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Año XIII, 26 de septiembre de 2021

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“No son delincuentes, son luchadores sociales”: Familiares y organizaciones impulsan Ley de Amnistía para liberar a presos de la revuelta

Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.

Tomás González F.

  Jueves 5 de noviembre 2020 16:04 hrs. 
AMINISTÍA PRESOS REVUELTA RUCH (10)


Este jueves, a dos días de que la Justicia desestimó las pruebas de la Fiscalía y absolvió a los dos acusados de quemar la estación Pedreros del Metro luego de 10 meses en prisión preventiva, familiares y cercanos de decenas de jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas cautelares por supuestamente haber participado de desórdenes en el contexto del estallido social se reunieron a las afueras del Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago para exigir su libertad.

En los últimos días se han aunado esfuerzos para este fin y las familias de los acusados, junto a organizaciones de Derechos Humanos y algunos parlamentarios, han propuesto alternativas que permitan la liberación de jóvenes que, en su mayoría, no tienen antecedentes penales; o son madres y padres de familia que fueron acusados sin pruebas contundentes; y muchos otros que llevan meses e incluso más de un año, privados de libertad a la espera de un juicio. En esas conversaciones, surgió la idea de impulsar un proyecto de Ley de Amnistía, que permita que el Estado olvide por completo los hechos delictivos cometidos en el contexto de la revuelta de octubre de 2019 y que se desligue de cualquier responsabilidad -penal, civil o infraccional- a los involucrados, quedando éstos delitos como si nunca se hubiesen cometido.

Para este fin se conformó el que llamaron Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, que se planteó como tarea principal la redacción de un proyecto que permita la libertad de todos los presos y presas del estallido, además de exigir el término de la que describen como “una política de privación de libertad con que el Gobierno pretende aplicar una suerte de castigo ejemplificador contra quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a la movilización social en busca de una sociedad basada en la dignidad y la justicia“.

Joseline Barrera es la esposa de Mauricio Cheuque, quien ya cumplió un año privado de libertad luego de haber sido detenido en La Victoria. Se le acusa de portar una bomba molotov pese a que sus pruebas de hidrocarburos salieron negativas, por lo que su familia acusa un montaje . Foto: Radio UChile.

Joseline Barrera es la esposa de Mauricio Cheuque, poblador de La Victoria que ya cumplió un año privado de libertad luego de haber sido detenido en octubre de 2019. Se le acusa de portar una bomba molotov pese a que sus pruebas de hidrocarburos salieron negativas, por lo que su familia denuncia un montaje de Carabineros. Foto: Radio UChile.

Pero de acuerdo a la Constitución vigente, en donde la amnistía es materia de ley, sólo se puede iniciar la tramitación de una Ley de Amnistía en el Senado. Fue en ese contexto que los familiares de los prisioneros de la revuelta llegaron hasta la oficina del senador Alejandro Navarro, quien, junto al senador RD Juan Ignacio Latorre, se manifestó dispuesto a presentar en la Cámara Alta un proyecto de ley que se haga cargo de la situación y proponga una amnistía para quienes cometieron delitos en el marco del estallido. Después de varias reuniones entre los familiares, los equipos legislativos de Navarro y Latorre, la bancada del Partido Comunista, la diputada PS Emilia Nuyado y organizaciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos; redactaron un anteproyecto que lanzaron este jueves desde la Plaza René Schneider -frente al Palacio de Tribunales- y que será la base del proyecto definitivo que se presentará en los próximos días.

“Nos hemos agrupado para intentar corregir lo que, a todas luces, hoy es una injusticia; que cientos de jóvenes estén con prisión preventiva abusiva. Efectivamente, el 25 de octubre algo sucedió en Chile. Sucedió que la inmensa mayoría de los chilenos ratificó que lo obrado en las calles por millones de chilenos tenía un fundamento ético y moral”, sostuvo Navarro. “Pero este proceso ha tenido costos, y los costos más fuertes los han pagado cientos de jóvenes que hoy están encarcelados, en prisiones preventivas de hasta un año. Como queda claro al término de cada proceso, los montajes inaceptables de Carabineros son la parte fundamental por la que los fiscales, presionados por el Gobierno, los mantienen bajo procesos de prisión preventiva”, agregó.

“Chile tiene que vivir una nueva etapa después del 25 de octubre. Por eso una Ley de Amnistía que permita cerrar las heridas, esos jóvenes han sido violentados en sus derechos humanos, maltratados, vejados no sólo por la prisión, sino también física y psicológicamente. Creo que hay una lección que aprender de la historia y es que, si no cerramos a tiempo las heridas producidas por estos movimientos sociales y la represión recibida, esas heridas tardarán mucho en cerrarse. Es momento de cerrar las heridas que han quedado“, pidió el senador PRO.

El llamado Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos incluye a agrupaciones de familiares, parlamentarios y organizaciones de derechos humanos. Foto: Radio UChile.

El llamado Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos incluye a agrupaciones de familiares, parlamentarios y organizaciones de derechos humanos. Foto: Radio UChile.

“Agradecer y valorar a los familiares, a las hermanas, hermanos, padres y madres, tíos y abuelos, compañeras y compañeros, todos los que se han estado organizando y han tomado la iniciativa para poder tener una Ley de Amnistía. Ellos han dicho fuerte y claro que no nos olvidamos de nuestros presos de la revuelta. No nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta porque ellos hicieron posible el gran triunfo, el aplastaste triunfo del 25 de octubre”, valoró también desde el lugar la diputada comunista Camila Vallejo, quien, además, hace pocos días presentó un proyecto de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido. “Ellos, cuando saltaron el torniquete, abrieron las grandes alamedas e iniciaron un proceso de transformación importante en nuestro país, deseado por muchas décadas, y por lo tanto no permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadores y luchadoras sociales“, sentenció la parlamentaria.

En concreto, el proyecto que se está trabajando en conjunto, que ya tiene un primer borrador, contiene dos artículos. El primero, concede una amnistía “a todas las personas que, en calidad de autores cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos” descritos en una serie de figuras relativas al orden público, “sea que se encuentren o no sometidas a investigación formalizada o desformalizada, acusadas o condenadas”, y si cumplen dos condiciones: en primer lugar, “si se hubieren cometido con motivo y por causa de las movilizaciones y protestas del denominado estallido social”; y en segundo, si hubieran acontecido desde el 7 de octubre de 2020, hasta el día de la publicación de la presente ley”.

En su segundo artículo, el proyecto deja en claro que la amnistía no es aplicable para los agentes del Estado que cometieron vulneraciones a los derechos humanos. “No quedarán comprendidos en la amnistía a que se refiere el artículo 1°, quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o autoridades de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos”, consigna el anteproyecto sobre el que se está trabajando. Esto, debido a que, según indican tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado de Chile, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.

El pasado 25 de octubre Chile se pronunció respecto de si quería una nueva Constitución. Un 78% de la población votó por tener una nueva Carta Magna, hecho que ha sido atribuido a quienes lucharon por una sociedad mejor. Foto: Archivo.

El pasado 25 de octubre Chile se pronunció respecto de si quería una nueva Constitución. Un 78% de la población votó por tener una nueva Carta Magna, hecho que ha sido atribuido a quienes lucharon por una sociedad mejor. Foto: Cedida.

 

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