La denominada Agenda de Mínimos Comunes se ha tomado la discusión política de los últimos días. La búsqueda de un acuerdo entre la oposición y el Gobierno para llevar adelante una serie de proyectos de ley que permitan entregar una ayuda económica importante a las familias tomó fuerza en la última semana y comenzó a concretarse a través de diversas reuniones en las que se está zanjando cómo poner en marcha un acuerdo.
Entre las propuestas sobre la mesa, según ha informado la presidenta del Senado, la senadora DC Yasna Provoste, están una Renta Básica Universal, apoyo a Pymes y sectores postergados como cultura, gastronomía, turismo y salud, exenciones tributarias y medidas sanitarias adicionales.
¡Buenas noches a todos y todas! Quisiera contarles que este fin de semana hemos estado trabajando en la #AgendaDeMínimosComunes que planteamos al gobierno para ir en ayuda efectiva de las familias de Chile. 1/8
— Yasna Provoste (@ProvosteYasna) May 3, 2021
Sin embargo, en paralelo a estas negociaciones, un grupo de parlamentarios de la oposición de la DC, el PC y el Frente Amplio presentarán un proyecto de ley que establece una Renta Básica Universal, adelantándose a los posibles acuerdos que se alcancen en el marco de la Agenda de Mínimos Comunes.
La propuesta, que se espera sea presentada a más tardar este martes, establece una renta básica equivalente al monto de la línea de la pobreza mientras dure la alerta sanitaria y considera como requisito solo pertenecer al Registro Social de Hogares, abandonando así la focalización y permitiendo que quienes no lo requieran puedan abstenerse de recibir el dinero.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker, señaló que este proyecto “lo que hace es reforzar el llamado que ha hecho la presidenta del Senado a una renta universal de emergencia que supere la línea de la pobreza para todas las familias de clase media, de sectores vulnerables que se encuentran en el Registro Social de Hogares. Es consistente con la reforma constitucional que presentamos los diputados de la DC el 24 de marzo junto a nuestra candidata presidencial Ximena Rincón y es consistente también con la propuesta que hizo la oposición el 26 de abril del año 2020”.
“¿Cuál es la propuesta? Que el costo de la crisis no lo sigan pagando los trabajadores, no queremos un cuarto retiro, ni un quinto, ni un sexto”, dijo.
En tanto, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, también firmante del proyecto, expresó que “ha sido evidente que el Gobierno sigue ofreciendo más de lo mismo en instancias de diálogo que no llegan a nada y, por lo tanto, hemos decidido finalmente ingresar un proyecto de reforma constitucional para crear esta renta básica universal de emergencia que estamos pidiendo desde el año pasado. No solamente la oposición en el Congreso lo ha pedido, también los trabajadores y trabajadoras agrupados en la CUT, son parte además de las recomendaciones de la CEPAL a los estados para enfrentar esta crisis”.
“Es lamentable que todavía el Gobierno no sea capaz de concretar esto y, por lo tanto, nosotros creemos que es nuestro deber empujarlo. Probablemente quieran plantearlo como una propuesta inconstitucional, que el Gobierno quiera llevarlo al TC nuevamente. Sin embargo, la oposición – en la Cámara al menos – creemos no se puede quedar de brazos cruzados”, añadió.
Desde el Frente Amplio también adhieren a la propuesta. La diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, reafirmó que esta presentación se debe a la demora que ha tenido el Ejecutivo en reaccionar ante la crisis: “Ha pasado más de un año desde que propusimos y relevamos la urgente necesidad de una renta básica universal de emergencia, un año en que la gente pasó hambre, tuvo que utilizar sus propios ahorros para subsistir durante la pandemia ante la incapacidad del Gobierno de dar soluciones”.
Según expresó la legisladora, con esta idea se busca que las familias puedan contar lo antes posible con un ingreso ante la crisis que les permita cumplir sin problemas las restricciones sanitarias.
“Los recursos están, hemos propuesto también nuevas formas de recaudación fiscal, como el royalty minero o el impuesto a los super ricos, proyectos que el Gobierno creo debe dejar de entorpecer”, complementó.
En tanto, la diputada de Comunes, Claudia Mix, comentó que firmará también esta iniciativa porque “es urgente que las familias chilenas puedan tener un piso mínimo de seguridad económica para enfrentar la crisis por la pandemia. Esta iniciativa va en la misma línea del proyecto de renta básica universal que presentamos el año pasado y que está estancado en la Comisión de Constitución de la Cámara”.
Además, indicó que espera que esta iniciativa sí logre avanzar, ya que “la crisis es ahora y no puede seguir pagándola la gente, por lo que necesitamos celeridad para que todos los proyectos que puedan brindar una ayuda sean aprobados. Hoy es momento de actuar ya no es tiempo de reuniones de trabajo y acuerdos de mínimos comunes que más que apoyos concretos solo vienen a darle oxígeno a un Gobierno casi acabado”.
“Egoísmo exacerbado”
Desde parte del oficialismo hubo pronunciamientos sobre la idea de que existan propuestas paralelas a la Agenda de Mínimos Comunes. Según indicaron desde Renovación Nacional, la iniciativa de la oposición pone en riesgo la mesa de conversación que hoy está en marcha.
“Entendiendo el difícil momento que estamos viviendo, donde está en juego nuestra democracia, hemos visto nuevamente a dos oposiciones. Una que pretende avanzar en acuerdos que mejoren la calidad de vida a los chilenos y otra oposición que insiste en mirarse el ombligo y que actúa con un egoísmo exacerbado, con la única intención de sacar cálculos electorales. Es repudiable. Le hace mal a la política, le hace mal a la salud de nuestra democracia”, dijo el diputado RN Leopoldo Pérez.
“Parece que están jugando al policía bueno y al policía malo. Por un lado, nos envían una señal de querer llegar a acuerdos, pero, por otro lado, entorpecen el diálogo. En este sentido, sería importante nos aclarara la Senadora Provoste cuál es la realidad, a qué tenemos que atenernos”, agregó.
Respecto del avance de esta iniciativa, una vez ingresado, el proyecto debe ser derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara, en la que su revisión dependerá de las urgencias y prioridades de la instancia legislativa. Además, por tratarse de una iniciativa que requiere gasto, puede ser cuestionado por el Ejecutivo y, eventualmente, catalogarse de inconstitucional.