Aprobada por el Congreso Nacional el 3 de agosto de 2017 y refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto del mismo año, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, se promulgó el promulgada el 14 de septiembre de 2017, casi al finalizar el segundo mandato de la entonces presidenta Michelle Bachelet.

Las causales establecidas en la ley son que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, que  el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal y finalmente, la tercera causal es la que alude a la violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación o catorce si se trata de una niña menor de 14 años.

A casi cuatro años de la promulgación de esta normativa que despenaliza el aborto bajo las anteriores condiciones, en Chile existen 69 centros donde se puede realizar la interrupción del embarazo, repartidos en los 29 servicios públicos de la red de atención de salud en todas las regiones del país. Sin embargo, esta distribución no es equitativa, pues en zonas como la región de Aysén con sus 108.494 km² de territorio, existe solo un centro al que las mujeres pueden concurrir.

“Eso muestra una dificultad territorial porque están distribuidos no de manera uniforme. La mayor cantidad de equipos de  Altos Riesgos Obstétricos (ARO) se encuentran en la Región Metropolitana y en las regiones de los extremos hay solo uno o dos. Eso incrementa una brecha de acceso”, explica en conversación con nuestro medio Andrea Álvarez, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Tales equipos están conformados por médicos gineco obstetras, los que están habilitados para efectuar las interrupciones según la ley, pero también por la dupla psicosocial, encargadas del acompañamiento y de la relatoría en los casos en tercera causal.

“El acompañamiento es fundamental en la primera y segunda causal porque hay que comprender que muchas veces se trata de embarazos que llegan en semanas bastante avanzadas de la gestación, entonces muchas veces son embarazos que a ese punto son deseados por las mujeres y las interrupciones conllevan una dificultad emocional y una carga de salud mental para las mujeres. Esa dupla generalmente está compuesta por psicólogo/a y trabajadora/a social”, detalla la investigadora de la ESP.

Ya agrega: “desde la ESP desarrollamos un proyecto que indagaba justamente en la implementación de la ley en estos 69 dispositivos de la red pública a través de una encuesta cuya tasa de respuesta fue superior al 90%. Y lo que vimos fue que hubo una dificultad enorme en la constitución de los equipos, las duplas psicosociales no están constituidas en todos los servicios de salud y, en muchos otros servicios, había graves dificultades porque las horas que contempla la ley de contratación de psiquiatras no eran atractivas para que esos profesionales trabajaran en un servicio de salud de esas características”.

Andrea Álvarez

Además de estos problemas, hay otro asunto que complejiza aun más el que las mujeres puedan acceder a información y orientación: la falta de formación específica de los diferentes profesionales que se involucran en los casos de IVE.

Loreto Serón, trabajadora social e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que también forman parte de la Mesa de acción por el aborto, señaló en entrevista con nuestro medio que la falta de formación para los equipos que trabajan en interrupciones voluntarias del embarazo constituye una traba más para que las mujeres puedan acceder a este derecho.

“Al momento de egresar un o una profesional, por ejemplo de gineco obstetricia no hay una formación específica en temas de aborto y al llegar a un lugar de trabajo donde se enfrentan a una realidad de IVE, deben capacitarse más bien por iniciativa propia, lo que complica las atenciones porque no todo el mundo tiene interés por el tema. En cuanto a la capacitación de los mismos servicios de salud, si bien existen, son los menos y está básicamente representada por la formación que se dio en el marco de la implementación de la ley en el año 2018. Para las duplas, que tienen mucho recambio dadas las condiciones laborales y también la persecución de parte de los médicos objetores,  la formación dada por el interés que manifieste cada uno en el tema”.

Luego de la álgida discusión parlamentaria que conllevó la ley de aborto en tres causales, no podía sino darse una difícil  puesta en marcha de la nueva política pública, y, tal como lo explica Loreto Serón, en materia de capacitación, la única que se ha entregado a los equipos de salud en todo Chile fue a inicios de 2018. Desde entonces, hay una deuda no solo de la capacitación a nivel profesional, sino también para los estudiantes y futuros ejecutores de las IVE, como lo expresa Romina Suárez, médica gineco obstetra del Hospital de Angol.

“Hay un quiebre histórico en Chile desde que durante la dictadura se declarara como proscrito el aborto en cualquier circunstancia e incluso en las universidades el aborto pasa a ser un tema tabú y no se forma a los profesionales de salud ni siquiera en su pregrado sobre el manejo de los abortos. Hay mucho desconocimiento entre los profesionales médicos e incluso de matronería hasta sobre el manejo de las pérdidas reproductivas espontáneas, con mayor razón, sobre las interrupciones voluntarias del embarazo. Desde que sale la ley, las universidades han tenido que ponerse al día en este sentido, pero eso depende de la Universidad específica porque hay una carga y un estigma importante por diversos motivos, entonces recién ahora se está volviendo a formar a los profesionales, pero no en todas las universidades”.

El problema no solo afecta al personal médico, pues en los equipos que intervienen en los abortos de acuerdo a la forma prescrita por la ley hay profesionales de distintos ámbitos: quien recibe a la mujer que acude por orientación, quienes realizan las interrupciones y apoyan con acompañamiento antes, durante y después del aborto.

“En la práctica debieran haber distintas competencias. Una cosa es lo técnico que implica una IVE y otra cosa es la sensibilidad respecto de la salud sexual y reproductiva que concierne a todos los profesionales de la salud, independientemente de si están o no en pabellón. En la causal 1 debe haber un diagnóstico de la patología que vive la mujer, por lo tanto intervienen otro tipo de profesionales especialistas en esa patología. Sin la aprobación de esos médicos, no se puede hacer una interrupción en la red pública, entonces finalmente son todos los y las profesionales los que podrían llegar a verse involucrados en un proceso de aborto, directa o indirectamente”, dice Andrea Álvarez al respecto.

“La sensibilidad con que se construye la decisión de las mujeres, la autonomía de las mujeres, el respeto a sus derechos es algo que debiera ser transversal a todos los curriculums. En algunas universidades y mallas no existen ese tipo de contenidos y ni hablar de la formación de la especialidad médica de ginecobstetricia que debería tener como parte de la cartera de prestaciones habituales en salud sexual y reproductiva un aborto, pero eso no existe en la formación. Entonces son cursos o capacitaciones que se hacen a quienes están trabajando ya en los servicios de salud pero no a los estudiantes. Ahí hay que construir en relación a la cultura médica, a la sensibilidad de los profesionales médicos respecto de la salud sexual reproductiva” agrega la investigadora.

¿Objeción u obstrucción de conciencia?

El artículo 119 ter del Código Sanitario, plantea que pueden manifestar objeción de conciencia los siguientes profesionales:
a. El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo,
b. El resto del personal que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, a saber:
i. Los profesionales que contribuyen directamente al proceso de interrupción del embarazo: matrones, enfermeros, arsenaleros que deben prestar asistencia.
ii. Los técnicos de enfermería responsables de ejecutar un procedimiento directamente vinculado con la interrupción del embarazo al interior del pabellón quirúrgico.

Aunque existe un protocolo para manifestar la objeción de conciencia que se circunscribe a los profesionales ya mencionados, existe una práctica mucho más generalizada a la que se ha llamado obstrucción de conciencia y que involucra un rango mucho más amplio de trabajadores en el ámbito de salud.

“La obstrucción de conciencia son las barreras u obstáculos al acceso a la IVE y puede llevarla a cabo desde la persona que está en el SOME o dispositivo que puede orientar a la mujer para solicitar una hora, hasta los profesionales que deben derivar al nivel secundario. Desde un primer momento, desde la pesquisa inicial que puede derivar en un aborto por alguna de la causales, se debe informar y acompañar a la mujer, y a veces pasa mucho tiempo desde que la mujer es pesquisada y llega a atenderse en el nivel secundario y no ha tenido acompañamiento durante todo ese proceso”, detalla Andrea Álvarez consultada al respecto.

La Mesa de Acción por el Aborto ha puesto énfasis en la cantidad de objetores de conciencia y esta suerte de penalización social contra los equipos que llevan a cabo las IVE, que son acosados en sus ambientes de trabajo por aplicar las directrices de una política pública. Esta organización ha expresado que durante este gobierno además, se ha dejado absolutamente de lado la labor informativa a las mujeres y se ha hecho lo mínimo para cumplir con la legalidad.

“Hay una cuestión ideológica y política detrás, en el fondo no existe voluntad del Gobierno actual de que se implemente la ley con todo lo que dice. Hay cero formación en la parte psicológica del duelo que puede implicar un aborto”, manifiesta la médica Romina Suárez, que también integra la Red de Profesionales por el Derecho a decidir.

“La objeción de conciencia se supone que es por las convicciones más profundas que no se puede realizar el aborto, entonces lo lógico sería que se justificara el porqué no lo quieres o puedes hacer y que eso sea evaluado, pero no, simplemente es un papel que dice que el profesional es objetor, se archiva y se acabó. Desde la Red hemos planteado que el hecho de objetar de conciencia en el sistema público, que es donde se atiende la mayoría de la población de Chile y donde las mujeres que llegan lo hacen porque no tienen poder de decisión sobre dónde atenderse, genera trabas.

Mi opinión es que si uno es objetor de conciencia, entonces debe trabajar en instituciones que tenga esos principios y no en el sistema público, porque trabajar ahí implica atender a todos quienes lleguen”, agrega la gineco obstetra.

Lo que plantea la doctora Suárez toma especial relevancia cuando se analiza el hecho que los objetores de conciencia son funcionarios públicos y, por lo tanto, garantes del cumplimiento de las políticas públicas. El aborto en tres causales no es más ni menos que eso: una política de salud pública.

“Cuando uno dice que algo es política pública y que las mujeres deben exigir sus derechos, la contrapartida de eso es que los funcionarios públicos son quienes cumplen esas garantías. El Estado no es una entelequia, sino que lo es cuando hacemos cumplir las leyes, cuando hacemos que los derechos de las mujeres se vuelvan carne en esas prestaciones. En eso falta mucho en la formación de los profesionales de la salud: en derechos humanos”, manifiesta Andrea Álvarez de la ESP.

El acceso a la IVE en las tres causales previstas por la ley forma parte del derecho a la salud y, también, debe entenderse a la luz del derecho de toda persona de tener un proyecto de vida y del de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, lo que se hace patente en el caso de la causal 3. Es eso lo que Romina Suárez releva cuando se le pregunta cómo tratar el aborto en el marco del proceso constituyente.

“Si es que se redacta de buena manera en la Constitución que el derecho a la salud es fundamental, debe estar garantizado y que no solamente incluye la salud física, probablemente eso nos permitiría avanzar a una ley de aborto más completa y, eventualmente, a la despenalización o legalización del aborto fuera de las tres causales. Se debería incorporar el aborto porque genera una disrupción en el proyecto de vida y en la salud mental de una persona que no desea estar embarazada”, finaliza la especialista.