La revuelta de octubre de 2019 intensificó un fenómeno que ya había sido denunciado con anterioridad por las organizaciones vinculadas a los derechos humanos: los daños y vandalismos en los sitios de memoria y memoriales.   

Entonces, la situación llegó a tal punto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debió condenar los ataques que, para enero de 2020, habían afectado al memorial de Pichoy en la Región de Los Ríos, al Memorial por los Detenidos Desaparecidos de Concepción y la Casa de Memorias José Domingo Cañas en Santiago, entre otros. 

En ese momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por los atentados, indicando que “los sitios de memoria son una forma de conservar viva la memoria de las víctimas y despertar la conciencia para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a trabajar en un protocolo que fue presentado el jueves recién pasado de la mano del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Policía de Investigaciones (PDI).

El documento establece un nuevo mecanismo de denuncias, remitiendo las acusaciones a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional. Del mismo modo, establece que el CMN podrá inmiscuirse en el proceso penal, siempre y cuando el sitio de memoria afectado sea Monumento Nacional. 

“El protocolo permite agilizar la investigación de los casos, porque hoy se desarrollan pero no necesariamente llegan a una condena efectiva contra los responsables de los delitos de daño en sitios de memoria y memoriales. El protocolo lo que hace es permitir agilizar y coordinar esa investigación”, explicó Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Este protocolo establece un procedimiento común y coordinado para la tramitación de denuncias en sitios de memoria y memoriales. Hasta antes del protocolo, diversos organismos podían ser los receptores de las denuncias y no había una forma diseñada para tratar y centralizar la información”, añadió la autoridad. 

En la imagen, Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales.

Para Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, el protocolo constituye un avance, sin embargo, indicó que existe mucho escepticismo respecto de la medida: “Es difícil pensar que un protocolo vaya a cambiar una situación y un contexto que tiene un carácter estructural y que viene desde hace décadas. Esto no es que haya comenzado ahora o en los últimos meses o en los últimos años”.

“Más que medidas de ese tipo, sería importante que el conjunto del Estado condenara el negacionismo y la impunidad, porque estas condiciones son el caldo de cultivo de las agresiones a los sitios de memoria y las violaciones a los derechos humanos. Si tuviéramos un Estado que jugara un rol decisivo, comprometido a aportarnos información y destinando recursos para las investigaciones, la situación sería diferente”, comenta Elgueta. 

Alejandro Núñez, integrante de la Agrupación Memorial Aeródromo de Tobalaba y Coordinador de la Red de Sitios de Memoria, también valoró la medida, no obstante, indicó que lo ideal habría sido generar un proceso consultivo: “Evidentemente, se trata de un avance respecto del vacío que había, pero nunca es suficiente (…). Ojalá podamos estar integrados como representantes de lo que significa el rescate de memoria”, dijo. 

“Con el estallido social estos ataques se intensificaron, porque los memoriales y sitios de memoria simbolizan un tema que nunca ha sido zanjado en la sociedad chilena: el tema de los derechos humanos”, añadió, lamentando que esta medida se haya tomado de forma reactiva. 

Entre 2015 y 2020, el Consejo de Monumentos Nacionales recibió 24 denuncias de destrozos en sitios de memoria. De ese universo, el 95,8 por ciento de los daños se registraron entre 2018 y 2020, mientras el 70,83 por ciento se dio en el marco de las movilizaciones de octubre de 2019.

Hasta ahora, los sitios de memoria y memoriales sólo son resguardados a partir de la figura de Monumento Histórico y Monumento Público. Su categoría legal no existe de acuerdo a la actual ley de Monumentos Nacionales. Sin embargo, esto podría ser revertido en una futura ley de patrimonio, lo que sería un avance respecto de la protección de nuestra memoria histórica.