Es indiscutible, a estas alturas de la pandemia, la relevancia social que tiene la aprobación del segundo retiro de fondos previsionales, ley promulgada finalmente el pasado viernes por el Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, hay debates y reflexiones aún más complejas que se desprenden de este hecho. Una de ellas, por ejemplo, refiere a la insuficiente ayuda económica, especialmente a la difusa clase media, provocando que sea ésta misma la que tenga que pagar los costos de la crisis sanitaria.

No es casualidad, por ejemplo, que en medio del debate por el segundo retiro propuesto por el Ejecutivo, y que contó con los votos de la oposición al momento de extender el margen de no pago de impuestos para las rentas de hasta 30 UTM, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, haya hecho hincapié en que no se trataba de un pacto y que esperaba que decisiones como ésta puedan repercutir también en una reforma tributaria antes de abril del siguiente año.

“No quiero que esto termine aquí. Dado que la Operación Renta es en abril, tenemos un marco de discusión, y espero que esa discusión exista en este país. Y lo digo porque aquí falta una distribución más proporcional en materia de impuestos, y allí hay una deuda tremenda porque se le está cargando la mano a la clase media”, manifestó Yeomans.

El contexto actual, sin embargo, no ofrece muchas certezas sobre si esto se pudiera llevar a cabo de la mejor manera, dado que, a la par con la pandemia y sus consecuencias más nefastas en la economía nacional, el país vivirá también un hecho histórico como lo es un proceso constitucional, y en el cual gran parte de la ciudadanía tiene puestas muchas expectativas.

Al respecto, consultado por nuestro medio, el doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Andrés Solimano, pese a compartir algunas de las dudas sobre si es o no el momento de pensar en una reforma tributaria, dijo estar a favor de la medida, siempre y cuando  -tal y como sucedió con el cambio constitucional- sea una propuesta impulsada desde la ciudadanía.

“Cuando la economía crece muy rápido se dice que si cambiamos el sistema tributario se puede disminuir el estímulo económico. Después, cuando hay una recesión se dice, pero ahora la recaudación ya es baja, no subamos más impuestos. Son puntos válidos, nunca está el momento óptimo, pero hay que poner en la agenda una reforma que realmente pueda cambiar el sistema tributario chileno, problemas que en la última reforma no se resolvieron. Hay que aprovechar que ahora sí hay un impulso de la ciudadanía por el cambio”, argumentó.

Andrés Solimano.

La reforma a la que Solimano alude no terminó por resolver aspectos que hoy son duramente criticados del sistema tributario chileno. “Seguimos con un sistema que sigue muy cargado a los impuestos indirectos, que no es progresivo, todavía las exenciones tributarias explican 6 o 7 del PIB que no se recauda, la gran minería del cobre, que es privada, paga un royalty realmente ilusorio y pequeño en su capacidad recaudatoria”, agregó el especialista.

Sobre si es o no un tema que se toparía de alguna forma con el proceso constituyente, Solimano remató: “Una reforma tributaria real creo que debería resolver todos estos temas mencionados, y eso no necesariamente es parte de una Constitución, es parte de leyes de la República”.

Exenciones tributarias y reforma como salida de crisis

Una iniciativa parlamentaria de la Oposición que actualmente parece haber quedado olvidada, proponía la aplicación excepcional de un impuesto a las personas con un patrimonio por sobre los 22 millones de dólares, y que, de haberse aprobado, habría generado un montó de recaudación de casi 6 mil millones de dólares. No obstante, esta moción -llamada el Impuesto a los Súper Ricos- no llegó a buen puerto, porque la postura del Gobierno aseguraba que solo el Presidente de la República tenía la potestad de imponer un tipo de tributo como tal.

Yasna Provoste.

Esta arremetida fue duramente criticada por parlamentarios de la oposición, dentro de los cuales destaca la senadora demócrata cristiana, Yasna Provoste. En conversación con nuestro medio, la parlamentaria aseguró que “si esto les genera tanta dificultad, partamos con algo más básico, eliminemos un conjunto de exenciones tributarias que hoy día significan pérdidas para el Estado de 3 puntos del PIB”.

Las exenciones tributarias son hoy un punto bastante observado por economistas como el académico y ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, quien asegura que, si bien se trata de un buen punto de partida para una reforma tributaria, hay problemas de índole político que dificultarían su eliminación total, como por ejemplo lo que sucede con el caso del diésel y que agravaría el conflicto con los gremios de camioneros.

Sin embargo, para Agosin, las exenciones no serían el único punto para tomar en cuenta en una eventual reforma tributaria, y más bien se debería considerar el contexto social que vive el país a raíz de la pandemia por coronavirus.

Manuel Agosin.

“Vamos a estar con una situación en la que el Fisco va a requerir muchos más recursos, entonces va a ser difícil que se pueda evitar una reforma más audaz que incluso la eliminación de las exoneraciones que existen hoy día. Hay que pensar además que la salida a la crisis social requiere de un gasto social mucho más fuerte que el que hemos tenido, en educación, salud, pensiones, etc. Entonces vamos a tener que avanzar hacia una socialdemocracia, que es lo que está pidiendo la ciudadanía”, indicó.

En tal sentido, la reforma tributaria, según Agosin, es un camino inevitable, independiente de lo que ocurra con el trámite de la nueva Constitución. Si bien el Gobierno no ha resultado del todo acertado en materia de ayuda económica en medio de la pandemia, mantener una calificación de riesgo aceptable posterior a esto va a depender directamente de las cuentas fiscales, y que finalmente, podrían ser también una herramienta para ejercer la misma justicia que viene siendo reclamada desde antes del proceso constituyente.