Este lunes, organizaciones de familiares de presos y presas del estallido social, junto a los diputados Boris Barrera (PC) y Claudia Mix (Comunes), entre otras figuras del mundo político y agrupaciones de la sociedad civil, entregaron una carta al Gobierno solicitando el término de la prisión preventiva de los denominados “presos de la revuelta”.

En una misiva entregada en la oficina de partes del Palacio de La Moneda y respaldada por más de cinco mil firmas, las agrupaciones de familiares de los imputados por desórdenes en el marco del estallido social le plantearon al Presidente Sebastián Piñera la urgencia de promover una solución política que permita lograr la libertad “de quienes impulsaron los procesos de cambio que se viven hoy en nuestro país”. A su vez, lo invitan a reconsiderar su intención de vetar el proyecto de Ley de Indulto General presentado en el Senado, que se discute este lunes en la Comisión de Derechos Humanos, argumentando que sus hijos e hijas son jóvenes estudiantes, trabajadores, padres y madres “que se encuentran injustamente encarcelados y procesados”. “Su prisión extendida pretende tapar la crisis no resuelta entre ciudadanía, derechos sociales y la institucionalidad decadente, evidenciadas a partir del 18 de octubre del 2019”, sostienen en el documento.

“Usted, señor Sebastián Piñera, al declarar el 2019 la guerra al pueblo de Chile y ratificar los excesos de la represión policial durante los meses de movilizaciones –de expresión de malestar nacional por 30 años de colusiones y democracia privilegiada para unos pocos-, está moralmente incapacitado para oponerse a esta iniciativa, considerando además que solo cuenta con el 4 % de apoyo ciudadano”, señalan. “Hoy su poder como jefe de Estado se ampara en una Constitución ya caduca y en una posición de fuerza sin arraigo ni legitimidad política ni social. Su permanencia en el cargo es reveladora de la crisis y fractura que requiere un nuevo pacto social y un nuevo equilibrio de poderes”, sostienen.

Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de los denominados presos de la revuelta llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente Piñera. Foto: Tomás González F. / Radio UChile.

En la carta critican al mandatario acusando que “sus actuaciones y declaraciones profundizan la crisis, especialmente por su comportamiento represivo hacia la juventud, los trabajadores, mujeres, pobladores, el pueblo mapuche y hacia las organizaciones sociales movilizados por sus derechos desde antes y durante el estallido social”. En ese sentido, añaden que “los presos y presas políticos en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el poder ejecutivo a través de las querellas que mantiene artificialmente el gobierno mediante la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado y ese sólo hecho las convierte en prisión política”.

“Nuestros hijos e hijas no son delincuentes ni terroristas”, aseguran. “Queremos dejar en claro que, la violencia social es causa de una violencia institucional permanente y estructural. La democracia sigue en deuda con la democracia y el proceso constituyente es testimonio de esta verdad”, añaden.

En la carta también señalan que hasta el momento no han tenido noticia de que jueces, fiscales u otras autoridades hayan actuado de oficio tomando nota y haciendo presencia in situ cuando se estaban perpetrando delitos bajo su jurisdicción. “Esta actuación de oficio les habría entregado una visión de primera fuente tal como lo exige la ley. Eso les habría dado juicio propio y evitado a fiscales y jueces de garantía ceñirse al libreto y patrón de detenciones diseñado por la policía”, sostienen.

Asimismo, en la carta critican que ni la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, ni el Defensor Nacional, presentaron querella alguna por abusos, torturas, traumas oculares, pese a la numerosa cantidad de querellas emitidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Defensoría Penal Pública, entre otros organismos de derechos humanos.

“Hoy cuando hemos comenzado un proceso constituyente, es necesario y urgente liberar a las y los presos políticos. Reconocer el rol protagónico que las y los luchadores sociales tuvieron en el logro de esta histórica posibilidad, nos obliga a levantar la voz para exigir con fuerza y convicción una solución política que permita resolver esta injusticia”, argumentan en la misiva.

Frente a esto, las agrupaciones y los más de 5 mil firmantes de la carta piden al Presidente Piñera que se revisen los antecedentes de las causas y que en esta revisión se considere el contexto social en que ocurrieron las detenciones, así como las irregularidades e incumplimientos de protocolos por parte de las policías, así como los informes de diversas organizaciones de DD.HH. que dan cuenta de las graves vulneraciones cometidas por agentes del Estado.

“Le pedimos con respeto y firmeza que permita el avance del proyecto de Ley de Indulto General ingresado a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado”, interpelan en la carta. “Las leyes son como telas de araña a través de las cuales pasan las grandes moscas y se quedan atrapadas las pequeñas”, concluyen las organizaciones.

Junto a parlamentarios y otras figuras políticas, las organizaciones y agrupaciones se reunieron a las afueras del Palacio de Gobierno para protestar pidiendo la libertad de sus familiares. Foto: Tomás González F. / Radio UChile.