Si bien se destacan algunos esfuerzos en la materia, para Francis Valverde de ACHNU aún no están las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, pues “el Estado todavía responde de manera represiva y coercitiva”.
“No es aceptable que niños, niñas y adolescentes, realizando sus actividades cotidianas en sus propias comunidades, resulten muertos o heridos”, sotuvo la especialista de protección del organismo internacional, Ludmila Palazzo.
Según los datos aportados por la organización, miles de estos menores estarían atrapados bajo los escombros o enterrados en tumbas sin identificar. Además, señalan que muchos infantes encontrados en fosas comunes “muestran signos de tortura”.
Inocente Silencio es el resultado de una investigación sobre un problema sistémico en nuestro país: la vulneración de los derechos humanos de miles de niños, niñas y jóvenes que se encuentran al cuidado de instituciones de protección del Estado.
En el marco de un conversatorio, el jefe de Justicia valoró la Ley de Entrevistas Videograbadas, que permite el resguardo de menores de edad. Mientras el defensor de la Niñez remarcó el rol de la institución en casos de violencia hacia este grupo.
Hacer realidad los deseos de niños, niñas y adolescentes durante su tratamiento para motivarlos a recuperarse es el principal objetivo de una nueva edición de la colecta digital anual de Make-A-Wish-Chile, que se llevará a cabo del 1 al 14 de agosto.
El presidente de la Fundación para la Confianza consideró que el artículo del anteproyecto constitucional es “absurdo e innecesario”. Según Murillo, las personas que son protegidas durante su infancia, naturalmente respetan a sus progenitores.
El Gobierno junto a las agrupaciones relacionadas en la materia, busca mejorar y dar celeridad a la iniciativa que permite a mujeres embarazadas y madres de niños pequeños, cumplir su condena de una manera alternativa a la privación de libertad.
El estudio anual de la Universidad Diego Portales analizó el actuar del Estado en diferentes áreas, entre ellas el conflicto en la Macrozona Sur y el estado de excepción dispuesto por el gobierno, en lo que se sostiene que “estamos ante una visión de los conflictos sociales que no permite detenerse en sus causas ni menos en sus posibles soluciones”.
Los hechos ocurridos en la región de O’Higgins volvieron a centrar las miradas en la institucionalidad que tiene a su cargo la protección de las personas menores de edad. “Esta es historia repetida, el Estado una y otra vez recibe la información de su incapacidad y una y otra vez no hace nada”, dice Francis Valverde en entrevista con nuestro medio.
En Chile la segunda causa de muerte en adolescentes es el suicidio y los estudios de salud mental de niños entre 4 y 18 años dejan ver una alarmante cifra de trastornos. El encierro necesariamente profundizará esa crisis y, hasta ahora, no se ha decretado ninguna medida pensada específicamente para que los NNA puedan enfrentar de mejor manera la compleja situación asociada a la pandemia.
Nuevamente el Servicio Nacional de Menores se encuentra en el centro de la discusión pública por un caso de vulneración al interior de una de sus residencias. La representante de Unicef analizó lo ocurrido, la decisión del Ministro de Justicia de instruir la no intervención de la policía en casos de descompensación de personas menores de edad y puso el foco de atención en la necesidad de que Chile cuente con un estatuto general de protección de las infancias.
