14 millones de pesos es la multa que la Dirección General de Aguas aplicó contra la empresa Sociedad Agrícola Las Loicas, de propiedad del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y su hijo, Cristian Pérez Vergara, por la construcción de un petril o muro destinado a desviar las aguas hacia un embalse, situación que se prolongó por dos años.
Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) conoce de cerca la realidad hídrica de la región de Valparaíso y también conoce a Edmundo Pérez Yoma, a quien en 2012 denunció por apropiarse ilegalmente de aguas subterráneas. Ello le costó una querella por injurias con publicidad por parte del ex secretario de Estado, y la condena de un año a firma mensual más una multa de 3 UTM y hoy, en conversación con nuestro medio, analizó esta nueva sanción al empresario y político democratacristiano.
“Nunca faltamos a la verdad y las denuncias que formulamos hace muchísimo tiempo, en el año 2012 y que involucraban a Pérez Yoma y su agrícola en prácticas impropias en la caja del río Ligua, lisa y llanamente se han venido confirmando con el tiempo a propósito de que tenemos una profunda crisis ambiental en nuestro territorio y, particularmente, en la provincia de Petorca lugar donde más de 30 mil personas dependen de los camiones aljibe. En un escenario de pandemia es francamente criminal que el agua se encuentre a disposición de la industria extractiva y no de la vida de las comunidades”.
Particularmente respecto de la resolución de la DGA dado a conocer esta semana, Mundaca explicó que se trata de una denuncia realizada en 2019, ya que pretil construido por la mencionada sociedad agrícola desvió el agua de una vertiente hacia los grandes acumuladores que son de propiedad de esta empresa y cuyo fin es incentivar el agronegocio.
El ex ministro Edmundo Pérez Yoma es dueño junto a su hijo de la Sociedad Agrícola Las Loicas.
“El martes, el mismo Pérez Yoma salió a contestarnos y dijo que se trataba de una infracción menor y que nosotros lo perseguíamos y odiosamente lo maltratábamos. Pero el problema no es Pérez Yoma, sino el modelo de desarrollo que existe en nuestros territorios. Un modelo que nos ha despojado de un bien natural esencial y que hoy precisamente se encuentra en el nicho de la industria extractiva.
“Solo luego de dos años desde la denuncia, la DGA se atreve a sancionarlo, pero le da un plazo de 30 días para presentar oposición por una multa que es irrisoria. Son 14 millones de pesos, en circunstancias que el daño que él ha provocado en las comunidades es prácticamente irreversible, porque la gente sigue dependiendo de los camiones aljibe”, añadió.
Consultado sobre las consecuencias que tiene para las comunidades la aplicación de una multa que es a beneficio fiscal, el candidato a Gobernador por la Región de Valparaíso explicó que esta resolución no tiene repercusión directa en las personas.
“Esa multa para una empresa de la envergadura de Agrícola Las Loicas es irrisoria y no repara en nada el daño ecosistémico provocado y en nada repara el daño histórico a una provincia que ha vivido privada de agua”.
En cuanto a la investigación que lleva adelante la DGA sobre la construcción de obras hidráulicas de gran envergadura que estaría llevando adelante la sociedad de la que participa el ex ministro Edmundo Pérez Yoma y que para concretarse deben contar con una autorización expresa del Director de la DGA, Mundaca señaló que es imperativo que la institución realice fiscalizaciones in situ para verificar si tales obras exceden los 50 mil metros cúbicos de acumulación de agua y si se cumple con los requerimientos de altura de sus paredes.
“Esperamos que la DGA esté a la altura de las circunstancias, sin embargo, confiar en una institucionalidad que ha sido genuflexa y permisiva es difícil. Las esperanzas que se apliquen sanciones efectivas, reales y que reparen el daño ecosistémico que se ha provocado en nuestra población, son bastante relativas”.
En cuanto a los racionamientos anunciados por la empresa Aguas del Valle en la comuna de Illapel, el galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg en 2018 manifestó que esta decisión es una prueba más que la problemática del agua es estructural y a nivel nacional.
“Eso da cuenta de cómo la industria extractiva se apropia del agua y compromete la vida de las comunidades. Hoy, el conflicto socioambiental que experimenta el país tiene que ver con la privatización del agua y cómo la vida de las comunidades está comprometida por esa causa”.
Mundaca reflexionó también cómo la multa que se aplicó a una empresa que desvió el recurso natural solo con fines comerciales, no es realmente un castigo concordante con el daño causado.
“Hoy los analistas sostienen que en el proceso constituyente el tema del agua está en la centralidad de la discusión. El agua tiene que ser un derecho humano que debe estar consagrado como tal en el régimen constitucional. Pero no es menos cierto que hay candidatos, en particular el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, que señala públicamente que considera el agua como bien público, pero exige la certeza jurídica en torno a la propiedad privada como un derecho a mantener. Habrá voceros del modelo privado del agua que defenderán el régimen constitucional del 80, por eso es importante tener constituyentes que comprendan que consagrar constitucionalmente el acceso al agua como un bien común, el hacer de su acceso un derecho human y, establecer prioridades de uso. Pero hay que mantener la movilización y organización en los territorios para obligar que se legisle en la materia. Chile es el único país que tiene privatizada sus fuentes de agua desde 1981 y la gestión de las aguas desde 1998, por eso, es necesario plantear la reapropiación social de lo público, es decir, recuperar las sanitarias para el pueblo”, concluyó el activista por los Derechos Humanos.
De acuerdo a la información que Edmundo Pérez Yoma entregó a El Desconcierto, los abogados que representan a su empresa apelarán a la resolución de la DGA por considerarla improcedente.
