Este miércoles, Amnistía Internacional entregó su Informe Anual 2020-2021, en el que se aborda la situación de derechos humanos en diversos lugares del mundo, dando cuenta de que, en el caso de Chile, la situación es preocupante.

El organismo internacional manifestó su preocupación por la manera en que el Gobierno chileno ha enfrentado las dos grandes crisis que ha vivido el país en los últimos años -estallido social de octubre de 2019 y la pandemia del coronavirus-, en donde han visto que el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las demandas de la ciudadanía y a las exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18-O.

En conversación con Radioanálisis, la directora ejecutiva de Amnistía Chile, Ana Piquer, abordó las principales conclusiones del completo informe de la organización y los elementos que revisten mayor preocupación para quienes buscan relevar la importancia del respeto a los DD.HH.

¿Cómo explicarían la situación de los DDHH actualmente en Chile?

“Primero decir que la situación en Chile de alguna forma también se hace parte de una situación mundial que ha estado marcada, por una parte, por movimientos sociales muy activos que han estado poniendo sobre la mesa el efecto que tiene el sistema que tenemos en la dignidad y los derechos de las personas, que no está realmente resguardando a todas las personas y está dejando a mucha gente atrás.  En segundo lugar, está muy marcado también, por supuesto, por la pandemia, que de alguna manera profundizó o hizo aún más visibles esas desigualdades. Y lamentablemente en un mundo en que los liderazgos, los gobiernos, las personas con más recursos, no han estado a la altura de los tiempos extraordinarios que vivimos y ha sido la propia gente la que ha tenido que, de alguna manera, generar esos liderazgos y cuidarse como puede en las circunstancias en las que estamos.

Eso ha pasado en todo el mundo y Chile no es la excepción. En Chile los movimientos sociales fuertes estuvieron marcados por el estallido social a partir de octubre de 2019, en que hubo un grito muy fuerte desde la ciudadanía de que las desigualdades en Chile ya no dan para más y que están perjudicando gravemente en su dignidad y derechos a muchas personas. Y en pandemia vimos cómo ese reclamo tenía toda la razón y se agudizó de manera muy profunda. Nuestra mayor preocupación es que lo que estamos viendo no es, por lo menos desde el Gobierno, no estamos viendo una intención de hacerse cargo de eso para mejorarlo, sino que más bien se sigue haciendo exactamente lo mismo. No se está escuchando a la ciudadanía, no se está escuchando a las víctimas de violaciones a los DD.HH., no se está escuchando ni siquiera a los expertos y expertas en el manejo de la pandemia. Eso está produciendo un deterioro sostenido en la situación de derechos humanos en Chile”.

El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a más de 3.000 víctimas: Foto: Reuters.

Este grito que se dio en octubre de 2019 tuvo una respuesta bastante violenta por parte del Estado, hubo violaciones a los derechos humanos que han tenido una respuesta muy lenta por parte de la Justicia en todo sentido. ¿Cómo evalúan ustedes esa situación?

“En ese tema, lamentablemente, son muchísimos los puntos de preocupación graves. Si uno mira la tríada de justicia, reparación y garantías de no repetición, de alguna manera vemos que en ninguno de esos flancos estamos bien. En lo que refiere a justicia, si bien hay algunas causas, más emblemáticas, que están avanzando e incluso se han hecho diligencias para apuntar a la responsabilidad de mando, como podría ser el caso de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay o el adolescente que fue arrojado al lecho del río Mapocho; hay cifras recientes de que alrededor de la mitad de las causas se están cerrando sin formalizados. Eso contrasta muy fuertemente con el hecho de que las causas en contra de personas que han sido imputadas por presuntos delitos ligados al estallido social, esas causas sí avanzan mucho más rápido y en algunos casos hay condenas o absoluciones, hay sentencias definitivas, siendo que las causas por violaciones a DD.HH. solo hay una sentencia.

Eso también tiene que ver con una decisión finalmente política de dónde se ponen los recursos y qué diligencias se aceleran, dónde se ponen los recursos tanto del Gobierno como de la Fiscalía y PDI para darle prioridad a determinadas causas. Pese a que ha habido un intento fuerte desde la Unidad de DDHH de la Fiscalía Nacional, pero todavía hay mucha debilidad en términos de avanzar en esas investigaciones, y sobre todo en las causas de región”.

También está el tema de reparación para las víctimas… ¿Cómo ven esa situación?

“Ahí ha habido sólo un programa de reparación más anunciado, que fue el Programa Integral de Reparación Ocular para víctimas de trauma ocular, conocido como el PIRO, pero que las propias víctimas llevan meses reclamando las deficiencias que tiene. Un programa incompleto, que tampoco llega a regiones, que ha sido incluso revictimizante para las propias personas que lo usan, que ha habido graves incidentes de discriminación en contra de los usuarios del programa. De hecho, este miércoles estuvimos acompañando a las víctimas en una reunión con el Ministerio de Salud en que ni siquiera acusaron recibo de todas esas peticiones que vienen haciendo desde el año pasado. Ni siquiera hubo un acercamiento o algún tipo de comunicación en términos de decir ‘sí, lo leímos y estamos pensando en implementar esto o esto otro’, nada. Entonces, de nuevo, uno se encuentra con una pared. Y eso es sólo las víctimas de traumas oculares, hay muchas otras víctimas que no tienen ningún tipo de programa de reparación y en donde el discurso del Gobierno ha sido que hay que esperar la sentencia judicial. Y si tienen que esperar años para recién tener una sentencia y poder acceder a una reparación, ¿en todo ese tiempo qué hace?”.

Desde el estallido social de octubre de 2019 hasta la fecha, son más de 400 las víctimas de trauma ocular producidos por disparos de funcionarios de Carabineros. Foto: Reuters.

“Por último, en términos de medidas de no repetición, tiene que ver con la necesidad urgente de una reforma real a Carabineros de Chile. De hecho, hemos hablado ya derechamente de que necesitamos una nueva policía que responda a las necesidades de una democracia que quiera ser respetuosa de los DD.HH. Y ahí tampoco hemos visto absolutamente ningún avance, al punto que incluso el Ministerio del Interior tenía una página web dedicada a la reforma de Carabineros que ahora ya no está disponible, ni siquiera sabemos dónde está”.

¿Cómo han visto desde Amnistía Internacional el manejo que ha llevado el Gobierno de Chile en torno a la pandemia y la crisis que derivó de ésta?

“Uno de los mensajes que hemos estado repitiendo mucho desde el lanzamiento del informe es esta actitud de un gobierno que no escucha. Ya hablábamos de una parte en la que no escucha, que tiene que ver con las violaciones a DD.HH. en el estallido social, al no escuchar a las víctimas y minimizar con ese discurso de que no hubo tal crisis, que ya volvimos a la normalidad y que, de alguna manera, son casos puntuales que tiene que ver la justicia.

En lo que se refiere a la pandemia, también la actitud ha sido similar, al dar un discurso que no parece hacerse cargo de la crisis en la que estamos, sino que, por el contrario, está destinado a salvaguardar la responsabilidad del Gobierno frente a este tema. En ese sentido, el mostrar las cosas que han hecho y con eso dar un mensaje de una falsa seguridad, que puede hacer que la gente descuide ciertas medidas, o bien un discurso con una suerte de triunfalismo, en que finalmente todo es culpa de la gente porque no se cuidan, cuando hay muchas medidas y recomendaciones que han hecho los expertos respecto de las necesidades que tiene la población para poder hacer cuarentenas efectivas, y que no se han adoptado.

Entonces, la verdad es que es bien frustrante, para quienes estamos tratando de levantar las preocupaciones en derechos humanos, encontrarnos frente a esta pared que, en definitiva, no parece acusar recibo. En Chile hemos vivido dos crisis seguidas, muy profundas, y el Gobierno sigue utilizando las mismas herramientas, sigue sin escuchar y sigue sin hacer ningún cambio de dirección significativo. Acá la esperanza que nos va quedando es el debate constituyente, que eso ayude a dar una nueva dirección, generar una discusión más en profundidad de los cambios que hay que hacer para de verdad tener un sistema que garantice derechos a todas las personas”.

Abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Nueva York. Ingresó a Amnistía Internacional en 1990, ha sido presidenta de su Junta Directiva y desde 2011 se desempeña como directora ejecutiva. Foto: Amnistía Internacional.