La decisión del Gobierno de enviar al Tribunal Constitucional el tercer retiro del 10 por ciento revivió durante los últimos días las movilizaciones sociales que estaban mayormente en pausa producto de las restricciones sanitarias.

Sin embargo, a pesar del anuncio de este domingo del Presidente Piñera, el descontento social con el Ejecutivo no se detiene, dado que se sigue visualizando que los esfuerzos para ayudar a la población afectada por la crisis han sido insuficientes.

Ante ese contexto, es que los trabajadores portuarios agrupados en la Unión Portuaria de Chile concretaron una nueva paralización, en 25 puntos a nivel nacional con cerca de 6 mil trabajadores, exigiendo el retiro del requerimiento del Tribunal Constitucional, para efectuar pagos “sin letra chica”.

“La paralización ha tenido como principal objetivo el requerimiento del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional. Ayer observamos con mucha atención el anuncio de Piñera y tenemos varias cosas que estamos analizando, en lo personal no he leído el proyecto, pero entre líneas se pueden ver un par de cosas que no nos parecen”, comentó Jorge Salazar, vocero de Unión Portuaria.

“No nos parece consolidar el modelo de AFP de capitalización individual con estos dos puntos que se propone subir, esto es perpetuar el sistema y es como una reforma que entra colada con un discurso de unión, diálogo y con que es ayuda para todos y todas”, agregó el presidente del sindicato número N°1 de Trabajadoras y Trabajadoras de Puerto Central.

“Nosotros esperamos un tercer retiro tal cual está hoy, sin letra chica, esperamos una renta básica universal, si bien no estamos condicionando el paro a esto es una solicitud que hemos hecho, donde finalmente lleguen a todos y todas las ayudas (…) Hoy el país necesita una renta básica universal para todos y todas quienes lo necesiten, pero lo central es el retiro del 10 por ciento”, añadió.

La Unión Portuaria de Chile tiene presencia tanto en la zona norte, centro y sur, con exclusión de Arica, Angamos, Coquimbo y Valparaíso, sin embargo, en esta última ciudad esperan de todas formas tener adherencia por parte de los estibadores.

“Tenemos como Unión Portuaria de Chile, como trabajadores, casi el 95 por ciento me atrevería a decir de los puertos del país”, explicó Salazar, quien añadió que el paro continuará de forma progresiva y en constante evaluación en función del contexto nacional.

Los pobladores en la calle

A esta movilización se sumó que temprano en la mañana de este lunes un grupo de pobladoras y pobladores de La Bandera, La Pincoya, El Barrero y José María Caro, agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, se movilizaron interrumpiendo el tránsito en tres puntos de la autopista Américo Vespucio, esto para demandar al Gobierno y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo una renta básica universal y un Plan Habitacional de Emergencia para adquirir suelo destinado a la construcción de viviendas sociales sin deuda, para las familias sin casa de estas poblaciones.

“Esto lo hacemos para denunciar la profunda crisis habitacional que se ha acrecentado a lo largo de estos meses en pandemia, debido al empobrecimiento de nuestras familias y al abandono estatal ante la crisis económica. Todo esto mientras un puñado de familias, entre ellas la del propio Presidente, se siguen enriqueciendo. Por todo lo anterior exigimos al Gobierno de Sebastián Piñera y al ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward, primero una renta básica universal de 600 mil pesos al mes para todas las familias del país hasta que termine la emergencia, sin letra chica porque la focalización de gasto social fracasó”, indicó la vocera Carolina Espinoza.

Créditos: Movimiento Solidario Vida Digna

Y agregó “en segundo lugar exigimos un Plan Habitacional de Emergencia para destinar suelo sin uso a la construcción de vivienda social sin deuda, fijando un límite al precio de los terrenos para detener la especulación inmobiliaria y haciendo uso de la expropiación con fines sociales cuando sea necesario, tal como lo permite el estado de catástrofe en el que nos encontramos”.

Las solicitudes de los y las pobladoras, según han explicado, se fundamentan en que las ayudas sociales no han logrado llegar a todas las familias que requieren un apoyo ante la crisis, mientras que el alza de los precios del suelo sumado a los problemas económicos no solo ha dificultado el acceso a viviendas dignas, sino que además han generado aumentos de tomas de terrenos en las que las familias buscan subsistir.

Una semana de movilizaciones

También durante la mañana, en la ex Posta Central, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi, junto a la Secretaría de Salud de la CUT,  se reunieron y abordaron la crisis sanitaria, el agotamiento y maltrato de los trabajadores de la salud y el llamado a Huelga Sanitaria, la que está convocada para el próximo 30 de abril, en el marco de un nuevo Día del Trabajador, y por el cual se espera se vayan realizando actividades previas de visibilización durante la semana.

“Hoy estuve con las y los trabajadores de la Salud afuera de la posta central, donde le hicimos un llamado al Presidente de la República. No puede ser que existan anuncios en relación con ayudas sociales, pero ninguno en relación con el apoyo y cuidado de la primera línea de la Salud, que nos están cuidando todos los días. Acá hay situaciones muy graves que se están repitiendo todos los días. Hay una crisis severa de salud mental y burnout, hay problemas de seguridad, de cuidados de sus hijos, de falta de transporte, del bono Covid, etc. La semana pasada le entregamos una propuesta al ministro de Salud, que esperamos que pueda ser recogida por el Presidente Piñera”, señaló el parlamentario.

En tanto, en conversación con Radio Universidad de Chile, Karen Palma, consejera nacional de la CUT a cargo de la Secretaria de Salud, se refirió a la huelga general sanitaria que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de abril como forma de presión para el Parlamento y el Ejecutivo ante la crisis.

“Esto se fundamenta en una serie de medidas y políticas que no han dado respuesta a las demandas de las y los trabajadores, principalmente a la demanda sanitaria, de lo que ha significado la estrategia sanitaria que implementó el Gobierno que no ha permitido la disminución de casos, no ha permitido que efectivamente se ejerza un control sobre la pandemia, y también particularmente a las medidas económicas que no han permitido que se cumplan las estrategias sanitarias y han generado un problema real, de hambre”, dijo.

Además, aclaró que, aunque se llevará a cabo esta movilización, la huelga en ningún caso significará que se deje sin atención a los pacientes.

“Entendemos la situación, y por eso se caracterizó como huelga sanitaria, que el momento no genera las condiciones para hacer una paralización real. Siempre hemos tenido – incluso en tiempos de normalidad – criterio para atender a nuestros pacientes, porque, además, entendemos que hoy si tenemos las condiciones que tenemos es por el esfuerzo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud (…) Entendemos que los usuarios, el pueblo es nuestro aliado y que hoy tenemos que enfrentar esta situación que nos afecta en conjunto”, expresó.

Junto a ello, Karen Palma indicó que dada la crisis sanitaria se realizarán actividades que consideren el contexto, evitando aglomeraciones o acciones que afecten la salud de la población.