Los estudios de la salud pública venían advirtiendo desde antes del inicio de la pandemia acerca de los diversos factores socioeconómicos que impactaban directamente en la salud de la población. Hoy, en medio de la crisis sanitaria, estas diferencias siguen quedado en evidencia y están costando millones de vidas.

En Chile, según el doctor y académico de la nuestra universidad, Cristóbal Cuadrado, para medir el impacto de la pandemia, es importante tomar en cuenta las condiciones de vida de las personas y los factores sociales como sus condiciones de vivienda, laborales, posición socioeconómica. Es decir, prácticamente todo lo que acrecienta la desigualdad de las poblaciones.

“Una persona promedio de Cerro Navia y una de Vitacura tienen condiciones nutricionales distintas de base, un sistema inmunológico que es distinto por contaminación ambiental, nutrición, por su historia biográfica, que hace que sus sistemas inmunológicos sean diferentes. Y eso tiene un impacto, sumado a que la exposición es diferente, los resultados en salud son diferentes”, explicó Cuadrado.

En el caso del funcionamiento del sistema de salud, el especialista agregó que “no es lo mismo la accesibilidad que uno tiene en el sector oriente de Santiago, con múltiples clínicas privadas disponibles, que habitualmente no tienen el grado de saturación que tienen los grandes hospitales públicos de Santiago, donde el acceso es mucho más expedito, donde las personas reconocen más tempranamente sus síntomas para ir a consultar. Todos estos elementos impactan en el incremento de la mortalidad”.

Ante este escenario, Cuadrado aseguró que lo que tendría que estar haciendo el Estado es justamente hacerse cargo de los determinantes sociales de la salud desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, por ejemplo, y que es sumamente importante para el control de la movilidad y el cumplimiento de las cuarentenas, tiene que ver con las condiciones laborales de la población.

En este sentido, el académico explicó que “si sabemos que las personas de ingresos más bajos, que tienen empleos más precarios, tienen que salir de sus casas sí o sí, la única manera para que esas personas no salgan es que nosotros les entreguemos seguridad material a través de ingresos y subsidios que sean provistos por el Estado. Eso es esencial, pero en Chile no ha ocurrido. El apoyo social ha sido escaso, ha llegado tarde y ha requerido un montón de trámites que para la mayor parte de la población son inaccesibles y difíciles de comprender”.

Asimismo, enfatizó que en la redacción de una nueva Constitución espera que el derecho a la salud  tenga una visión mucho más holística que la actual. Es decir, que pueda construirse desde todos los sectores y políticas públicas y no estar concentrado solamente en el sistema de salud.

“Construir hospitales, formar médicos, tener más acceso a tecnología es sin duda importante, pero no permite por sí solos alcanzar objetivos sanitarios a nivel poblacional. Hay estudios de varias décadas atrás que indican que el sistema de salud contribuye solo a un 25 por ciento al nivel de salud de las poblaciones, el otro 75 por ciento es más bien explicado por las condiciones de vida de la población”, sentenció.