Si bien la Constitución de 1980 fue una de las primeras en incluir el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, su estructura general no contribuyó a que pudiera transformarse en algo real en la vida cotidiana de los habitantes del país.

Sin embargo, ad-portas del inicio de un proceso constituyente, la discusión vuelve a tomar impulso, sobre todo porque, en los últimos años, muchos de los problemas que aquejan al país tienen su origen en la desprotección de los recursos y en la casi nula inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectarán sus territorios.

Precisamente sobre este tema trató la última edición del foro radial del Senado Universitario de la Universidad de Chile, Hablemos Todus, que contó con la presencia de la doctora en Derecho y coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Constitucionalismo Ecológico, Liliana Galdámez, y el economista ambiental, Alfredo Sfeir, quienes en un panel moderado por el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, reflexionaron sobre la importancia del desarrollo sin descuidar la protección de los recursos.

Liliana Galdamez.

Así, para abrir el debate, la doctora Galdámez explicó que en la Constitución vigente existe en el artículo 19, numeral 8, el derecho fundamental a vivir en un medioambiente libre de contaminación, pero con algunas cláusulas que limitan a los legisladores a considerar otros derechos cuando está el medioambiente de por medio. Es decir, por ejemplo, en el caso de la minería, si bien se trata de un recurso de la naturaleza, la protección de ésta se encuentra supeditada al llamado “derecho a la propiedad”.

“La constitución del 80 reconoce el derecho de aprovechamiento de agua, pero no tiene como derecho humano al agua. Esto es un poco de lo que habla la sentencia de la Corte Suprema, sobre Petorca, donde se reconoce la existencia de un derecho humano al agua pero por vía interpretativa. Entonces, me parece que en esa futura Constitución debe consagrarse ese derecho humano al agua, así como un rol fuerte del Estado en la ordenación y en la distribución del agua. No puede ser un bien de tanta trascendencia quede regido por el derecho de propiedad”, explicó la académica.

Partiendo de este tipo de falencias de la Carta Fundamental vigente, el economista ambiental, Alfredo Sfeir, se refirió al proceso constituyente como una oportunidad para mirar al desarrollo como lo están haciendo otros países del mundo, respetando diversos lineamientos en materia medioambiental y pensando en el futuro de los recursos naturales.

“La constitución no puede ser una lista de cosas, no puede decir aquí está lo del agua. Eso no va a ayudar a entender que hoy día, internacional y nacionalmente, la sustentabilidad es el eje central de todo. A nivel internacional hay más acuerdos, hay más consenso en el manejo de los bienes naturales, con todas las problemáticas que hay en los países, pero aquí en Chile tenemos que usar este proceso constitucional para lograr esos acuerdos y lograr una sociedad sostenible”, manifestó.

Esto mismo, dijo, debe estar acompañado de otros factores que integran a la sustentabilidad, como el empoderamiento de la ciudadanía y la no separación del ámbito privado con el cuidado medioambiental.

Alfredo Sfeir.

“Dictar derechos, decir esto es privado, esto es público, esto es colectivo, no es una condición suficiente para el mejoramiento del medioambiente. Aquí tiene que haber mucho más, de modo que acompañe una estructura de derechos, entre ellos la participación, la democracia, las comunidades y los mecanismos institucionales de expresión”, señaló.

Finalmente, los participantes hicieron hincapié en que el rol de la Universidad de Chile en medio de este debate previo al proceso constituyente es aportar conocimiento, pero también valorizar su carácter pluralista. En momentos cruciales como los que vive la sociedad chilena actual, aseguraron, será trascendental la integración de todas las miradas posibles sobre todo en temáticas que, como esta, suelen polarizar opiniones.