En enero de 2020, a dos meses del estallido social del 18 de octubre de 2019, se produjo un hecho histórico en Chile. Por primera vez un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emprendía una visita in loco al país a raíz del llamado que la Cátedra de DD.HH. de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, en conjunto con otras organizaciones de Derechos Humanos, hicieron debido a la creciente represión policial que se vivía en las calles debido a las protestas sociales.

El llamado fue escuchado, la visita se concretó y fue descrita como una “conquista de la sociedad civil” según lo expresó la misma Presidenta de la Comisión en una conferencia de prensa donde se entregaron las conclusiones de la visita y donde la CIDH calificó la situación como “una grave crisis de derechos humanos”.

Un mes antes, en diciembre de 2019, Chile ya había recibido la visita y posteriores recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) para los Derechos Humanos que también iban en esa misma dirección, constatando que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos […] Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos […] ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.

A más de un año de ambas visitas, la entrega del informe final de la CIDH así como el de seguimiento a las recomendaciones hechas por la ACNUDH aún no se han revelado. Es por esto que un grupo de 31 organizaciones de Derechos Humanos y sindicales junto a las Cátedras de Derechos Humanos, de Racismo y Migraciones Contemporáneas y Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, decidieron enviar dos cartas públicas dirigidas a Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigiendo la publicación de dichos documentos.

“La sociedad civil y las víctimas confiaron en la Comisión, pero (…), dicha confianza se va resquebrajando y urge que el principal órgano de protección de derechos humanos en la región no traicione al pueblo de Chile”, señala la carta enviada a la máxima autoridad del CIDH.

Según el académico Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos “es muy difícil saber la razón por la que estos organismos no han hecho públicos aún estos informes y nos preocupa que haya razones y presiones políticas en estas demoras”.

“Cuando se quiere ocultar lo que está pasando en materia de derechos humanos, cuando este gobierno dice que la crisis se superó, es importante dejar claro que las recomendaciones no se están cumpliendo, que las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Es una señal política potente que esta interpelación provenga desde la academia y de 31 organizaciones de derechos humanos, algunas históricas y otras nacidas tras el estallido social”, agrega el académico.

En las cartas se advierte a ambos organismos que “en los últimos meses de 2020” ha habido una “escala en la represión”, con “casos de muertes, daños oculares, golpizas, torturas y detenciones masivas y arbitrarias que han sido constatadas por los organismos de derechos humanos y la prensa”.

Así también lo señala Marta Valdés, presidenta de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular: “seguimos en una tremenda impunidad, se sigue maltratando re victimizando a las víctimas, se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de los organismos en DDHH y la verdad es que sigue reprimiendo brutalmente”.

“Tenemos más de 400 querellas por traumas oculares que no han avanzado. La excusa es la pandemia. Carabineros obstruye a la investigación, ellos tienen cámaras, saben los lugares exactos donde estaban los piquetes y saben perfectamente quienes disparaban, pero no cooperan ni aportan información”, agrega Valdés, quien además cuenta que como agrupación solicitarán una reunión con el Fiscal Nacional para solicitar que fiscales especiales se dediquen a investigar netamente estos casos.

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos subraya que si bien cree que ha habido una “despreocupación” por hacer seguimiento a estos casos de parte de los organismos internacionales aún “sentimos respeto y confianza de que cumplirán con sus obligaciones . Sabemos que los procesos son lentos, pero son las únicas instancias que tenemos como familiares y víctimas”.

“Somos organizaciones históricas que hemos sufrido la impunidad de los crímenes de la dictadura y nos duele mucho ver nuevamente a familias llorando a sus muertos asesinados por carabineros y militares, sin que el Estado se haga responsable de forma alguna”, concluye Alicia Lira.

Las organizaciones firmantes de las cartas son:

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y
Pisagua
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso
Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos Político de Atacama
Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
Cátedra de Derechos Humanos – Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile
Cátedra Amanda Labarca– Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile
Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas– Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile
Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular
Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile
Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile
Foro No + por Verdad, Justicia y Dignidad
Movimiento Acción Migrante
Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes
Red de Sitios de Memoria