El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso una multa de 66 millones de pesos a los laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A. por “sus responsabilidades en la distribución y fabricación” de píldoras Anulette CD que presentaron “problemas de calidad” en sus series B20034A y B20035A.

Ambos laboratorios produjeron píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron repartidas en hospitales públicos, causando más de un centenar de embarazos no deseados. Un total de 111 mujeres denunciaron en los últimos meses haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos en centros de salud del Estado.

Los problemas detectados fueron presencia de alvéolos vacíos, alvéolos con comprimidos triturados, dos comprimidos en un alvéolo, entre otros en varios blísteres, lo cual vulneró distintas normas contenidas en el Código Sanitario y el Decreto Supremo Nº 3, del año 2010, del Ministerio de Salud.

La falla en los medicamentos fue denunciado por el ISP entre marzo y septiembre de 2020, y señala que de ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas que se  estaban administrando en centros de salud públicos, las pastillas estaban defectuosas y se ordenó su retirada del mercado.

Sin embargo, el organismo emitió otra resolución en la que permitía distribuir los blísteres de Anulette CD, que ya estuvieran repartidos en los centros de salud, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables.

“El sistema regulatorio de medicamentos estipula que una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca e importe cumpliendo las especificaciones”, señaló el ISP en un comunicado.

Una sanción insuficiente 

La Corporación Miles, junto a la plataforma feminista Women’s Link Worlwide, elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que esta sanción no es suficiente pues no se logrará una reparación de las víctimas: “Parece una burla“, dijo a radio Cooperativa la abogada y directora de Miles, Javiera Canales.

“Se estima que el 60 por ciento de las mujeres en Chile consume este anticonceptivo en particular, por lo tanto, esto impacta directamente en los proyectos de vida a corto, mediano e, incluso, a largo plazo de mujeres que estaban ingresadas a un programa de regulación de la fertilidad. Con la información que nos dieron, sabemos que se distribuyó a todo Chile, excepto a Arica”, señaló.

Esta situación es de suma gravedad según relatan las afectadas directas, pues la mayoría de mujeres correspondía a sectores de bajos recursos, a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.