El Instituto de Salud Pública (ISP) impusó una multa de 66 millones de pesos a los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron repartidas en hospitales públicos y desencadenaron, según las denuncias, al menos un centenar de embarazos no deseados, una sanción calificada de insuficiente por representantes de las víctimas.

Un total de 111 mujeres denunciaron en los últimos meses haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos en centros de salud del Estado.

Según la organización Corporación Miles, la compensación entregada por el ISP no logra una reparación real a las victimas, es por esto que en conjunto con la plataforma feminista Women’s Link Worlwide, elevaron el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Laura Dragnic, coordinadora legal de “Miles” comentó que esta medida tomada no reconoce ni le da la real gravedad al asunto.

“Creemos que es una medida absolutamente insuficiente, creemos que es una multa que no reconoce la gravedad de los hechos que hay detrás de esta situación, y aún cuando esta multa es producto de un sumario sanitario, por lo tanto ese dinero va a las arcas fiscales y no a las víctimas directas, creemos que es un precedente para considerar cuál es el valor que el Estado le está dando a esta situación tan grave de la afectación de los planes de vida a corto, mediano y largo plazo de más de 150 mujeres hasta el momento“, comentó.

Otra organización que se mostró en desacuerdo con la medida compensatoria fue la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), quienes sostienen que el problema es mucho más complejo y que no es posible solucionarlo con la sola imposición de una multa pues esto no mejora en nada la situación económica de las afectadas, sobre todo en el contexto actual en que la pandemia ha develado que las mujeres son las que más han sufrido con los efectos de la crisis. 

Carla Tito, parte del equipo de Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) de Abofem, en  entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, manifestó que antes de cualquier medida compensatoria primero es necesario dimensionar el daño que fue provocado en cada una de las mujeres, porque  esta situación no sólo se traduce en el costo del embarazo y/o de la crianza, sino que dependiendo de la realidad de cada una pueden ser distintos problemas los que desemboque; desde problemas de salud mental, problemas con su entorno, situación socio económica, etcétera.

“Todas las que consumieron estos anticonceptivos lo hicieron porque tomaron la decisión de no ser madres y confiar en la fiabilidad de un medicamento que fue autorizado para su comercialización en Chile, por lo tanto no puedes atribuirles un ninguna negligencia en su actuar, por el contrario, la medida óptima de reparación debiese ser el acceso a una interrupción del embarazo en aquellos casos en que las mujeres así lo deseen, indemnización de perjuicios por los daños causados y acceso a todo lo económico social“, agregó la abogada.

De primera fuente 

Tabita Daza Rojas, mujer de 29 años que vive en la ciudad de Copiapó, tiene dos hijos, uno de 11 años y otro de 9, y actualmente tiene 8 meses de embarazo producto de los anticonceptivos defectuosos  del Laboratorio Andrómaco.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, confesó que se enteró por la televisión de esta noticia, razón que la motivó a realizarse un test de embarazo el cual arrojó que ya tenía 2 meses de gestación. “Fue en ese momento cuando yo y mi pareja quedamos impactados, pues ninguno de los dos quería ser padre”.

La mujer había comenzado a usar este método a recomendación de su ginecólogo quien le dijo que el implante de la T de cobre le estaba causando quistes. “En ese momento comencé a usar pastillas. Lo que más lamento de esta situación es que fue una decisión que no estaba considerada en mis planes, afectándome emocional y económicamente, sin mencionar que no he recibido ningún tipo de ayuda del Estado”

“Yo responsabilizo al Estado, porque es este el encargado de revisar todos los medicamentos que entran y se administran en el país porque finalmente yo no saco nada con el Cesfam, y decir estos remedios están malos, porque lo único que me dijeron y que hicieron fue pedirme disculpas, y honestamente eso para mí no cuenta”, aclaró Tabita.

Actualmente la joven debe lidiar con las complicaciones propias de un embarazo, pues los primeros meses de gestación fueron muy complicados, teniendo mareos, vómitos y otros síntomas causados por los quistes que ella tiene alojados en uno de sus ovarios. Hoy ella pide al Estado de Chile que se haga responsable y habilite otras formas de ayuda a las víctimas, como por ejemplo un acompañamiento o mensualidad que les aliviane la carga económica de mantener un bebé.

Esta situación es de suma gravedad pues la mayoría de las afectadas directas correspondía a sectores de bajos recursos socioeconómicos, a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.