Este viernes, organizaciones pro derechos de los migrantes y abogados de Derechos Humanos alertaron de una posible nueva expulsión masiva de extranjeros ante la detención de un grupo indeterminado de inmigrantes en el cuartel San Francisco de la PDI ubicado en Santiago Centro.

Se trataría de la segunda de las salidas masivas de extranjeros en el marco del programa del Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior y el Departamento de Extranjería y Migración liderado por Álvaro Bellolio, para materializar expulsiones administrativas en 15 vuelos con la empresa Sky. El primero de ellos despegó el pasado 25 de abril desde el aeropuerto Diego Aracena de Iquique con 55 personas con destino a Caracas.

Este tipo de salidas masivas han sido rechazadas por los expertos en Derechos Humanos pues atentan contra la normativa internacional de garantías, ya que gran parte de las expulsiones se fundan en resoluciones de tipo administrativa y no judicial.

Además, se llevan a cabo durante los fines de semana cuando es poco probable que las cortes de apelaciones puedan conocer de los recursos que se presenten antes de que la sanción se materialice, como lo explicó a nuestro medio Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante.

“Nos preocupa porque es día viernes y la forma de operar que hemos visto en los vuelos anteriores es que se hace en fin de semana en función de evitar el derecho que tienen las personas a que se presente un amparo y que un Tribunal lo considere. Además, se le evita a la persona tener la posibilidad de tener un asesoramiento jurídico”.

A la derecha, Eduardo Cardoza.

La Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile ha insistido en la ilegalidad de este tipo de expulsiones ya que infringe tanto la normativa contenida en el Decreto Ley de Extranjería (DL 1095 de 1975), aún vigente, como la nueva legislación promulgada hace menos de un mes en un acto público encabezado por el propio Presidente Piñera.

La nueva ley de migración estipula un plazo de 180 días para quienes hayan ingresado al país por un paso no habilitado, puedan dejar el territorio nacional voluntariamente sin ser sancionados, por lo tanto,  la autoridad no podría expulsarlos en ese mismo lapso.

Es ello lo que critica duramente Eduardo Cardoza quien calificó esta política de expulsiones masivas como anacrónica y aseguró que, además de ser atentatoria de los DD.HH., perjudica gravemente la imagen país.

“El hecho de generar toda esta situación, al margen de lo judicial, al margen de que la persona pueda ejercer sus derechos ya constituye algo que no corresponde a una época y sociedad democrática del siglo XXI. Se trata de evitar el debido proceso de la forma que sea. Es lamentable, es una cuestión que le hace mal al país, que viola los derechos de la personas y le entrega una mala imagen al país”.

La política de expulsiones masivas también concitó la atención internacional ya que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas se refirió a este tipo de prácticas y expresó una “suma preocupación” por “la imposibilidad material de recurrir ante los tribunales a causa de la orden de expulsión dictada por el Ministerio del Interior y las  intendencias regionales, ya que el plazo de 24 horas para proceder a la expulsión no garantiza al migrante el derecho a un debido proceso”.

Es también a eso a lo que apunta el vocero del Movimiento de Acción Migrante, quien además cuestiona la oportunidad en que se llevaría a cabo esta segunda expulsión: a una semana de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcalde y concejales.

“Debemos reconocer también que cuando se llega a los tribunales, en muchas oportunidades éstos reconocen evidentemente el error que se está cometiendo y que son ellos los que deberían haber dictado las órdenes de expulsión y no que esto se haga por vía administrativa”.

“Es curioso que estas expulsiones se hayan acelerado y en menos de un mes hayan dos salidas masivas, justamente cuando en una semana más hay elecciones y cuando hemos declarado de todas las formas y por todos los medios que si quieren expulsar, que expulsen, pero con un debido proceso”, agrega el dirigente social.

Hasta ahora  los abogados de las clínicas jurídicas de diversas universidades están intentando ponerse en contacto con las personas detenidas para poder recopilar información y lograr solicitar amparos ante la Corte de Apelaciones y tratar de evitar la expulsión de personas que no tengan una orden judicial de salida del país por haber cometido un delito que merezca tal pena.

Pasado el mediodía de este viernes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que los detenidos en el cuartel San Francisco serían 24 extranjeros que serán trasladados esta jornada a Iquique desde donde serán embarcados en una aeronave con destino a sus países de origen.