Durante los meses más álgidos de la pandemia, Víctor Hugo Robles conoció el caso de un trabajador seropositivo de Talca, que solicitó a la empresa donde trabajaba poder hacerlo de forma remota. Para esto, según cuenta el activista, esta persona tuvo que presentar un certificado que lo acreditase como persona con una enfermedad crónica, lo cual terminó exponiendo su situación clínica ante sus empleadores.

El resultado final del caso es que meses después de lo ocurrido, dicho trabajador fue despedido de su centro de labores, bajo la excusa de “necesidades de la empresa”.

“Casos como este se repiten a diario en el país”, afirma Robles. Sin embargo, pese a las diversas implicancias que tiene para una persona seropositiva revelar su situación clínica, “el Ministerio de Salud, las autoridades políticas y sanitarias de nuestro país, en vez de enfrentar el problema están promoviendo la discriminación y el estigma”, esto por la poca claridad con la que están manejando los protocolos de vacunación contra el COVID-19 para este grupo de personas.

Recapitulando el historial de pronunciamientos que ha emitido el Minsal al respecto, el primero fue un documento correspondiente al 29 de enero, en donde se estableció una serie de condicionantes para la vacunación, que incluía la presentación de un certificado médico que acredite ser persona seropositiva.

No obstante, ante la presión de diversas entidades, así como de un recurso de protección interpuesto por el propio Víctor Hugo Robles, el Ministerio respondió con la modificación de dicha orden, mas no prestó atención a otros petitorios, como por ejemplo, permitir que los centros donde se atienden las personas con VIH puedan ser también centros de vacunación, dado que cumplen con ciertos requisitos de seguridad.

“Es una política injusta, arbitraria y poco equitativa, porque en todo el país las personas van a tener que ir a vacunatorios públicos, a los consultorios de barrio, a los Cesfam, a escuelas e incluso a estadios vacíos, como está ocurriendo en el estadio Sausalito, en Viña del Mar, y aquí en La Florida. No todos vamos a tener el espacio confiable, seguro. Lo que le pedimos a la Corte es que establezca el principio de la igualdad ante la ley, ante el acceso a la salud, y que ordene en mi caso vacunarme en el San José, y que eso sirva como ejemplo”, explicó sobre el tema, Víctor Hugo Robles.

La orden de no innovar a la que hace referencia el periodista, y que fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones, argumenta que en otros lugares del país sí se ha permitido usar espacios seguros para personas con VIH como centros de vacunación. Sucede así, por ejemplo, en el caso de los hospitales de Arica, de Osorno, Puerto Montt y Castro.

Este petitorio, además, ha sido respaldado en el transcurso de la última semana por entidades como el Colegio Médico, de Matronas y de Enfermeras. Sin embargo, según Robles, pese al silencio que ha guardado el Minsal frente a este tema, la situación empezó a generar mayor suspicacia en las organizaciones que trabajan con personas seropositivas, por unas declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en donde prácticamente desconoce los propios protocolos emitidos por el Ministerio.

“No comprendemos la actitud obtusa del ministerio de Salud de no entregar una respuesta clara y de mantenerse en la línea de que las personas que viviendo con VIH van a ser obligadas a vacunarse en lugares donde no se va a proteger la confidencialidad de las personas. Pero mucho más grave es que en el punto de prensa de la semana pasada, en La Moneda, la subsecretaria Daza señaló que las personas crónicas están incluidas en la vacunación, pero que tienen que presentar un certificado médico o algún examen para acreditar su situación”, manifestó Robles.

Por tal motivo, el activista también fue enfático en recordar sobre la importancia de la confidencialidad en este tipo de casos, puesto que se trata de una enfermedad con consecuencias muy distintas a las que podría tener cualquier otra de tipo crónico.

“Existe la Ley 19779, que establece obligaciones del Estado, del Ministerio de Salud, respecto al tratamiento de las personas viviendo con VIH. Ésta es una enfermedad sensible, crónica, pero no es igual a la hipertensión o a la diabetes. Nadie es discriminado en nuestro país por ser hipertenso; sin embargo, una persona viviendo con VIH sí es discriminada, es expulsada de su trabajo, de su hogar, tiene dificultades para establecer relaciones afectivas y amorosas por su situación clínica”, explicó.

El llamado en el que insistió Robles para las personas que viven con VIH es, primero, a seguir presionando desde sus territorios para que el Gobierno les permita usar sus centros de tratamiento como vacunatorios. En el caso de no suceder esto, el activista recuerda que igual es importante participar del proceso de vacunación, pero evitando presentar cualquier tipo de información, ya sea de palabra o por escrito, que de cuenta de cuenta de la situación clínica de la persona.