Este lunes, en un punto de prensa organizado en la sede de la junta de vecinos de Villa Olímpica, los familiares y amigos de los llamados “prisionerxs anarquistas y subversivxs de la guerra social” anunciaron que a partir de este 10 de mayo pusieron fin a la huelga de hambre iniciada hace 50 días por la que buscaban presionar por modificaciones en el DL 321 que establece los requisitos y procedimiento para la obtención de la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas.
Luego de más de un mes y medio ejerciendo la medida de presión, los huelguistas internados en distintos centros penitenciarios del país, entre los que figuran Marcelo Villarroel, condenado por robo, asociación ilícita terrorista y homicidio calificado terrorista por la muerte del cabo Luis Moyano en 2007; Juan Flores, condenado por el atentado explosivo en el Subcentro del Metro Escuela Militar, ocurrido en 2014; Joaquín García, condenado por la colocación de bombas en la 12° Comisaría de San Miguel y en la Escuela de Gendarmería; todos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, lugar donde también se encuentra cumpliendo prisión preventiva Francisco Solar, imputado por las bombas enviadas a la 54° Comisaría de Huechuraba y a la oficina del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Mientras, en Santiago Uno se encuentran recluidos José Ignacio Durán, imputado por ataques a la Subcomisaría de Peñalolén; Tomás González, imputado por delitos contra la Ley de Control de Armas; Gonzalo Farías, investigado por el lanzamiento de una bomba molotov contra Carabineros, quienes no perseveraron con la medida; y finalmente Pablo Bahamondes, acusado por el Ministerio Público por haber instalado un aparato explosivo en la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla. Finalmente, integra el grupo Mónica Caballero, quien junto a Francisco Solar fue imputada por las bombas instaladas en el edificio Tánica.
La movilización iniciada el 22 de marzo buscaba poner fin a lo que consideran vulneraciones al principio pro reo, ya que acusan que el citado cuerpo legal se ha aplicado de manera retroactiva ya que la libertad condicional se está considerando como un beneficio, según la última modificación legal y no un derecho adquirido de la persona presa, pues se han dificultado “de forma considerable las posibilidades de acceder a la llamada libertad condicional”.
Durante la cita de este lunes, Pablo Bravo, vocero de los reos y detenidos leyó un comunicado de los huelguistas en el que anunciaron su decisión de deponer la medida de presión, pero, a la vez aseguraron que mantendrán su exigencia de modificar el Decreto ley N° 321 sobre Libertad Condicional.
“Es el método, la forma la que dejaremos momentáneamente a un lado. La chispa y la esencia que dio iniciativa al uso de esta herramienta se encuentra intacta y satisfecha de su actuar consecuente, porque somos capaces de establecer vínculos afines y reales en tanto nos presentamos con autenticidad y decisión, mas no existen fórmulas perfectas, sino que es la propia práctica de vivir la que nos aúna en el hacer de la lucha cotidiana contra el poder y toda su realidad de opresión y miseria”, explicó el vocero.
Por su parte la abogada Claudia Rodrigo anunció que han solicitado ante los tribunales competentes diversas acciones de cautela de garantías, ya que consideran que los internos han sufrido graves vulneraciones a sus derechos, particularmente por las faltas a los fundamentos del Derecho Penal como son la irretroactividad de la ley y el principio pro reo.
Abogada Claudia Rodrigo.
“Lo que estamos buscando con esta acción es que este debate se dé ante un juez de garantía, es decir, que se discuta sobre la irretroactividad de la ley penal y sobre el principio pro reo que son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales ratificados y vigentes, pero que esta ley desatiende y desconsidera. Lo que queremos es que esto sea revisado por un juez penal”.
En la instancia también se informó que los huelguistas que adhirieron a la medida perdieron en promedio entre 10 y 15 kilos y que además sus familiares enfrentaron varios obstáculos para poder proveerles de agua en sus lugares de internación, haciendo aún más riesgosa su condición de salud. Es por ello que solicitaron a Gendarmería, a través del Colmed la autorización para el ingreso de una encomienda para los huelguistas en el lapso de las 24 horas de depuesta la huelga de hambre, que se flexibilice el ingreso a los alimentos que se le ingrese y, además que un familiar pueda entrar a las dependencias de la CAS, MAS STGO 1 el CDP SAN MIGUEL. para constatar la situación de salud de los internos movilizados.
Por otra parte, Mónica Pizarro, integrante del colectivo de apoyo a los presos, denunció que las condiciones de reclusión en cuanto a posibilidades de comunicación con sus familiares empeoraron para los internos luego de la entrevista concedida por Mauricio Hernández Norambuena al canal de televisión La Red.
“Producto de la entrevista dada por Mauricio Hernández Norambuena, Gendarmería creó un formato para que cada prisionero o prisionera pudiera firmar que haría buen uso del teléfono. (Los gendarmes) se ponen muy cerca a los compañeros cuando están llamando por teléfono para saber con quién están hablando y, bajo su des criterio, estiman si hacen buen uso del aparato. En otras cárceles lisa y llanamente han obligado a hacer cambios de teléfono para que no tengan acceso a videollamadas o whatsapp”.
Finalmente, los internos hicieron hincapié en la urgente necesidad de poner fin a la prisión preventiva como forma de castigo contra contra quienes están siendo investigados por presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas sociales ocurridas desde octubre de 2019, ya que señalan que existe una flagrante transgresión al principio de inocencia reconocido nacional e internacionalmente.
