En el contexto del Día Internacional de la Tierra que se conmemora este 22 de abril, Amnistía Internacional ha puesto énfasis en los riesgos y ataques a los que están expuestos los defensores y defensoras medioambientales principalmente en América, región más peligrosa del mundo para quienes están en la primera línea luchando por la protección de la tierra, el territorio y el medioambiente. 

Este jueves en la primera edición de Radioanálisis, Lorena Donaire, Defensora del agua y el medioambiente, Fundadora y Vocera de @ModatimaMujeres explicó a nuestro medio que en Chile, particularmente en la provincia de Petorca se ha dado una situación constante de acosos y persecuciones a los defensores del derecho humano al agua.

“Nos tratan de ecoterroristas, de rojos pintados de verde. Post estallido social, hemos sido bastante perseguidos y no podemos caminar tranquilos por las calles de nuestra provincia”.

Lorena Donaire. Foto@AmnistiaChile

Es en razón de esas circunstancias que Amnistía en Chile decidió visibilizar cómo la defensa de los territorios se ha transformado en una actividad extremadamente riesgosa, como lo graficó Ana Piquer en conversación con nuestro medio.

“Las cifras de 2019 de Global Witness hablan de más de 200 defensores y defensoras asesinados en el mundo, de lo que 2/3 ocurrieron en América Latina. La cifra es brutal”.

“Lo que nos hizo llevar a hablar de mujeres fue justamente que estando en terreno, nos dimos cuenta que son ellas particularmente afectadas y muchas veces se ven invisibilizadas por una serie de barreras que hacen muy difícil el que ellas realicen las denuncias. Eso genera un círculo vicioso porque al no denunciar no se generan medidas de protección, pero las dificultades para denunciar las pone el mismo Estado“, agregó.

En cuanto a las barreras para la denuncia que señala Ana Piquer, la dirigenta de Modatima Mujeres ahondó en su propio caso, cuando tres personas ingresaron a su domicilio y al solicitar la presencia de Carabineros la respuesta fue que no había vehículo para socorrerla.

“Es normal que cuando realizamos las denuncias nunca haya respuestas. Las denuncias que se han dejado en Fiscalía luego no se encuentran y si alguna prospera, al corto tiempo se nos informa que dada la falta de antecedentes, se cierran las causas. Hay una total desprotección, por eso desde Mujeres Modatima nos presentamos ante la Corte Interamericana para denunciar la falta de protocolos de protección y seguridad a los defensores y defensoras de DD.HH”.

Consultada sobre la falta de suscripción de Chile al Tratado de Escazú, Ana Piquer manifestó cómo esa decisión es una nueva señal de la ausencia de voluntad de proteger el medioambiente, de facilitar la participación, la información y la justicia en materia medioambiental y de proteger a quienes defienden el medio ambiente.

“El acuerdo de Escazú tiene un articulo específico que se refiera a las defensoras y defensores del medioambiente y desde Amnistía promovimos y consideramos fundamental en todos los países porque es un tratado de derechos humanos. Lamentablemente a último minuto y pese a ser convocante, se tomó la decisión de no firmar y ya pasó el plazo para hacerlo. A Chile ahora le queda la opción de adherir a este tratado que entra en vigencia justamente hoy.

La falta de voluntad de proteger a los defensores y defensoras viene de gobiernos anteriores, pero en este Gobierno se ha agudizado fuertemente en el sentido de respaldar intereses económicos y de tener un discurso que criminaliza o pone en un lugar negativo a quienes levantan la voz por el medioambiente, por el agua y los territorios, siendo que esas luchas no son por lugares específicos, sino que es por todas y todos”.

“Si no protegemos esos derechos ahora, el problema lo tendremos todos a futuro”, agregó la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

También respecto de la falta de firma al tratado de Escazú se refirió Lorena Donaire, quien lamentó la decisión del Gobierno, pero aseguró que los diferentes movimientos de defensa del Medio Ambiente seguirán movilizándose para que Chile adhiera al instrumento internacional en un futuro próximo.

En materia del proceso constituyente que está próximo a iniciar, Ana Piquer se refirió a la necesidad de reflexionar sobre cómo se integrará a la nueva Constitución el respeto a los tratados internacionales de DD.HH.

“Un elemento importante es saber cómo se incorporará el derecho a la protesta, a la reunión pacifica, el acceso a la información, la libertad de expresión y que queden limitados o acotados como lo están en la actual Constitución. Qué instituciones protectoras de los derechos humanos se resguardan y cómo aseguramos igualdad al acceso a la justicia para las personas, en particular para quienes defienden los DD.HH.”

“Cuando a Lorena le dicen que no hay vehículo o a Verónica, a quien trataron de atropellar, le responden que si no tiene la patente del vehículo no hay nada que hacer eso es una absoluta ausencia de voluntad para proteger a quienes están alzando la voz en defensa de los derechos humanos. Eso es un problema institucional que debiera ser parte de la nueva Constitución”, concluyó Piquer.

Ana Piquer.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional hizo un llamado a la Fiscalía de Chile a asegurar que las personas que sean víctimas de este tipo de hechos puedan denunciarlo de manera expedita e investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial todas las denuncias interpuestas por las defensoras de Mujeres Modatima.

“Por cierto, es imprescindible que lleve a la justicia a los responsables de los ataques y establezca mecanismos de protección para quienes las requieran. Esto es un primer paso para que el Estado reconozca la fundamental y legítima labor que realizan las personas defensoras del derecho al agua”, se lee en el texto.

 “Por otra parte, insta una vez más al presidente Sebastián Piñera a retomar el camino de liderazgo que había tomado en los inicios de las negociaciones internacionales que se generaron para lograr adhesión al Acuerdo de Escazú, pacto cuyo propósito es establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos”, agregan desde la organización internacional.

 “Si bien, el gobierno de Chile inexplicablemente decidió no firmar este relevante pacto medioambiental, es urgente que recapacite y tome las acciones necesarias para adherir al mismo. La adopción de políticas y protocolos para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en temas medioambientales es un imperativo para el país y la región”, concluyen en el documento.