Hasta el Palacio de La Moneda llegaron este lunes las distintas organizaciones que componen la Mesa de Articulación por los Refugiados en Chile, para entregarle una carta al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en donde denuncian una serie de vulneraciones de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio en nuestro país, y exigiendo que se tomen cartas en el asunto.

En la misiva entregada en la oficina de partes del Palacio de Gobierno, las agrupaciones -entre las que estuvieron la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCh), el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, la Asociación de Exiliados Peruanos en Chile y la Corporación Colectivo Sin Fronteras, además de otras más de 100 agrupaciones- dan cuenta de prácticas irregulares e incluso ilegales por parte del Departamento de Extranjería y Migración, el que habría restringido y pasado por alto distintos instrumentos tanto nacionales como internacionales, incluida la Ley de Refugio chilena, a la hora de otorgar la calidad de refugiado a quienes la han solicitado.

Según relataron desde las organizaciones, hoy en día las personas que solicitan refugio en nuestro país se enfrentan a una serie de obstáculos que han impedido que se les dé curso a la solicitud: entrevistas previas de preevaluación -que no están incluidas en la Ley de Refugio-, a través de las cuales se niega la condición de refugiado; postergaciones excesivas que han dilatado trámites hasta en dos o tres años; y finalmente los rechazos a las solicitudes, bajo el argumento de que la persecución que sufren en su país de origen “no amerita” para ser solicitante de refugio.

Las filas en la oficina de Extranjería en la última semana, en donde cientos de personas se han acercado a solicitar refugio, han dejado en evidencia las irregularidades que denuncian las organizaciones. Pero las cifras también. Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio, de 5.723 en 2017 a sólo 432 en el primer semestre de 2020. Asimismo, los reconocimientos de refugio entregados disminuyeron notoriamente, pasando de 162 en 2017 a sólo siete en el primer semestre de este año. Sin embargo, la presidenta de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile, María Elena Osorio, advirtió que estos números no logran dar cuenta de la realidad país en términos de quienes necesitan protección.

“Las cifras que aparecen como de solicitantes, obedecen a las cifras que el Estado muestra de lo que fue formalizado, no es la cifra real de personas necesitadas de protección“, aclaró Osorio. “Esto porque este procedimiento arbitrario que los funcionarios del Departamento de Extranjería implementaron, especialmente en este último gobierno, de hacer una pre-admisibilidad, ha hecho que las personas no puedan acceder a ingresar una solicitud“, añadió la representante de la OCORCh.

La presidenta de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (OCORCh), María Elena Osorio, sostuvo que las cifras que entrega el Departamento de Extranjería y Migración no demuestran la realidad del país. Foto: Radio UChile.

Todo esto, sumado a la crisis humanitaria actual que se vive en distintos países de América Latina, motivó la presentación de las organizaciones ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El objetivo de la carta entregada es que el ministro recién llegado, Rodrigo Delgado, pueda tomar cartas frente a este asunto debido a la crítica situación en que se encuentran cientos de ciudadanos extranjeros en el país, que se le dé prioridad a una solución y se pueda resarcir el problema. Así lo expresó a nuestro medio el presidente del Comité de Peruanos Refugiados en Chile, Rodolfo Noriega, quien manifestó la preocupación de las organizaciones por el complejo escenario migratorio que se vaticina para los próximos años.

“En los próximos años vamos a entrar en una gran crisis migratoria. El tema del cambio climático, dicen los estudiosos del tema, va hacer que haya un desplazamiento humano en América del Sur de alrededor de 30 o 40 millones de personas, frente a ese escenario estamos“, advirtió Noriega. “Y con esta política, con esta legislación que pretenden implementar y con estas medidas, no se puede afrontar esto. Le están haciendo un daño al país, no solamente a la institución del Refugio, sino también al país“, sostuvo el representante de la Comité de Peruanos Refugiados en Chile.

En la carta entregada este lunes, la Mesa de Articulación por los Refugiados en Chile demanda que las autoridades migratorias “rectifiquen las prácticas que vulneran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo Adicional y la Ley 20.430 sobre refugio”. Además, exigen que se investiguen las responsabilidades en estas prácticas vulneratorias e irregulares que han denunciado; en específico, las del ex subsecretario del Interior y actual asesor presidencial, Rodrigo Ubilla, y la del jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile la presidenta de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, recordó que la Contraloría General de la República ya ha emitido dictámenes respecto de esta materia.

“Las irregularidades que se han dejado en evidencia desde Contraloría son prácticas que se han dado fundamentalmente durante este gobierno. Por lo tanto, apuntan tanto al subsecretario Ubilla que estuvo a cargo de la gestión en temas migratorios, como el actual jefe de la DEM, Álvaro Bellolio”, explicó la dirigenta del Colectivo Sin Fronteras. “Es justamente durante este período que se han juntado los antecedentes y existen pruebas claras de que estas prácticas se han dado. Incluso la Contraloría ha hecho esta misma exigencia, que se haga un sumario y que se pueda definir los responsables de estas vulneraciones a la Ley de Refugio“, agregó Loredo.

El presidente de la Organización de Peruanos Refugiados en Chile, Rodolfo Noriega, hizo un llamado a las autoridades a tener en cuenta el complejo escenario migratorio que se avecina para el continente. Foto: Radio UChile.

En ese sentido, las organizaciones respaldan los requerimientos que ha hecho la Contraloría General de la República en términos de que se elaboren, implementen y difundan protocolos sobre la formalización de la condición de refugiado; se vele por la celeridad, eficiencia y eficacia del trámite en análisis. Además, piden que cese la revisión de reconocimientos de refugio otorgados, se implemente un sistema de atención a las y los solicitantes de refugio resguardando condiciones de atención digna; que no se dilaten los trámites migratorios para no afectar la continuidad de visas, y se implemente un proceso de regularización migratoria humanitaria ya que en pandemia se han recrudecido la vulneración de derechos de todas las personas migrantes.

Es la Ley 20.430 la que establece las disposiciones sobre protección de refugiados. En su Artículo 2°, se refiere al concepto de “Refugiado”, señalando que “tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones”. Éstas corresponden, en primer lugar, a quienes, “por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores”. En segundo lugar, se considerará refugiado a quienes “hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país”. Un tercer elemento a considerar para otorgar la calidad de refugiado, según indica la ley, es para quienes “careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él”. Finalmente, la Ley 20.430 incluye a los que “si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida”.

“La institución del refugio en Chile ha sido vulnerada”, señalan en el texto, y por lo mismo, dicen, “corresponde establecer estas medidas para restituir condiciones de dignidad a las y los solicitantes de refugio y refugiados que viven en Chile”.

Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio realizadas, disminuyendo de más de 5 mil realizadas en 2017 a sólo 432 en el primer semestre de 2020; lo mismo sucede con las solicitudes otorgadas, que pasaron de 162 en 2017 a sólo siete en el primer semestre de este año. Foto: Radio UChile.