolares de modo de llegar a soluciones compartidas y que incluyan las distintas realidades de nuestro país.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la doctora Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública nuestra casa de estudios se refirió a la necesidad de integrar a todos los actores al momento de la toma de decisiones tan importantes como un retorno presencial.

Dra. Lorena Rodríguez

“El Ministerio de Educación ha hecho una buena preparación, probablemente apoyado por expertos, pero lo que se ve en la prensa y medios de comunicación es que el Colegio de Profesores no comparte completamente la propuesta y, en ese sentido, creo que esas conversaciones hay que profundizarlas. Por otro lado, las comunidades escolares, entiéndase profesores, padres, madres, apoderados, familias y los mismos estudiantes también son parte de estas decisiones y, efectivamente, preparándose para el 2021, creo que esta vuelta gradual debe ser considerada”.

La especialista manifestó que es importante ir preparándose para ese retorno presencial, pues es muy probable que la situación sanitaria mundial no varíe considerablemente para el 2021, sin embargo, la necesidad de los estudiantes de estar en los establecimientos va mucho más allá que solo recibir instrucción, sino que implica la socialización que es fundamental para el desarrollo de las personas.

“Parte de los objetivos de la vuelta es empezar a planificar como va a ser el próximo año, a organizarse, a capacitarse, a entrenarse. Por otro lado, lo que tiene relación con la socialización de niños y jóvenes, pues sabemos la importancia que ésta tiene en el proceso educativo. En estos dos meses los niños y jóvenes no van a aprender todo lo que no han aprendido, pero el objetivo del retorno no es ese, pero es importante que todas las partes estén de acuerdo y para ello son necesarias las conversaciones a nivel nacional, pero particularmente a nivel local”.

La carta suscrita por las organizaciones sociales solicita a la Alta Comisionada que interceda ante el Estado para que ajuste sus decisiones a las normas internacionales a cuyo respeto y debido resguardo se encuentra obligado ya que la idea de un probable retorno presencial antes de la Fase 4 llamada de “Apertura Inicial” no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Los firmantes esperan que Michelle Bachelet responda en el breve plazo.