La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respondió a nueve preguntas formuladas por la fiscal que investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido social de octubre de 2019, Claudia Perivancich, Fiscalía regional de Valparaíso.
Perivancich es quien dirige la investigación que busca determinar si hubo o no delitos de lesa humanidad durante la crisis social. Y si existió responsabilidad por parte de los distintos querellados en esta causa: el Presidente Sebastián Piñera, sus exministros del interior, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, junto con el ex general director de carabineros Mario Rozas y su sucesor b
Como representante del organismo internacional, Michelle Bachelet fue consultada por el Ministerio Público sobre la misión que se envió a Chile para revisar la actuación y procedimiento de agentes del Estado en el marco de la crisis social.
En el texto la exmandataria explicó, en relación con el informe emanado desde su oficina, que “entre otras conclusiones, cabe destacar que el informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos lleva un seguimiento de las recomendaciones que realizaron al Gobierno. Al respecto, Bachelet contestó que se está desarrollando un documento para dar cuenta del cumplimiento de las propuestas realizadas.
Con respecto a si se realizaron reuniones entre la oficina y el Gobierno, la Alta Comisionada contestó que “la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones en Chile, desde el 18 de octubre de 2019″.
Sin embargo, agregó que “la oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la oficina”.
“Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza (incluso, en contra de manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud). En esta reunión, la oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”, declaró Bachelet.
También, se refirió al Ministerio de Salud en relación a los brigadistas voluntarios de salud que asisten desde esa fecha a manifestaciones: “El 6 de febrero de 2020, integrantes de la oficina regional se reunieron con la más alta autoridad del Ministerio de Salud y le solicitaron que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud, en respuesta a informaciones que indicaban que habían sido reiteradamente agredidos por miembros de Carabineros de Chile. La solicitud no fue aceptada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”.
Gobierno refuta dichos de Michelle Bachelet
Desde el Ejecutivo no tardaron en reaccionar a las declaraciones de la exmandataria, a través del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien aseguró que no son los expresidentes quienes determinan si en Chile hay o no violaciones a los derechos humanos, sino que los tribunales de justicia.
“En un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son expresidentes, sino que son los tribunales de justicia”, señaló Bellolio.
“En nuestro país hay un orden democrático y, por tanto, eso está en mano de los fiscales y de los tribunales, y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con derechos humanos para este Gobierno son fundamentales, porque hay un compromiso clarísimo: Nunca, jamás, se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos”, agregó, para finalizar señalando que “ese compromiso implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”.
