En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, se refirió a los datos que pudo obtener la institución desde el Ministerio Público y que reflejan el escaso desarrollo que han tenido las causas relativas a violaciones de los derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de las manifestaciones sociales que se iniciaron el 18 de octubre de 2019.

La defensora explicó que “desafortunadamente queda de manifiesto que no estamos siendo capaces, a través del Ministerio Público, de responder a las exigencias que imponen las violaciones a los Derechos Humanos a niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

En esa línea agregó que “solo el 1 por ciento de las causas se encuentra con formalización de cargos, la mayoría de las causas han sido archivadas, momentáneamente, y que además, en relación con el número de causas que se iniciaron por denuncias de la Defensoría, de 170 que se presentaron, solo el 29 por ciento de NNA víctimas han sido entrevistadas directamente por el fiscal o por el abogado visitante, esto contraviene incluso instrucción que la propia fiscalía ha establecido”.

Al respecto, Patricia Muñoz señaló que “el panorama es desolador y es particularmente grave si consideramos que permite favorecer esta percepción de impunidad que existe en la sociedad respecto de quienes usaron su rol policial para violar los Derechos Humanos”.

La defensora de la niñez fue enfática en señalar que “es indiscutible que lo que ocurre en Chile, desde octubre de 2019, constituye las violaciones a los DD.HH. Más graves desde el retorno a la democracia. Segundo, eso devela que en el caso de NNA el 83 por ciento dice relación con el comportamiento de Carabineros y eso habla que dicha policía requiere una reforma estructural que no se ha producido en muchos años y donde ningún gobierno tuvo la voluntad política de asumir que no era coherente seguir entregando recursos a la policía sin reflexionar en la forma en que ejecutaban sus acciones”.

Respecto de las razones que habrían detrás de estas demoras, si bien la defensora reconoció que al no poder ser querellantes (en casos de violaciones a los DD.HH. eso es competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos) no tiene mayores antecedentes respecto del desarrollo de las causas, si señaló que, de acuerdo a su experiencia como fiscal, puede tener una idea de lo que está pasando.

En esa línea señaló que “hay un rol policial que resulta ser ineficiente, y eso no es exclusivo de loa casos de violencia institucional, sino que en cualquier delito, es cosa de ver lo que ha pasado en la Araucanía donde hemos visto casos muy graves de violencia en contra de NNA y todavía no sabemos quiénes son los responsables”.

Asimismo agregó que “pero también se simplifica, por parte de la fiscalía, la gravedad de la investigación de delitos de esta naturaleza y el cumplimiento de los fiscales de entrevistar directamente a las víctimas y saber, de su propia mano, cuáles fueron los hechos sin la intervención de las policías(…) Por eso la necesidad de formación de los fiscales en investigaciones penales de violaciones a los Derechos Humanos es un desafío urgente para el Ministerio Público”.

La defensora recalcó que “si hay algo que los fiscales no pueden hacer es actuar sobre la base de preferencias o decisiones personales, teñidas de situaciones que no sean acordes con el principio de objetividad y ese principio obliga a que el fiscal considere todo aquello que sea responsabilidad de la persona, pero también de aquello que podría exculparle. El problema acá es que ni siquiera se ha llegado a la instancia judicial que pueda ponderar eso”.