Pacientes con VIH rechazan protocolo de vacunación del Minsal
El mencionado documento no respeta la normativa específica en materia de VIH Sida toda vez que obliga a quienes deseen vacunarse a exhibir un documento que certifique que son VIH+. Además, las organizaciones han manifestado su inquietud ante la falta de pruebas científicas que aseguren que la vacuna del laboratorio Sinovac es inocua para las personas con VIH.
Claudia Carvajal G.
Jueves 4 de febrero 2021 19:31 hrs.
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Este miércoles, el periodista y activista por los derechos de las personas con VIH, Víctor Hugo Robles, conocido como “El Ché de los gays” presentó una acción de protección contra el Ministerio de Salud ante la vulneración de su derecho a la confidencialidad por parte del Ministerio de Salud a través de su protocolo de vacunación contra la COVID-19.
El Ordinario 500 de Vacunación contra el Sars-Cov2 en personas con VIH Sida, emanado del Ministerio de Salud, establece un instructivo de inoculación específico para las personas con VIH Sida dirigido a todos los Directores y Secretarios Regionales Ministeriales en el área de Salud. En este instrumento se detalla que para proceder a la vacunación de personas con VIH es requisito la presentación, por parte de éstas, de “un certificado médico que acredite el diagnostico GES 18, conocido públicamente como ‘VIH/SIDA’”.
Ello, de acuerdo a la presentación realizada por el periodista ante la Corte de Apelaciones de Santiago, atenta contra el derecho a la confidencialidad de su diagnóstico. Además, el recurrente alega que tal protocolo se llevó a cabo sin la participación de la comunidad, algo que es obligatorio dado lo dispuesto por la ley 19779 que establece normas relativas al virus de inmuno deficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas.
En la normativa individualizada, el artículo segundo señala que el Ministerio de Salud será el órgano encargado de la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia y que “estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores”.
Víctor Hugo Robles señaló a nuestro medio que tanto él como otros activistas y organizaciones ya hicieron notar su rechazo al protocolo del Minsal.
Víctor Hugo Robles.
“Distintos colectivos, organizaciones y activistas del VIH Sida hemos tomado contacto con el programa nacional de control y prevención del VIH Sida y las ITS del Ministerio de Salud para hacerles ver nuestro parecer, nuestra queja, nuestras demandas de que sea modificado este protocolo de vacunación contra el COVID-19 a personas viviendo con VIH porque vulnera abiertamente el principio de confidencialidad y la ley de Sida vigente en nuestro país”.
En su acción constitucional, el periodista también pone a la revision del Tribunal de Alzada el que este instructivo del Minsal no señala específicamente con qué vacuna se inmunizará a las personas con VIH Sida ni tampoco se les ha informado adecuadamente sobre el tema.
“El protocolo en cuestión nombra diversos estudios que existen en el mundo sobre las vacunas contra el COVID-19 testeada en personas viviendo con VIH, excluyendo estudios, datos e información sobre la vacuna llamada Sinovac, la vacuna que se está aplicando masivamente a la población en este minuto en todo el territorio nacional. No sabemos si la vacuna Sinovac será la que se aplicará a las personas viviendo con VIH, mucho no sabemos los efectos adversos de esta vacuna, ni el hecho de haber sido testeada en personas viviendo con VIH/SIDA”, se lee en la presentación del periodista.
Es en este punto que el cientista político y presidente de la Fundación Chile PrEP, Carlos Faras, manifestó su inquietud ya que la vacuna Coronavac no ha sido ensayada clínicamente en quienes presentan VIH Sida.
Carlos Faras
“Existen legítimas preocupaciones científicas respecto de la vacuna Sinovac china porque no fue probada en personas VIH positivas, por lo que existen muchas preguntas intelectuales y científicas respecto de su eficacia y si la seguridad de la vacuna es la misma en personas VIH positivas que en personas que no lo son”, señaló Faras.
Una de las principales críticas tanto de Víctor Hugo Robles como de las organizaciones por los derechos de las personas con VIH Sida tiene que ver con los problemas comunicacionales del Ministerio de Salud, un asunto que ha sido reiterado por expertos en epidemiología y comunicación de los riesgos. Así lo reiteró Marco Ruiz, del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA quien señaló que existen demasiadas interrogantes sobre cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación para este grupo de riesgo.
“Nuevamente la política y la estrategia del Minsal sigue siendo confusa, por lo menos para quienes vivimos con VIH, sin tener la claridad y consideración de la situación de vulnerabilidad social en la que viven muchos de ellos. Estamos aún a tiempo de convocarnos y reflexionar para revisar estas indicaciones que nos entregan las autoridades sanitarias”.
La acción constitucional presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago busca que se ordene al Ministerio de Salud a tomar las medidas necesarias en orden a dar cumplimiento a la obligación legal de participación de la comunidad y de confidencialidad y no discriminación en la campaña de vacunación contra el COVID-19, y así cumplir con el fin último de proteger la vida e integridad física y psíquica, la integración social y los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.
Este miércoles, el periodista y activista por los derechos de las personas con VIH, Víctor Hugo Robles, conocido como “El Ché de los gays” presentó una acción de protección contra el Ministerio de Salud ante la vulneración de su derecho a la confidencialidad por parte del Ministerio de Salud a través de su protocolo de vacunación contra la COVID-19.
El Ordinario 500 de Vacunación contra el Sars-Cov2 en personas con VIH Sida, emanado del Ministerio de Salud, establece un instructivo de inoculación específico para las personas con VIH Sida dirigido a todos los Directores y Secretarios Regionales Ministeriales en el área de Salud. En este instrumento se detalla que para proceder a la vacunación de personas con VIH es requisito la presentación, por parte de éstas, de “un certificado médico que acredite el diagnostico GES 18, conocido públicamente como ‘VIH/SIDA’”.
Ello, de acuerdo a la presentación realizada por el periodista ante la Corte de Apelaciones de Santiago, atenta contra el derecho a la confidencialidad de su diagnóstico. Además, el recurrente alega que tal protocolo se llevó a cabo sin la participación de la comunidad, algo que es obligatorio dado lo dispuesto por la ley 19779 que establece normas relativas al virus de inmuno deficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas.
En la normativa individualizada, el artículo segundo señala que el Ministerio de Salud será el órgano encargado de la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia y que “estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores”.
Víctor Hugo Robles señaló a nuestro medio que tanto él como otros activistas y organizaciones ya hicieron notar su rechazo al protocolo del Minsal.
Víctor Hugo Robles.
“Distintos colectivos, organizaciones y activistas del VIH Sida hemos tomado contacto con el programa nacional de control y prevención del VIH Sida y las ITS del Ministerio de Salud para hacerles ver nuestro parecer, nuestra queja, nuestras demandas de que sea modificado este protocolo de vacunación contra el COVID-19 a personas viviendo con VIH porque vulnera abiertamente el principio de confidencialidad y la ley de Sida vigente en nuestro país”.
En su acción constitucional, el periodista también pone a la revision del Tribunal de Alzada el que este instructivo del Minsal no señala específicamente con qué vacuna se inmunizará a las personas con VIH Sida ni tampoco se les ha informado adecuadamente sobre el tema.
“El protocolo en cuestión nombra diversos estudios que existen en el mundo sobre las vacunas contra el COVID-19 testeada en personas viviendo con VIH, excluyendo estudios, datos e información sobre la vacuna llamada Sinovac, la vacuna que se está aplicando masivamente a la población en este minuto en todo el territorio nacional. No sabemos si la vacuna Sinovac será la que se aplicará a las personas viviendo con VIH, mucho no sabemos los efectos adversos de esta vacuna, ni el hecho de haber sido testeada en personas viviendo con VIH/SIDA”, se lee en la presentación del periodista.
Es en este punto que el cientista político y presidente de la Fundación Chile PrEP, Carlos Faras, manifestó su inquietud ya que la vacuna Coronavac no ha sido ensayada clínicamente en quienes presentan VIH Sida.
Carlos Faras
“Existen legítimas preocupaciones científicas respecto de la vacuna Sinovac china porque no fue probada en personas VIH positivas, por lo que existen muchas preguntas intelectuales y científicas respecto de su eficacia y si la seguridad de la vacuna es la misma en personas VIH positivas que en personas que no lo son”, señaló Faras.
Una de las principales críticas tanto de Víctor Hugo Robles como de las organizaciones por los derechos de las personas con VIH Sida tiene que ver con los problemas comunicacionales del Ministerio de Salud, un asunto que ha sido reiterado por expertos en epidemiología y comunicación de los riesgos. Así lo reiteró Marco Ruiz, del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA quien señaló que existen demasiadas interrogantes sobre cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación para este grupo de riesgo.
“Nuevamente la política y la estrategia del Minsal sigue siendo confusa, por lo menos para quienes vivimos con VIH, sin tener la claridad y consideración de la situación de vulnerabilidad social en la que viven muchos de ellos. Estamos aún a tiempo de convocarnos y reflexionar para revisar estas indicaciones que nos entregan las autoridades sanitarias”.
La acción constitucional presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago busca que se ordene al Ministerio de Salud a tomar las medidas necesarias en orden a dar cumplimiento a la obligación legal de participación de la comunidad y de confidencialidad y no discriminación en la campaña de vacunación contra el COVID-19, y así cumplir con el fin último de proteger la vida e integridad física y psíquica, la integración social y los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.
Este miércoles, el periodista y activista por los derechos de las personas con VIH, Víctor Hugo Robles, conocido como “El Ché de los gays” presentó una acción de protección contra el Ministerio de Salud ante la vulneración de su derecho a la confidencialidad por parte del Ministerio de Salud a través de su protocolo de vacunación contra la COVID-19.
El Ordinario 500 de Vacunación contra el Sars-Cov2 en personas con VIH Sida, emanado del Ministerio de Salud, establece un instructivo de inoculación específico para las personas con VIH Sida dirigido a todos los Directores y Secretarios Regionales Ministeriales en el área de Salud. En este instrumento se detalla que para proceder a la vacunación de personas con VIH es requisito la presentación, por parte de éstas, de “un certificado médico que acredite el diagnostico GES 18, conocido públicamente como ‘VIH/SIDA’”.
Ello, de acuerdo a la presentación realizada por el periodista ante la Corte de Apelaciones de Santiago, atenta contra el derecho a la confidencialidad de su diagnóstico. Además, el recurrente alega que tal protocolo se llevó a cabo sin la participación de la comunidad, algo que es obligatorio dado lo dispuesto por la ley 19779 que establece normas relativas al virus de inmuno deficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas.
En la normativa individualizada, el artículo segundo señala que el Ministerio de Salud será el órgano encargado de la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia y que “estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores”.
Víctor Hugo Robles señaló a nuestro medio que tanto él como otros activistas y organizaciones ya hicieron notar su rechazo al protocolo del Minsal.
Víctor Hugo Robles.
“Distintos colectivos, organizaciones y activistas del VIH Sida hemos tomado contacto con el programa nacional de control y prevención del VIH Sida y las ITS del Ministerio de Salud para hacerles ver nuestro parecer, nuestra queja, nuestras demandas de que sea modificado este protocolo de vacunación contra el COVID-19 a personas viviendo con VIH porque vulnera abiertamente el principio de confidencialidad y la ley de Sida vigente en nuestro país”.
En su acción constitucional, el periodista también pone a la revision del Tribunal de Alzada el que este instructivo del Minsal no señala específicamente con qué vacuna se inmunizará a las personas con VIH Sida ni tampoco se les ha informado adecuadamente sobre el tema.
“El protocolo en cuestión nombra diversos estudios que existen en el mundo sobre las vacunas contra el COVID-19 testeada en personas viviendo con VIH, excluyendo estudios, datos e información sobre la vacuna llamada Sinovac, la vacuna que se está aplicando masivamente a la población en este minuto en todo el territorio nacional. No sabemos si la vacuna Sinovac será la que se aplicará a las personas viviendo con VIH, mucho no sabemos los efectos adversos de esta vacuna, ni el hecho de haber sido testeada en personas viviendo con VIH/SIDA”, se lee en la presentación del periodista.
Es en este punto que el cientista político y presidente de la Fundación Chile PrEP, Carlos Faras, manifestó su inquietud ya que la vacuna Coronavac no ha sido ensayada clínicamente en quienes presentan VIH Sida.
Carlos Faras
“Existen legítimas preocupaciones científicas respecto de la vacuna Sinovac china porque no fue probada en personas VIH positivas, por lo que existen muchas preguntas intelectuales y científicas respecto de su eficacia y si la seguridad de la vacuna es la misma en personas VIH positivas que en personas que no lo son”, señaló Faras.
Una de las principales críticas tanto de Víctor Hugo Robles como de las organizaciones por los derechos de las personas con VIH Sida tiene que ver con los problemas comunicacionales del Ministerio de Salud, un asunto que ha sido reiterado por expertos en epidemiología y comunicación de los riesgos. Así lo reiteró Marco Ruiz, del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA quien señaló que existen demasiadas interrogantes sobre cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación para este grupo de riesgo.
“Nuevamente la política y la estrategia del Minsal sigue siendo confusa, por lo menos para quienes vivimos con VIH, sin tener la claridad y consideración de la situación de vulnerabilidad social en la que viven muchos de ellos. Estamos aún a tiempo de convocarnos y reflexionar para revisar estas indicaciones que nos entregan las autoridades sanitarias”.
La acción constitucional presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago busca que se ordene al Ministerio de Salud a tomar las medidas necesarias en orden a dar cumplimiento a la obligación legal de participación de la comunidad y de confidencialidad y no discriminación en la campaña de vacunación contra el COVID-19, y así cumplir con el fin último de proteger la vida e integridad física y psíquica, la integración social y los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA.
