Pagos mensuales por parte de al menos 20 diputados a la Fundación Jaime Guzmán que, desde el 2018, le han reportado a la organización ingresos por más de 300 millones de pesos por concepto de asesorías parlamentarias. Ese es el nuevo capítulo de la larga historia de uso reprochable de fondos públicos por parte de congresistas.

La institución, a través de un comunicado público, asegura que la actividad se enmarca dentro de la legislación vigente a través de la figura de un contrato múltiple, esto es, un solo instrumento jurídico suscrito por una multiplicidad de legisladores en favor de “hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, por cuanto permite la realización de una asesoría integral en las diversas comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con un costo sustancialmente menor al que incurriría cada diputado en caso de contratar un asesor particular”.

Los concepto de eficiencia y eficacia son, precisamente, los que deben inundar toda actuación de la administración pública, independientemente de cuál es el poder del Estado que suscribe los actos o contratos. Así lo explica María Jaraquemada, Directora de Incidencia de Espacio Público, en entrevista con nuestro medio.

“Según el principio de probidad uno tiene que fijarse en la eficiencia, por lo tanto, si tenemos varios informes que son similares o iguales para varios diputados, eso atenta contra el principio de la probidad. Lo que está detrás de esto es que en general no hay un fiscalizador ni sancionador externo que sea eficiente y, finalmente, este tipo de conductas terminan quedando impunes. Lo mismo pasa cuando no se cumple con la ley de transparencia o lobby o la declaración de intereses y patrimonio y, por lo tanto, no se generan los incentivos para que se cumpla con el objetivo de esta normativa”.

Lo de la Fundación Jaime Guzmán hoy no es distinto de lo ocurrido anteriormente con los llamados “Congreso Papers” en 2017 en los que se vieron involucrados parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, Comunista e independientes. En la época, Chile Transparente trabajó en conjunto con un equipo periodístico de un canal de televisión para dar cuenta de asesorías externas pagadas por los congresistas con cargo a fondos públicos.

Fachada edificio Fundación Jaime Guzmán.

Alberto Precht, director ejecutivo del organismo, explica a Diario y Radio Universidad de Chile lo que provoca hoy en la ciudadanía este nuevo episodio de mal uso de recursos fiscales.

“Esta ya es una situación que causa agobio, porque desde hace años que vemos que los parlamentarios siguen contratando asesorías dudosas desde el punto de vista del aporte que dan efectivamente  a la labor legislativa y esto es lamentable, más en el entorno que estamos viviendo cuando el Congreso Nacional es una institución fundamental para la República y que se vea nuevamente expuesta en estos casos demuestra que poco se ha aprendido”.

Sobre los pocos avances que han existido desde que se develaran las contrataciones de asesorías, María Jaraquemada manifiesta que justamente ha sido el Congreso el que ha impedido un mayor desarrollo de instancias de probidad.

“En 2010 se creó una institucionalidad, el Consejo Resolutivo de asignaciones parlamentarias cuya labor es definir los montos y para qué pueden usarse las asignaciones. También está el Consejo de Auditorías, pero lo central es que no existe el símil de Contraloría en el Congreso como lo existe para la administración del Estado, entonces obviamente se genera este tipo de brechas en el cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en el Congreso que al final terminan pasando la cuenta aumentando la desconfianza ciudadana que ya es bastante baja.

Hay un proyecto de ley que es bastante bueno que se presentó el 2015 que efectivamente pretendía crear una Dirección de Ética y Probidad integrada por tres personas con cierta trayectoria y carrera profesional que tuviera independencia de los parlamentarios, para así poder fiscalizar ese tipo de normativas y aplicar las sanciones cuando correspondiere. Sin embargo, esto está parado desde 2017, por lo que no vemos que haya un avance en ese sentido y eso es lamentable, porque el Congreso es una actividad clave y esencial en una república democrática y que hoy, reitero, cuenta con una confianza ciudadana muy baja  como se vio reflejado en los resultados del plebiscito”, analiza la abogada.

En ese mismo sentido se manifiesta Alberto Precht, quien además releva la urgencia de este órgano fiscalizador independiente, ante las fallas que han demostrado los sistemas internos de control del Congreso.

Alberto Precht

“Se requiere una autoridad independiente  que permita fiscalizar en materias muy específicas como los gastos, personal, calidad y ética del Congreso como ocurre con otros poderes del Estado, pero lamentablemente los parlamentarios no han querido ir más allá y aunque han fortalecido algunos mecanismos internos de control, cada cierto tiempo tales mecanismos demuestran sus falencias y por eso está esa sensación de agobio ante la repetición de casos  como el que hoy afecta a la Fundación Jaime Guzmán o los parlamentarios con los que puede haber posibles triangulaciones de dinero”.

“Necesitamos al Congreso. Los países necesitan un Congreso que funcione bien y tenga legitimidad y eso lo hemos visto en la crisis social: la importancia del rol parlamentario en la fiscalización, pero también en alcanzar acuerdos tan importantes como el que nos dio la posibilidad del plebiscito”, agrega el director de Chile Transparente.

Convención Constituyente y las chances de avanzar en transparencia

Como ya han adelantado los expertos, el Congreso ha fallado al establecer mecanismos de control internos que cumplan con los estándares de probidad que exige un Estado moderno, y eso no solo es aplicable a quienes fueron electos como representantes en ambas Cámaras, sino a todo funcionario que realice sus labores en el poder legislativo.

El advenimiento de un proceso de redacción de una nueva Constitución por parte de un órgano nuevo, conformado por personas externas y con los límites que impone la normativa correspondiente aparece como una oportunidad para, efectivamente, constituir un sistema de fiscalización que realmente logre un uso eficiente y eficaz de los recursos de todos los chilenos.

“Uno esperaría que ya que los parlamentarios no han sido capaces de modernizar el Congreso con los estándares de probidad y transparencia que uno exige, sea la Convención Constituyente la que efectivamente pueda meterle mano a este tema. En un Congreso moderno no se encuentra esta cantidad de staff, de asignaciones extras que no se justifican, porque en un Congreso moderno debiese tener una biblioteca moderna que provea de información de calidad a los parlamentarios sin sesgo, mientras que la asesoría externa debiese ser absolutamente residual y eso no ocurre. Por eso vemos informes que podrían haberse construido perfectamente en la biblioteca y , de hecho, muchos de ellos efectivamente vienen de allí, por lo que no es necesario pagar a ningún centro de estudios ni un asesor externo”, asevera Alberto Precht, consultado al respecto.

También la Directora de Espacio Público considera que nos encontramos ante un escenario propicio para el establecimiento de un ente fiscalizador apropiado a las labores de ambas Cámaras.

“La Convención Constituyente estará integrada por personas que no forman parte del Congreso y que, además, tendrán una inhabilidad por un año y no podrán postularse al congreso siguiente, entonces tendrán una mirada externa sin ese conflicto de interés inherente en establecer las reglas del juego. Va a ser clave establecer principios que luego de verdad se vean reflejados en las leyes que den la bajada, entonces una nueva Constitución esta es la oportunidad de establecer con mucha más fortaleza los principios de probidad y transparencia para que se reflejen en todas las entidades del Estado y no tener ese desbalance que tenemos hoy entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creo que si bien no todo debe estar comprendido en la Constitución, sí se pueden establecer principios vectores que luego se concreten en la legislación”.

María Jaraquemada

Ambos expertos aseguran que lo  más importante es que, en general, el órgano legislador sí cuente con asesorías, pero que éstas sean de calidad en orden a contar con leyes de mejor calidad. María Jaraquemada cita como ejemplo el caso alemán, en que existen centros de estudios que entregan material a los congresistas para llevar a cabo su labor.

“Alemania es un caso en que los centros de estudios asociados a los partidos son bastante fuertes, operan en varios lugares del mundo y tienen incluso financiamiento del Estado, pero por lo mismo tienen nivel de transparencia y restricciones del origen de sus financiamientos, porque ya tenemos regulación sobre el financiamiento público y privado de los partidos, pero si no se regula lo mismo para los centros de estudio asociados a los partidos, por ahí se puede colar lo indebido”.

Alberto Precht, por su parte, se refiere al caso danés, en que las asesorías las prestan las universidades y los asesores son estudiantes que realizan pasantías con los distintos legisladores según la asignación que haga su centro de estudios. También destaca como funciona el sistema de consejería en Estados Unidos como otro de los posibles modelos a seguir.

“Las universidades pueden cumplir un muy buen rol. Personalmente me gusta mucho el modelo norteamericano, también que tienen la biblioteca del Congreso que presta asesoría a todos los parlamentarios y tiene informes hacia un lado más conservador y otro hacia un lado más demócrata y los parlamentarios toman el informe que les interesa, pero se trata de un staff permanente de especialistas en las diferentes materias. Sería muy bueno tener a los mejores estudiosos trabajando para la Biblioteca del Congreso Nacional y apoyados por las universidades de modo que los parlamentarios tengan la menor cantidad de asesores posible para que no se dé el problema de la redundancia que salta a la luz cada cierto tiempo”, concluyó el experto.

Los expertos concuerdan en que un organismo autónomo y una fuerte regulación de las asesorías son fundamentales si queremos que Chile realmente se convierta en un Estado moderno y que la redacción de un nuevo pacto social estrega el terreno fértil para que ello realmente ocurra en el mediano plazo.