Amnistía Internacional ha sido uno de los organismos internacionales de derechos humanos que ha seguido más de cerca la situación de los graves atropellos ocurridos durante los meses posteriores al estallido social del pasado 18 de octubre. A raíz de lo evidenciado por decenas de observadores en terreno, redactaron el primer informe que daba cuenta de graves y masivas violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, siendo los únicos -hasta el momento- que han ido más allá en las responsabilidades de mando y han acusado una “intencionalidad de dañar a los manifestantes” en el actuar de la policía uniformada.

A un año de la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile e hizo un balance sobre las causas de violaciones a los derechos humanos a un año del estallido social. En ese sentido, Piquer señaló que la situación es preocupante debido al nulo avance que han tenido los procesos judiciales, pero también porque el Gobierno no le ha dado la importancia necesaria a la gravedad del asunto. Sobre la discusión en torno a si existen o no presos políticos en Chile, la directora de Amnistía Internacional Chile aseguró que “no lo descartan”. Piquer señaló que como organismo han definido dos principios que debiese garantizar cualquier Estado y que, en varios casos, éstos se estarían pasando a llevar. 

A un año del estallido social que derivó en la mayor crisis de derechos humanos desde la dictadura ¿Cómo ven la situación general?

“La verdad es que es bien preocupante. Por una parte, los avances judiciales en la investigación de las causas por violaciones a derechos humanos han ido muy lento, hay algunas que están avanzando más y que están recién formalizando a algunas personas, pero hay otras en las que no se ha avanzado prácticamente nada. Y eso por supuesto deja un mal pie, un mal precedente, en términos de combatir la impunidad por esas violaciones.

Eso se conecta, además, con el hecho de que tampoco vemos que haya habido, desde el gobierno y las autoridades, un reconocimiento más amplio en términos de la gravedad de lo que pasó sobre todo entre octubre y marzo, cuando fueron las manifestaciones más masivas, y que de alguna manera sigue pasando cada vez que hay manifestaciones”.

El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.

“Es decir, no hay un reconocimiento de que hay una problemática que es estructural y que no tiene que ver solamente con que los casos terminen ante la justicia, que también tiene que suceder, sino que necesita un abordaje mucho más integral para realmente dar garantías de no repetición, asegurar que esto no siga pasando, y que eso también es parte de la reparación que necesitan las víctimas y de las garantías en derechos humanos que necesitamos todas las personas. Lamentablemente, no hemos visto nada en esa dirección y eso es quizás lo que más me preocupa”.

Hace poco tuvimos un nuevo caso de trauma ocular en las manifestaciones ¿Cómo ven el cumplimiento de las recomendaciones que se hicieron al Estado de Chile?

“Muy débil, y sobre todo, al menos desde la perspectiva de Amnistía Internacional, para nosotros lo importante de la implementación de las recomendaciones no es solamente que se haga una formación a un grupo de carabineros o si se modifica un protocolo, eso tiene un valor, pero lo más importante es que esto tenga aciertos en terreno, que realmente uno vea que hay una realidad diferente para las personas que se manifiestan. Y lamentablemente no vemos que haya cambios significativos, en el sentido que, ya en noviembre del año pasado, desde Amnistía Internacional dijimos que veíamos que hay una forma de actuar, un modus operandi de Carabineros, que apunta hacia dañar a las personas que se manifiestan, y en eso, lamentablemente, no hemos visto una diferencia”.

¿Ha cambiado algo?

“Han cambiado los medios, pasamos de los perdigones, que luego se suspendió su uso y se restringió muchísimo; luego empezaron las heridas por bombas lacrimógenas disparadas directo al cuerpo; después se dijo que se iban a privilegiar estas arremetidas con Infantería, que terminaron con el adolescente A.A. en el lecho del río Mapocho con heridas gravísimas. Y ahora, las denuncias que estamos recibiendo más son por el uso del gas pimienta y el uso del lanza aguas directo al cuerpo, y con químicos que producen quemaduras.

Entonces, en definitiva, uno ve un patrón de que hay una intención de dañar a quienes se manifiestan y no de buscar los medios menos lesivos para controlar a quienes eventualmente estén cometiendo hechos de violencia, y permitir que quienes se manifiestan pacíficamente lo hagan. Ahí no hemos visto un cambio significativo, para nada”.

Respecto del debate en torno a los imputados por desórdenes durante el estallido social, el Gobierno ha descartado que quienes se encuentran privados de libertad estén siendo objeto de prisión política. Para Amnistía ¿hay presos políticos en Chile?

“No hay una definición del derecho internacional de los derechos humanos única respecto de qué es un preso político. Entonces, el sí o no distrae del problema de fondo, que es: hay personas que están presas y no debieran estarlo. Y eso es algo que no puede pasar”.

Mauricio Cheuque ya cumplió un año privado de libertad luego de haber sido detenido en La Victoria. Se le acusa de portar una bomba molotov y su familia denuncia un montaje . Foto: Radio UChile.

“En el caso puntual del que estamos hablando, es muy probable que esas personas estén presas porque se estaban manifestando y porque el Gobierno se está querellando, lo cual implica un probable uso político del derecho penal. Por eso es que está bien que parte de la discusión también sea la búsqueda de alguna forma de solución política, más allá de la solución jurídica judicial”.

¿Cómo ven reflejado ese uso político del derecho penal?

“La Ley de Seguridad del Estado es quizás es el mejor ejemplo. Según las cifras que se han dado en medios de prensa, se han presentado más de mil querellas por LSE de parte del Gobierno. La Ley de Seguridad del Estado establece delitos como ofender gravemente el sentimiento patrio o propagar información tendenciosa para perturbar el orden democrático. Son tipos penales extremadamente amplios, ¿qué es ‘tendencioso’ o qué implica ‘ofender gravemente el sentimiento patrio’? Y ha habido casos de querellas que se han iniciado por una carta o se ha iniciado por un discurso dado en una asamblea, o sea, no por algún hecho de violencia en concreto. Eso es el riesgo, eso es lo grave.

Entonces puede haber personas hoy que estén siendo querelladas por el Gobierno, debido a que se manifestaron, y que lo único que hicieron fue ejercer sus derechos humanos. Y eso es gravísimo, es algo que no puede pasar y que se tiene que asegurar que no esté pasando”.

Human Rights Watch y la CIDH han descartado que en Chile haya presos políticos. ¿Amnistía Internacional también lo descarta?

“No, no lo descartamos en ningún caso. En nuestra visión hay dos grandes mínimos: primero, nadie puede estar preso por ejercer sus derechos humanos; segundo, si es que hay presunciones fundadas de que alguien cometió hechos de violencia, tiene que haber un juicio justo. Y tenemos evidencia que hace pensar que están pasando ambas cosas; que puede haber personas presas que no hayan cometido hechos de violencia y que pueda haber personas que estén en una prisión preventiva que no es justificada, que llevan más de un año en prisión preventiva sin que les haya llevado a juicio, y que sea una medida usada de manera desproporcionada”.

Foto en portada: Agencia UNO.