Este sábado 19 de diciembre de conmemora el Día Nacional contra el Femicidio, fecha establecida en memoria de Javiera Neira Oportus, niña de 6 años que en 2005 fue asesinada por su padre, un caso que ha sido icono en la lucha contra los femicidios y los castigos femicidas.

Este es el primer año en que esta fecha se conmemora de forma oficial luego de haber sido aprobada por el Senado a fines de octubre.

En 2020, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se han registrado al 17 de diciembre 40 femicidios consumados y 147 frustrados, mientras que la Red Chilena contra la Violencia contabiliza 53 crímenes femicidas, 3 suicidios femicidas y 6 asesinatos vinculados a la violencia de género, entre los que se contabilizan parricidios contra menores de edad.

En el país son muchas las organizaciones feministas que trabajan día a día abordando la violencia de género y los femicidios como una de sus peores expresiones. Una de ellas es la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios, que reúne a quienes han sufrido de cerca estos crímenes y que a pesar del dolor han decidido reunirse para apoyar a otros en la búsqueda de justicia.

La organización se fundó en agosto de 2019, con la ayuda de Ni Una Menos Chile, y hoy apoyan a diversas familias, entre ellas las de casos emblemáticos de la violencia como el de Antonia Barra o Yini Sandoval.

“Tenemos varios casos y desgraciadamente vendrán más femicidios. Vemos que todos los femicidios han tenido problemas institucionalmente, con las leyes, que al final como familia no nos amparan en nada. El Estado favorece más al feminicida que a la misma familia”, comentó Ana Fuentes, vocera de la Agrupación.

“Nosotros estamos visibilizando casos, acompañando a las familias para realizar actividades como velatones, marchas, campañas por redes sociales que han sido de gran ayuda para visibilizar cada femicidio, y también violencia intrafamiliar ante la pandemia. Se repiten muchos casos en la agrupación, y en los femicidios casi todas las mujeres tienen una denuncia en carabineros”, agregó.

En la Agrupación las familias no solo comparten el dolor de haber perdido a una mujer cercana, sino también comparten la sensación de injusticia que va quedando durante el proceso de investigación de los asesinos, situación que también es violencia.

Medidas de protección que nunca funcionaron, denuncias que fueron ignoradas, investigaciones mal realizadas por las policías, o fiscales que descuidan las causas son solo parte de algunas de las situaciones vinculadas a la violencia de género que dejan en evidencia las fallas del sistema hacia las mujeres y sus familias.

“Cuando dejas una denuncia en la comisaría empiezan con amedrentamiento, te dicen ‘piénsalo bien, si estás trabajando tienes que pedir permiso, usar tu tiempo, tienes que contratar un abogado’. Ellos te hacen retractarte de tu denuncia, en vez de darte seguridad te hacen dudar”, comentó Ana Fuentes sobre uno de los grandes problemas que tiene el sistema en materia de prevención de femicidios.

A ello se suman los dolorosos procesos de investigación que viven cientos de familias, muchas de las cuales nunca encuentran justicia. En Chile la lista de procesos fallidos o investigaciones negligentes por parte de la PDI y Carabineros es muy amplia. El caso de Viviana Haeger y Fernanda Maciel son muestra de ello, pues las policías periciaron lugares donde estaban las víctimas sin encontrarlas.

Otra evidencia es el caso de Yanira Díaz recientemente, en que la policía y el Servicio Médico Legal declararon su muerte como un suicidio, hecho que logró descartarse luego de la exhumación del cuerpo, pericia que logró acreditar la intervención de un tercero. Hoy su pareja se encuentra detenido por el crimen.

La posibilidad de que la justicia no llegue o las investigaciones no sean adecuadas es compartida por las familias de la Agrupación, donde queda la sensación de que para el Estado algunas vidas importan más que otras.

“Realmente no sabemos por qué no hacen su trabajo, si se les paga, no es un favor que pedimos. Lo que pasa con las mujeres ya es demasiado, hasta las mismas instituciones encubren. Tenemos el caso de Doris Andaur que es asesinada por un PDI y sigue ejerciendo como policía,  o Ximena Cortés con la Fuerza Aérea de Antofagasta y le cerraron el caso, dijeron que se suicidó y su cuerpo da cuenta de otras cosas. Las instituciones realmente no nos protegen, ni la justicia, ni la PDI, nada, nosotros realmente estamos desamparados, no entiendo por qué no hacen su trabajo” comentó Ana Fuentes.

A esto se agrega también el trabajo de los abogados, que muchas veces son proporcionados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Si bien las familias agradecen el apoyo, también son conscientes de que a muchos profesionales les falta compromiso.

“Los abogados del Sernameg se preocupan de que caigan presos y nada más, no se preocupan realmente de las condenas, no hay ningún femicidio con los 40 años que mencionan los fiscales para el presunto autor, no hay ninguno (…) Apelan y todos los femicidas tienen 15 años, al final tienen más beneficios ellos que nosotros como familia”, lamentó la vocera.

“Como familias estamos desamparados, dicen Ley de Femicidios pero al final la Ley de Femicidios, como familiares, no nos ayuda en nada, porque si no presionas al abogado no tienes información. En nuestro caso, ni siquiera nos avisaron que al hombre le habían bajado la condena, muchas familias tienen que estar cambiando de abogados por carpetas vacías”, agregó la vocera.

Sin embargo, a pesar de las múltiples dificultades que se encuentran en los procesos, la convicción de las familias es siempre clara: no rendirse en la búsqueda de justicia.

La necesidad de reparación

Previo a la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio, este viernes 18 de diciembre la Agrupación de Familiares de Victimas de Femicidio, junto a Ni Una Menos Chile y la diputada (PC) Karol Cariola presentaron un proyecto de ley de justicia y reparación a las víctimas de femicidio y sus familias.

“La presente ley, tiene por objeto la creación y fortalecimiento de todas aquellas acciones efectivas y necesarias para la atención, protección, y reparación integral para las víctimas de femicidio en todo su alcance y formas de aparición, sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de derechos humanos”, indica la norma respecto de su objetivo.

En sus artículos esta incluye el principio de debida diligencia, imparcialidad, el derecho al acceso a la justicia, derecho a la protección, derecho a la reparación integral, a la protección en el trabajo y un derecho especial en las victimas migrantes.

Junto a ello se incluye la suspensión y privación de los derechos y responsabilidades parentales y hereditarios, Responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio, y una legitimación activa especial.

“Es deber del Estado el garantizar a las víctimas de femicidio el acceso a la atención integral gratuita en salud de por vida, otorgando y reconociendo su derecho a todo tipo de prestaciones, sin aplicación de preexistencias ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo.

Es deber del Estado el garantizar a las víctimas de femicidio el acceso a la vivienda digna y adecuada. Las víctimas de femicidio tendrán prioridad en los planes de vivienda de interés social, los sistemas de financiamiento y otras formas de acceso a la vivienda, incluyendo comodatos y arriendos”, dice el proyecto.

La norma da cuenta de los problemas a los que se exponen las víctimas de femicidios y sus familias. Muchos hombres heredan los bienes de las mujeres a las que asesinan, o exigen visitas de sus hijos en los centros de reclusión.

Créditos fotografía: Natalia Cuevas, Twitter.

Asimismo, los abuelos no cuentan, en muchos casos, dado la precariedad de la tercera edad en Chile, con los recursos para hacerse cargo de la educación y salud de sus nietos.

“Se trata de que el femicida no tenga derecho a herencia, a tuición de niños, si no supo cuidar a una mujer menos a un niño, y tampoco exponer a los niños en visitas en la cárcel, también que el Estado se haga responsable de cada niño que queda de un femicidio, que quedan realmente desamparados. Quedan con los abuelos porque a la mamá la asesinan y el hombre queda preso o cobardemente se matan”, explicó Ana Fuentes.

A ello agregó que darán la pelea para que este proyecto siga adelante, dado que es de suma importancia para las familias: “Esperamos que se pueda ayudar a los familiares porque nos vamos dando cuenta de las negligencias que vivimos y que todos tenemos el mismo dolor de una otra forma. Indiferente de cómo hayan sido asesinadas las mujeres, todos vivimos el mismo dolor y queremos dar la pelea y seguir avanzando”.

Junto a ello, la vocera de la Agrupación de Familiares de Victimas de Femicidios tuvo palabras tanto para la sociedad como para las instituciones respecto de la importancia de seguir luchando contra la erradicación de la violencia.

“El mensaje a las instituciones es que hagan su trabajo, que realmente se realice una ley que sea integral, que sea una ley ejemplar para que no vuelvan a repetirlo, porque lamentablemente es fácil matar una mujer hoy o hacer desaparecer su cuerpo, las autoridades no hacen su trabajo. Necesitamos que los fiscales, carabineros y la PDI hagan su trabajo, que como mujeres nos sintamos respaldadas seguras no lo contrario, necesitamos una ley integral ejemplar, que las condenas se hagan respetar y sean ejemplificadoras. No puede ser que 8 años te cuesta la vida de una mujer. Pedimos y exigimos que hagan su trabajo”.

En tanto a las mujeres Ana Fuentes comentó: “Que no callemos, que no nos de vergüenza decir si se necesita ayuda, que nos apoyemos, que seamos perseverantes en una denuncia porque cuesta mucho, que no estamos solas. Y a no callar, que es lo principal, siempre respaldarse con alguien y salir adelante porque no queremos más mujeres muertas en nuestro país”.