La del profesor de matemáticas Roberto Campos es una situación compleja. Acusado de romper un torniquete de la estación San Joaquín del Metro durante la tarde del 18 de octubre de 2019, su caso se ha transformado en uno de los emblemas de la persecución encomendada por el actual gobierno al Ministerio Público de quienes cometieron delitos durante el estallido social. Y a la espera del inicio del juicio oral que definirá su futuro, este lunes la Fiscalía pidió para él nada más ni nada menos que ocho años de cárcel.

La situación de Campos y otros imputados por desórdenes en el contexto de la revuelta de octubre, muchos ya absueltos luego de pasar largos períodos en prisión preventiva, ha vuelto a abrir el debate en torno a las reales motivaciones de un sistema de justicia penal en el que, para algunos, la proporcionalidad no pareciera ser un valor relevante.

Es el caso del juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia -hoy relegado a un tribunal de cobranza por una decisión que califica como “ilegal” de la Corte de Apelaciones de Santiago-, quien, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile criticó el actuar del Ministerio Público en la persecución de los delitos ligados al estallido social.

¿Es proporcional esta petición de la Fiscalía, considerando lo que ha ocurrido en otros casos similares?

Sin perjuicio de no conocer el caso en concreto, con todas sus aristas, llama la atención la desproporción de la petición de la Fiscalía. Esto en un contexto en el cual hay que tener una mirada un poco mayor, entre la percepción de que el Ministerio Público actúa muy duramente en contra de personas que pudieron haber atentado contra la propiedad y muy negligentemente en relación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Entonces, se produce una desproporción, que es evidente, en relación a cuáles son los bienes jurídicos protegidos.

Uno esperaría, desde el punto de vista del Estado de Derecho, que la proporcionalidad de la respuesta estatal sea un valor. Es decir, no es lo mismo responder ante el robo de una gallina a responder, por ejemplo, frente al quitarle tierras a una comunidad. Y esto es una repetición de cuestiones que han ocurrido en el transcurso de la historia de Chile, entonces no es una situación absolutamente particular. Sin perjuicio de eso, como lo estamos viviendo en el presente, se hace más claramente intolerable esta desproporción de proteger, por un lado, una propiedad o más bien una cosa, más que los derechos de las personas.

¿Qué señal se da a la sociedad con este actuar del Ministerio Público?

Hay alguien que señaló por redes sociales que por qué no le daban clases de ética al profesor, haciendo justamente el símil en esta desproporción y en esta discriminación que se percibe por parte del órgano persecutor que, ojo, tiene la obligación y tiene a su cargo la política criminal. Es decir, ellos son los encargados en el Estado de Chile de desarrollar justamente ese tipo de persecución. O sea, cómo se persigue es responsabilidad del Ministerio Público, no del gobierno ni del Poder Judicial. Ellos tienen esa responsabilidad constitucional y no puede ser arbitraria su persecución, tiene que estar en base a ciertos antecedentes y situaciones. Al parecer, esta desproporción entre una y otra, como por ejemplo las violaciones a los DD.HH., no parece razonable.

El pofesor de matemáticas Roberto Campos estuvo dos meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad por estos hechos, hasta que la Corte de Apelaciones ordenó su libertad. Foto: Agencia UNO.

¿Es sólo una cuestión de percepción?

No es una cuestión de percepción cuando ya hay varios estudios y varios expertos internacionales que señalan que el Ministerio Público no está siendo diligente ni profesional en las investigaciones de violaciones a los DD.HH. Ese contraste es inaceptable. Tenemos el informe del año pasado del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Fundación del Debido Proceso Legal (DPLF) y de la Universidad de Chile, que señalan que no se cumplen estándares internacionales en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Es mucho más grave un caso de tortura que romper un torniquete, en eso estaremos todos de acuerdo, la pregunta es por qué el Ministerio Público no lo ve. Qué es lo que pasa en el Ministerio Público que no hay ese desarrollo de proporcionalidad. Además con una pena tan alta, de ocho años, que incluso muchas veces el Ministerio Público pide esa pena para un homicidio o por ejemplo violación. Entonces, la conducta del profesor, ¿es más grave que un homicidio? Eso es lo que las personas no entienden.

En relación a las causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido, ¿se ve la misma actitud del Ministerio Público? ¿A qué atribuye esta diferencia?

Hace un mes tuvimos la información del INDH de que el Ministerio Público ha archivado 2.500 de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las han archivado, causas que, en su mayoría, son imprescriptibles porque son violaciones a los derechos humanos, los casos de tortura son imprescriptibles. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público archiva 2.500 causas como si fueran causas comunes cuando no lo son? ¿Y qué responsabilidad tiene ese fiscal que archivó esa causa? Esa pregunta es parte de una auditoría ciudadana y de una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, ¿hicieron todas las diligencias necesarias, desde el punto de vista nacional e internacional, para efectos de contar con los medios probatorios necesarios? ¿O solamente se quedaron con el parte policial o una orden de investigar antes que señala que fuimos, concurrimos y no había nada? Para cerrar y archivar 2.500 causas, parece que tiene que ver más con lo último.

La Defensoría de la Niñez ha señalado que se han archivado 500 causas de víctimas adolescentes. O sea, teniendo nosotros la obligación internacional de proceder con rapidez y verdad con mayor razón en los casos que incluyen a niños, niñas y adolescentes, tenemos esta situación en la que se archivan 500 causas en las que son víctimas. Eso nos habla de falta de seriedad, de diligencia y de oportunidad en el establecimiento de los recursos necesarios por parte del órgano persecutor para enfrentar estas investigaciones de delitos graves, cuando estamos hablando de la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha afirmado que alrededor de 2.500 querellas por violaciones a los derechos humanos han sido archivadas sin formalizados. Foto: Reuters.

¿Cómo ha respondido el Ministerio Público frente a esta crítica? Considerando que son varias organizaciones internacionales y diversos expertos los que comparten este planteamiento…

Pareciera ser que la Fiscalía Nacional no reacciona. El problema es que si no reacciona nos veremos enfrentados en el futuro a muchas denuncias internacionales por falta de diligencias, por falta de una investigación completa, por faltas al principio de la verdad y de la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Eso es importante señalarlo, porque eso es lo que nos va a ocurrir si no somos capaces como estado de dar una solución efectiva a las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social y comprometernos con las medidas de no repetición, de las que ni siquiera hemos hablado.

Hay quienes han planteado que, dadas las prolongadas prisiones preventivas a las que se ha sometido a imputados por desórdenes y sumado al hecho de que las causas por violaciones a DD.HH. se cierren sin responsables, habría una suerte de “inercia vengativa” contra las personas que participaron del estallido. ¿Qué le parece esa idea?

Yo creo que es cierto, y que eso se ve en las querellas que presenta el Gobierno. En todas las querellas que presenta el Ejecutivo siempre se infla más la situación, se apoyan muchas veces en las declaraciones y en lo que arma justamente la policía de Carabineros. Y que hemos visto, una y otra vez, que han resultado en ser montajes. Obviamente no son todos los casos, pero ya existiendo una gran cantidad de casos en los cuales hay un patrón que habla del invento de pruebas en contra de personas, hay que responder a esa situación con mayor acuciosidad y con mayor revisión.

Eso es lo que uno ve en las querellas del Gobierno, que en general no hay una reflexión acerca de si pudo o no existir un problema probatorio. Presentan estas querellas a través del Ministerio del Interior y las intendencias con un ánimo yo no diría de venganza, sino que un ánimo ejemplificador, desde su perspectiva, para intentar dar señales y evitar esas situaciones en el futuro. Pero en casos graves, en las violaciones a los derechos humanos, ¿dónde está el Gobierno querellándose?

Luego de que el juez del 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, resolviera rebajar las medidas cautelares de los imputados en el caso ‘primera línea’, la Corte de Apelaciones de Santiago lo relegó a un Juzgado de Cobranza Laboral. Foto: José Francisco Zuñiga / Agencia UNO.

En su opinión, ¿de dónde proviene esta actitud del Gobierno?

Yo creo que es su inercia en relación al orden. Es más importante el orden que la vida o integridad de las personas, eso es lo que se ve de sus querellas. ¿Por qué no hay querellas del Gobierno en contra de violaciones a los derechos humanos? Lo mismo con el Consejo de Defensa del Estado, cuando rechaza las indemnizaciones a personas que fueron mutiladas señalando que estaba bien la actuación de Carabineros y que ir a manifestarse fue exponerse al riesgo. Entonces, tenemos un problema grave estatal que se arrastra desde la dictadura, porque no fuimos capaces de dar una respuesta contundente en relación al nunca más, porque no modificamos las instituciones. Carabineros no se modificó, el Poder Judicial no se modificó.

Nosotros como Poder Judicial solo podemos dar indemnizaciones en dinero, pero no hay órdenes judiciales de no repetición, no hay indemnización integral, porque no es solo dinero, la reparación integral tiene que ver con la no exposición de la víctima, con no revictimizarla, con justamente le derecho a la verdad y, sobre todo, a que no se vuelvan a repetir los hechos. Y lo que hemos visto es que se repiten una y otra vez, porque no se modifican las estructuras. Por eso es tan importante el proceso constituyente.

Hay quienes dicen que la jerarquía que usted señala, en la que son más graves aquellos delitos en contra de los bienes materiales que aquellos en contra de las personas, se debe a que el modelo económico de alguna manera ha permeado en nuestro Código Penal. ¿Está de acuerdo?

El Código Penal es un ejemplo de política criminal de clase, eso es. ¿Quién escribió el Código Penal? La elite gobernante del año 1870: abogados, hombres y propietarios. Ellos escribieron el Código Penal, y un ejemplo evidente que se vuelve a repetir históricamente es el ejemplo del delito de usurpación de tierras. En el Código Penal chileno robar una vaca es más grave que robar tierras. ¿Es razonable esto? Obviamente no, ¿y por qué el robo de una vaca tiene una pena similar al homicidio y el robo de un fundo tiene una pena de multa? Porque está escrito en la década de 1870, y en ese momento en Chile los que escribieron el Código Penal estaban robándole las tierras a los mapuche. Entonces, si alguien los perseguía, solo les aplicaban una multa por robar tierras. Y eso está vigente hasta ahora, entonces, ¿por qué cuando los mapuche ahora recuperan un terreno o, digamos, cometen un delito de usurpación al revés, no les aplican una multa? Lo que hacen es aplicarles la Ley Antiterrorista, porque si aplican la usurpación tendrían solo una multa económica y baja además. En cambio, con la Ley Antiterrorista tienen penas de 10, 15 o 20 años de cárcel.

Entonces, efectivamente, toda la construcción legal es una construcción de clase. No se puede entender de otra manera, porque aquellos que escribieron nuestro Código Penal eran hombres propietarios blancos, y eso permea toda la estructura.

Foto en portada: José Francisco Zúñiga / Agencia UNO.