A un año del estallido social del 18 octubre de 2019,  todavía hay temas pendientes: aún no se han investigado las responsabilidades del Alto Mando de Carabineros en los masivos atropellos ocurridos, así como tampoco ha llegado justicia ni un plan de reparación integral para más de 400 víctimas de trauma ocular. Todo esto en momentos en que las protestas pidiendo libertad para los “presos de la revuelta” vuelven a asediar el Palacio de Gobierno y el Presidente ha amenazado con vetar el proyecto de indulto general presentado en el Congreso.

Fueron cuatro organismos internacionales los que llevaron a cabo contundentes informes relatando la compleja realidad de una policía uniformada que carecía de protocolos de uso de la fuerza y de formación en términos de DD.HH., situación que derivó en una crisis que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) definió como “la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura” y que los llevó a presentar más de 2.500 querellas en representación de más de 3.000 víctimas -en las cuales sólo hay 31 uniformados formalizados-.

Y toda esta situación es mirada desde cerca por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo realizó una visita in loco a Chile en enero pasado en donde recogieron testimonios con los que elaboraron un informe y entregaron recomendaciones. ¿Cuál es el estado de cumplimiento de éstas? ¿Cómo ve la CIDH la situación de los derechos humanos en Chile? Sobre esto Radio Universidad de Chile conversó con el presidente de la CIDH y relator para Chile del organismo, Joel Hernández.

A un año del estallido social de octubre de 2019, ¿Cuál es la evaluación que hace la CIDH de la situación de los derechos humanos en Chile?

Nosotros estamos dando seguimiento a la situación general de Chile, incluyendo las investigaciones que se estén realizando sobre los actos de violación de derechos humanos que se dieron en el marco del estallido social.

Aquí el llamado de la Comisión ha sido realizar todas estas investigaciones con base en el debido proceso y la debida diligencia, y la necesidad de que, a partir de esas investigaciones, se lleve a cabo la sanción de los responsables y se lleve la reparación de las víctimas. Esa es, de manera general, la observación de la Comisión. Estamos atentos a la información que recibamos de parte de las autoridades competentes sobre el resultado de estas investigaciones.

¿El Estado de Chile ha dado cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho desde organismos internacionales, entre ellas la CIDH? En las últimas semanas hemos visto que se repiten atropellos, como los casos de trauma ocular…

Efectivamente, nos sigue preocupando aquellos actos en donde hay un uso desproporcionado de la fuerza. Seguimos con preocupación este incidente que usted menciona del 11 de diciembre, nos pronunciamos, y en general es una situación que recurre de vez en vez, en el marco de las protestas. Hace tiempo tuvimos el caso de aquel joven que fue impulsado hacia el río, que también causó demasiada consternación.

Entonces aquí el llamado sigue siendo a una reforma profunda del cuerpo de Carabineros. Sabemos las medidas que ha tomado el Estado, una reciente ha sido la remoción del director general de Carabineros, esto apunta hacia una renovación del cuerpo de Carabineros, pero se tiene que avanzar hacia una revisión total de su funcionamiento, de sus protocolos y de su misión; para que efectivamente no vuelvan a suceder estos eventos como el que ocurrió desafortunadamente el 11 de diciembre.

¿Apuntan a una refundación o a una reforma de Carabineros?

Yo creo que eso le depende a ustedes, chilenas y chilenos, determinar si el objetivo se alcanza a través de una refundación. Para lo que la Comisión es importante, al presentar esta recomendación que hicimos, es una reforma profunda del cuerpo de Carabineros. Dejamos ahí a la discreción de las autoridades y de los procedimientos la manera de poder abordarlo.

Otra cosa que fue importante de nuestras recomendaciones, es tomar las medidas necesarias para el cese inmediato de todo uso desproporcionado de la fuerza. Son las dos cosas que tienen que verse de manera paralela: reforma institucional integral y un cese al uso desproporcionado de la fuerza.

El abogado mexicano Joel Hernández es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Chile del mismo organismo. Foto: CIDH.

Ha pasado un año desde esas recomendaciones, hasta hoy aquella reforma a Carabineros no ha tenido avances importantes en el Congreso y hemos visto casos que dan cuenta de que sigue existiendo un uso desproporcionado de la fuerza. ¿Cómo ve eso la CIDH?

Bueno, creemos que tiene que haber más esfuerzos, que tienen que haber procesos que concluyan y que, efectivamente, dejemos de ver estas situaciones de uso de la fuerza y que tengamos un planteamiento más claro de las medidas de reforma de Carabineros.

Uno de los grandes temas que ha copado la opinión pública en los últimos días es un proyecto presentado por parlamentarios que propone un indulto general para los presos del estallido. Hay casos de personas que llevan más de un año en prisión preventiva, como medida cautelar, muchos de esos sin juicios ni pruebas contundentes. ¿Cómo ven esa situación?

Yo creo que es muy importante empezar por señalar qué se entiende por presos políticos. Es una expresión que se usa frecuentemente, pero que en el lenguaje común se entiende como aquellas personas que han sido detenidas por expresar sus ideas, es decir, por ejercer su derecho a la libertad de expresión; aquellas personas que son detenidas por su derechos a la libertad de reunión o asociación.

Esto es muy distinto con personas que son detenidas por delitos del orden común. En la visita que realizamos este año nos reunimos con distintos funcionarios, de manera muy destacada con el Defensor Público Penal, y ahí nosotros vimos con preocupación un número alto de detenciones y también, en aquella época, un alto número de personas que se encontraban en prisión preventiva. Pero este número de detenciones, conforme a testimonios realizados de manera arbitraria, este número de personas que se encuentran en prisión preventiva no nos llevan a concluir que se trata de personas que fueron detenidas por el mero hecho de participar en una protesta. No vemos nosotros aquí que, en ese sentido, podamos entrar a la categoría de presos políticos; de manera general.

Entonces habría que entrar a examinar el caso de personas que se encuentran todavía en prisión preventiva, el caso de procesos que se encuentran abiertos y ver entonces caso por caso. Y me parece que lo conducente debería ser asegurarse que estas personas que se encuentran en proceso tengan las garantías judiciales, incluyendo derecho a la defensa, al debido proceso y el acceso a los tribunales. Eso es lo que para nosotros resulta importante entender en este contexto.

En ese sentido, para la CIDH, así como lo dijo HRW hace poco, ¿No hay presos políticos en Chile?

De lo que nosotros vimos en este universo, eran personas que fueron objeto de una detención arbitraria o personas cuya prisión preventiva no estaba justificada. Pero entendemos que son personas que siguieron un proceso por delitos o faltas del orden común.

Desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.

En medio del debate respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido ha surgido la idea de conformar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Cómo ven esa posibilidad desde la Comisión?

Ahí entramos una vez más a un terreno en donde son chilenas y chilenos, sus instituciones y sus leyes, las que tienen que definir la forma. Lo que la Comisión observa es que se lleva a cabo una reparación a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, sobre todo a las personas que fueron objeto de lesiones oculares.

Nos preocupa, una de nuestras recomendaciones es coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas y cómo lo atiende, a través de qué conducto, ahí entramos a una esfera de índole doméstica que, mientras sean eficientes -y ojalá lo sean-, la Comisión queda satisfecha de haberse cumplido esta recomendación.

Tengo que recordar también que una de nuestras recomendaciones fue la elaboración de un informe sobre los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre y su contexto, por parte de un mecanismo independiente y que contemple la participación social. Eso es importante que se sepa, saber exactamente qué fue lo que sucedió. El derecho a verdad es algo que es inherente al proceso de reparación de las violaciones incurridas. Sin embargo, la recomendación se queda en eso, en recomendar la elaboración del informe, pero cómo lo instrumentan, a través de qué mecanismo, ya le corresponde a las autoridades y a la población de Chile definirlo.

¿No les ha llegado ese informe a ustedes?

No a mi conocimiento, es una de las varias recomendaciones que nosotros formulamos. Es una recomendación que hace la CIDH, para la consideración del Estado chileno.

También dentro de este debate que le mencionaba han surgido distintas posturas frente a lo que significa una violación a los derechos humanos. Han surgido voces como la del intendente Felipe Guevara que, a diferencia de quienes plantean que estos atropellos sólo pueden ser cometidos por agentes del Estado, han dicho que los manifestantes también pueden violar los DDHH de los vecinos y vecinas que habitan los sectores en donde se llevan a cabo las manifestaciones. Para la CIDH, ¿Pueden los manifestantes violar los derechos humanos?

Yo creo que hay que ser muy claros en esta dicotomía: son los agentes del Estado los que incurren en violaciones de los derechos humanos. Las personas que participaron en las manifestaciones y que llegan a cometer un ilícito en afectación de terceros, son personas que pueden haber incurrido en conductas del orden común. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad de tipo penal.

El Estado, a su vez, frente a este segundo caso, personas que hayan sido procesadas por delitos de orden común, tiene una responsabilidad por los actos de violencia que se llegan a incurrir en una manifestación que consiste, primero, en proteger a la población y, por otro, un deber de investigar y sancionar a las personas que cometen delitos en afectación de terceros.