Una primera denuncia penal, presentada este lunes por el abogado Luis Mariano Rendón, da cuenta de las repercusiones de un reportaje publicado por el medio Ciper Chile la semana pasada, y que revela que una empresa agrícola controlada por el empresario Andrónico Luksic utilizaba una bomba para extraer 100 litros de agua por segundo en el Valle del Elqui.
Este fin de semana, una entrevista al vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, publicada por nuestro medio, ya daba cuenta de las graves implicancias que tendría este hecho en la zona, con un nivel de extracción de agua igual a lo que utilizarían casi 60 mil personas en un día; número que además representa casi doce veces más la población de una de las comunas más afectadas, Paihuano.
Sin embargo, aún cuando las investigaciones tendrán que determinar si, tal como plantean los testimonios en el reportaje, la bomba fue utilizada por la Agrícola El Cerrito por alrededor de 15 años, para el director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, se trata de un hecho que da cuenta del desapego a la normativa que existe en el país sobre el tema hídrico, justamente en un momento crucial por la crisis que representa.
“Evidentemente, la extracción de agua en canales que se encuentran en zonas en donde cada vez las precipitaciones son menores, y en donde la disponibilidad hídrica es menor, tiene un impacto respecto de las actividades productivas y para con las personas y el medioambiente en la cuenca. Esto sin contar que en Chile el agua está privatizada de facto, y que además significa que aquellas personas que están en las cuencas posteriores, dada la primacía de actividades productivas, terminan viendo amenazado su suministro de agua”, aseguró.
Además de esto, para Asun, este caso cobra aún más sentido porque vuelve a poner las miradas sobre uno de los empresarios más poderosos del país, Andrónico Luksic, que no es un inexperto en sucesos que han significado un daño a las fuentes de agua en Chile.
“Andrónico Luksic me ha respondido muchas veces diciendo que él no es un empresario forestal, no es un empresario papelero, que él solo era un empresario minero. Y la verdad es que tiene bastantes más rubros; sin embargo, aun dentro de la minería, que Antofagasta Minerals sea una de las empresas identificadas como de las mayores destructoras de glaciares en Chile, solo confirma que el problema del agua hoy es la injusticia, y que básicamente destruyendo y apropiándose de las aguas se han construido en Chile las grandes fortunas”, criticó.
Como se sabe, increpado en su cuenta de Twitter por el caso, Luksic no solo corroboró ser el controlador de Agrícola El Cerrito, sino que también -muy en órbita con la justicia- aseguró que, de comprobarse las irregularidades de dicha empresa, la falta debe ser sancionada “con toda la fuerza de la ley”.
Una agrícola propiedad del empresario Andrónico Luksic utilizaba una bomba de extracción de agua que estaba fuera de toda norma. El Valle del Elqui sufre desde hace años una grave sequía que tiene en aprietos a los pequeños agricultores 👉https://t.co/8L7ubcFX1c pic.twitter.com/t2vc8yi1Pa
— CIPER Chile (@ciper) February 19, 2021
Al respecto, Asun consideró de “absurda” la respuesta del también accionista de Antofagasta Minerals, dado que ya anteriormente, la justicia ha fallado en su contra por casos como la afectación a la comunidad Caimanes provocada por el tranque El Mauro.
“La verdad es que en casos de fortunas como la de Andrónico Luksic, que la justicia opere con las multas irrisorias la verdad es bastante mediocre. Yo esperaría de una persona así de poderosa y permanentemente cuestionada por sus inversiones -apoyando a Alto Maipo, en la minera Antofagasta Minerals- una autocrítica mayor y un poco menos de hipocresía cuando señala que él está dispuesto a cumplir las leyes, y que está mal que exista la expropiación de bienes en Chile, cuando en realidad es claro que él se ha beneficiado de eso”, manifestó.
Con los antecedentes revelados, según Asun, la investigación del caso deberá determinar principalmente cuál fue la cantidad de agua extraída por la empresa, aunque, aun sin esta determinación clara, la propia instalación de la bomba debería significar una multa significativa.