El lunes se dio a conocer  que nueve niños de entre  7 y once años escaparon desde la  residencia Catalina Kentenich, administrada por la Fundación María Ayuda, uno de los órganos colaboradores del Sename en Rancagua. Las personas menores de edad fueron encontrados en condiciones riesgosas para su salud y refirieron haber sido maltratados por sus cuidadores.

El asunto ha ido tomando un cariz de mayor gravedad con el transcurso de las horas, toda vez que la noche del lunes luego de producirse el desalojo de una serie de manifestantes que se encontraban en las afueras de la mencionada residencia ubicada en la capital regional de O’Higgins, Carabineros tomó conocimiento de la desaparición de una niña de 10 años de la que hasta el cierre de esta nota, no había información alguna.

Este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria del distrito 16, Alejandra Sepúlveda denunció los hechos ocurridos entre el domingo y el lunes en Rancagua ya que hasta esta fecha, las familias de los niños no han recibido información alguna de su estado de salud físico y mental.

“Se trata de niños pequeños, dos de ellos son hermanos mellizos cuyas familias viven en Peumo, algunos se refugiaron en el techo de la residencia por el temor a las represalias que podrían ocurrir. No se ha dado ninguna información a las familias de lo que está ocurriendo con los menores de edad, por eso oficiamos al Intendente, a la Directora del Sename y al Ministro de Justicia ya que esa es la cartera que debe supervisar los centros”.

En cuanto a la nueva institucionalidad que fue anunciada por el Presidente de la República llamada Mejor Niñez, la parlamentaria señaló que en un principio hubo esperanzas de mejora, pero que ello rápidamente se esfumó al entender que se trata de la misma lógica anterior: la entrega de un voucher y no enfrentando la situación.

“Uno tiene la sensación de que se entrega una especie de financiamiento, pero que eso no se condice con los grados de acogida que deberían tener los niños y niñas. Hay un problema cuando el Estado se desentiende a partir de la entrega de recursos a instituciones colaboradores que no tienen la experticia ni interés para trabajar con los NNA. Lamentablemente no hemos dado el ancho como Estado”.

Es ese justamente ese el asunto que critica duramente Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, quien manifestó que la política general en materia de derechos de las infancias que se ha llevado adelante en nuestro país es atentatoria de los derechos de los NNA.

“Esta es historia repetida, el Estado una y otra vez recibe la información de su incapacidad y una y otra vez no hace nada. El haber sacado la ley del nuevo servicio sin tener la ley de protección integral de derechos es una muestra más de la búsqueda de situaciones parche a temas de fondo, esta es una situación estructural en la que el Estado debe asumir que no solo está en deuda, sino que viola los derechos de los niños y niñas y que eso implica necesariamente una transformación estructural del sistema, implica mucha inversión, especialmente en intervención, sin embargo el Estado no destina esos recursos, solo ha puesto un poco más de financiamiento al nuevo servicio pero destinado a labores administrativas”.

En los diversos estudios de expertos en infancias se ha señalado que en Chile existe un nivel de institucionalización mucho mayor que el recomendado. En el ámbito internacional de hecho, el alejar a los niños de las familias y dejarlos en residencias a cargo del estado es la última opción para tratar problemas sociales.

Las razones que se encuentran para entender que el sistema nacional de protección a los NNA son también históricas. Desde que existen los centros para la niñez, antiguamente conocidos como orfanatos ha sido la Iglesia Católica la que los ha sostenido, primero como privados y luego como colaboradores del sistema. Así se ha ido perpetuando la lógica de la caridad mientras que el Estado no enfrenta el rol que le corresponde como garante principal de los derechos de las diferentes infancias.

“Más del 90 por ciento de los centros residenciales del país, son administrados por privados y el Comité de los Derechos del Niño, desde el año 2018, incluso desde antes ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma su rol en las infancias y termine con esta lógica del principio de subsidiariedad por el que da aportes a los privados y los privados deben completar el financiamiento para lo que los niños necesitan, a través de donaciones y obras benéficas. Lo que ocurrió en la residencia de Rancagua noes más que otro síntoma de la crisis del sistema residencial chileno”, señaló en entrevista el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Jorge Sepúlveda .

Consultado de la situación específica de María Ayuda, el académico y miembro de la Red de Abogados por la Infancia señaló que, al igual que otras OCAS, existe un interés comprometido en que el sistema mantenga su forma de funcionamiento basado en subvenciones y no sea el Estado el que asuma un rol principal en la garantía de los derechos de la niñez.

“Sin bajarle el perfil a la responsabilidad de los centros residenciales, es importante insistir en que el Estado debe asumir su rol de garante de derechos. La subvención que se entrega en los centros residenciales administrados directamente por el Sename, tiene un precio y la que se entrega a los privados es menor. Entonces hay niños que cuentan con más recursos en unos centros residenciales y otros que cuentan con menos, podríamos decir que hay niños de primera y segunda categoría”.

En cuanto a las responsabilidades que le competen a los órganos colaboradores, el abogado explicó que la nueva ley que creó el servicio de protección especializada (L.21.302) es débil en esta materia.

“Establece una serie de sanciones, desde multas y amonestaciones hasta la más grave que es la terminación anticipada del convenio. En algún momento se señaló la necesidad de establecer responsabilidades precisas para las instituciones o accountability, pero toda esa normativa quedó fuera de la ley. Por otra parte, la modificación a los centros residenciales no se hace con visión de sistema, porque la última ratio es que un niño ingrese a un centro, pero en Chile todo lo que viene antes como el apoyo a las familias, la salud , educación, vivienda, y la prevención de las vulneraciones son etapas en las que el Estado no tiene ningún rol”.

“No puede ser que un niño esté en una residencia porque sus papás no tienen dinero para arrendar una casa o porque una madre que es víctima de violencia intrafamiliar y no tiene donde irse con sus hijos, sea cuestionada en su maternalidad y se decida ingresar a los hijos a un centro residencial. Eso pasa porque el Estado no provee de lo mínimo a esos niños para que puedan crecer en un ambiente libre de daños”.

En esa misma línea, Francis Valverde hizo hincapié en lo que ha significado realmente contar con este nuevo servicio especializado para la niñez y cómo los cambios han sido puramente superficiales.

Francis Valverde, directora ejecutiva de ACHNU.

“En cuanto a la nueva institucionalidad, más parece un efecto propagandístico que una real voluntad de cambio estructural del sistema. El mismo nombre ya es cuestionable: Mejor Niñez, ¿qué significa eso? ¿Que hay una peor niñez?”, cuestiona Francis Valverde.

“El cambio estructural del sistema implica no solo tener la ley de protección integral de derechos que evidentemente es el mínimo, sino generar políticas de garantías de derechos de carácter universal, significa invertir grandes recursos al sistema de protección especializada y apoyar a las familias de modo tal que los niños y niñas no entren por pobreza al sistema. Además se necesita de personal profesional especializado que puedan tratar a los niños. Son muchas las medidas a tomar que no se están tomando, sino que se mantiene la lógica de maquillaje”, concluyó la experta.