En entrevista con The Washington Post, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, se refirió a la situación que vive el país del sudeste asiático que el lunes pasado sufrió un golpe de Estado por parte de los militares que acusaron irregularidades en las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en noviembre de 2020.

Según lo que manifestó Guterres, la ONU trabajará para “movilizar a todos los actores clave y a la comunidad internacional para que pongan la suficiente presión sobre Birmania para asegurar que este golpe fracase” e hizo hincapié en que la de Birmania es una situación “absolutamente inaceptable”.

Guterres explicó que la ONU ha condenado el golpe de Estado desde el primer momento y que la liberación de todos los políticos detenidos, incluida la presidenta derrocada Aung San Suu Kyi, debe efectuarse de manera inmediata.

Por otra parte, el secretario general de la organización internacional, lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya dado una respuesta unánime a lo ocurrido en Birmania, sin embargo aseguró que espera que las potencias eventualmente logren unificarse en este asunto.

Tanto Estados Unidos como los países europeos  han sido claros en su condena al golpe, mientras  Rusia y China no se han pronunciado en rechazo y solo han declarado su confianza en una pronta solución a la crisis.

En la conversación difundida en video por el periódico norteamericano, António Guterres rechazó las alegaciones de fraude electoral con que el Ejército justificó su golpe de Estado y reiteró lo que ha afirmado el derrocado gobierno birmano: que las elecciones fueron limpias y que la victoria del partido de Suu Kyi es totalmente legal. Pese a lo anterior, el diplomático portugués si tuvo críticas para con el gobierno de la Premio Nobel de la Paz, ya que reprochó  su cercanía con el Ejército al que habría “protegido demasiado”, especialmente tras su ofensiva militar de 2017 contra la minoría rohinyá, denunciada por la ONU como una limpieza étnica

El Ejército birmano mantiene con arresto domiciliario a la líder birmana, de 75 años, en la residencia gubernamental de la capital del país.  Aung San Suu Kyi ha sido acusada por parte de los militares de una  presunta importación ilegal de un dispositivo telefónico y por ello, podría enfrentar una pena de hasta tres años de cárcel y deberá permanecer detenida al menos hasta el 15 de febrero.