Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular y proyecto de indulto: “No queremos que la justicia sea en 40 años como en tiempo de Pinochet”
Según el abogado se ha buscado disminuir la cifra de personas que cumplen prisión preventiva en orden a quitar relevancia al tema del indulto en la discusión pública. "Los hechos son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva", afirmó.
Diario Uchile
Lunes 31 de mayo 2021 12:28 hrs.
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En revisión de una moción presentada por el senador Juan Ignacio Latorre, la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado discutió y dio luz verde a la idea de legislar unindulto a los detenidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019.
Para analizar la iniciativa legal a partir de los casos llevados adelante por la Defensoría Popular, el abogado de esa organización Lorenzo Morales conversó con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis.
Según señaló el defensor, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Defensoría Penal Pública en Chile, hay 5 mil 84 formalizados, 648 en prisión preventiva y 725 condenados en el marco de investigaciones por hechos ocurridos durante la revuelta social.
“Eso versus 8 mil 827 agentes del Estado denunciados, 75 de ellos formalizados y solo cinco de ellos están en prisión preventiva, es decir, el Poder Judicial enfrenta una discusión en su interior, tal como el Ministerio Público, ya que el pasado sábado los fiscales le pidieron al Fiscal Nacional que defina una política que finalmente determine qué va a pasar con todos estos casos, para uno y otro lado. Hay una nebulosa y en buena hora llegó esta nueva ley que quizás no es viable, pero que aporta a la discusión general del país”, indicó el abogado.
Consulado sobre la cifra de 25 personas en prisión preventiva que ha sido dada a conocer, como el número efectivo de personas que se encuentran cumpliendo con esta medida cautelar, el profesional señaló que tal número no corresponde a la realidad.
“Son 648 personas que se pueden ver con nombre y apellido, como lo publicó Ciper hace poco. Los condenados son 725, según lo estableció Amnistía Internacional, pero se han traído casos de laboratorio que no son tales como quienes participaron en la vandalización de supermercados de los que se cuestiona el carácter de presos políticos. Yo tuve dos casos de personas que eran médicos cirujanos que pasaron fuera de un supermercado en calle Tarapacá que fueron aprehendidos y acusados de robo con fuerza en las cosas porque pasaron en la época del estallido social fuera de ese lugar. Ese tipo de situaciones son las que tienen que ver con la prisión política, es decir, casos en que se confunde la prisión política con presos de conciencia, porque los primeros se relacionan más con las normativas internacionales que lo establecen así. En Chile se ha politizado el tema, sabiendo que hay un problema grave porque finalmente estas 648 personas que están en prisión preventiva no lo han pasado bien, cada uno ha tenido reclamos formales incluso en la Corte Suprema por violaciones a los DD.HH. al interior de la cárcel, cada uno de mis representados ha pedido cautela de garantías por la vulneración de sus derechos y eso implica un sufrimiento extra. Esas situaciones van en el escrito del juez Baltasar Garzón y de las organizaciones de DD.HH., por eso me parece que estamos en un momento importante de discutir seriamente, con las cifras en la mano y sin ver a la rápida los casos, porque se banaliza la discusión y finalmente se va politizando un aspecto que ha sido grave y afecta a los jóvenes que tuvieron mucho que ver en este futuro de la Constituyente.
Abogado Lorenzo Morales. Imagen: Acemedia Comunicaciones
En cuanto a las condenas por las causas vinculadas a las manifestaciones, el defensor se refirió al rol de los jueces y cómo eso también debe formar parte de la discusión.
“Finalmente con poca prueba, o con prueba ilegal se condena a muchas personas. Después del estallido social hay 57 personas que han perdido la vida. Luego que Andrés Chadwick salió del Gobierno, solo eran 49. De esas 57, hasta la fecha se han esclarecido solo siete casos y muchos agentes del Estado están comprometidos. Se ha sabido que en muchas de las violaciones a los DD.HH, se ha decidido no perseverar en la investigación, entonces hay un manto de impunidad que finalmente tendrá que llegar a instancias internacionales. No queremos que la justicia sea en 40 años como en tiempo de Pinochet, sino que la discusión sea ahora. Es un buen momento para hacerlo a raíz de esta discusión que se propuso en el Parlamento por los hechos que son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva”, comentó.
En materia de la solicitud de clarificación que los fiscales hicieron al Fiscal Nacional, Morales explicó que hay diferencias en los criterios de los distintos fiscales regionales respecto de las solicitudes de prisiones preventivas de los investigados.
“Lo que los fiscales piden es una posición nacional. Lo que yo creo es que es un asunto a dilucidar, en los casos que llevamos nosotros y que dicen relación con incendios, se formalizó en diciembre a los imputados, pero el peritaje de bomberos llegó un año después y no cumple con las normas internacionales. ¿Para eso se espera un año? Ese tipo de investigaciones son los que se deben enfrentar a la opinión pública, nosotros por la seriedad de las investigaciones no hemos dado a conocer los antecedentes, pero en el caso del Metro Pedrero sí vamos a dar a conocer algunos hechos para que la opinión pública vaya analizando porque se trata de la condena a un menor de edad con vulneración de la Convención de los Derechos del Niño.
En cuanto a si lo que corresponde es la aplicación de un indulto o hacer cambios en materia legal respecto de la procedencia de la prisión preventiva, como lo presentó José Miguel Vivanco de HRW, el abogado de la Defensoría Popular manifestó que esa organización internacional y principalmente su representante, buscan engañar a la opinión pública.
“Vivanco y su ONG tienen una posición política, por eso tienen repercusión en El Mercurio, pero creo que hay que debatir con él sus propuestas. El cambio de legislación sobre la prisión preventiva se viene discutiendo desde que se hizo la reforma al Código Procesal Penal, entonces lo que él busca es que se rechace el proyecto de indulto general mientras la sociedad chilena debería abocarse a aprobar ese proyecto de indulto porque hay 725 personas en prisión preventiva que son presos políticos”.
Respecto de los agentes del Estado investigados por violaciones a los DD.HH y requerido sobre la propuesta de la Defensoría Popular para acelerar los procesos judiciales para aclarar los hechos, el abogado señaló que el Ministerio Público se apoya en la unidad de Derechos humanos de la PDI que es un departamento con poco personal y poco acceso a peritajes.
“Creo que habría que robustecer esa unidad porque ha tenido un rol relevante en el esclarecimiento de los casos actuales y pasados. También hay fiscales específicos que han cumplido roles relevantes y que han sido hasta amenazados. Es por esto mismo y por el posible desprestigio de la institución que se pidió el pronunciamiento al fiscal Abbott. Los casos que se conocen son los menos, los casos periféricos no tienen la misma investigación porque la Policía de Investigaciones no da abasto, pero si el Fiscal Nacional ordena dar mayor celeridad, esto puede cambiar y así se puede evitar deslegitimar al Ministerio Público”, concluyó el abogado.
Foto @Camila Sierra
En revisión de una moción presentada por el senador Juan Ignacio Latorre, la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado discutió y dio luz verde a la idea de legislar unindulto a los detenidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019.
Para analizar la iniciativa legal a partir de los casos llevados adelante por la Defensoría Popular, el abogado de esa organización Lorenzo Morales conversó con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis.
Según señaló el defensor, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Defensoría Penal Pública en Chile, hay 5 mil 84 formalizados, 648 en prisión preventiva y 725 condenados en el marco de investigaciones por hechos ocurridos durante la revuelta social.
“Eso versus 8 mil 827 agentes del Estado denunciados, 75 de ellos formalizados y solo cinco de ellos están en prisión preventiva, es decir, el Poder Judicial enfrenta una discusión en su interior, tal como el Ministerio Público, ya que el pasado sábado los fiscales le pidieron al Fiscal Nacional que defina una política que finalmente determine qué va a pasar con todos estos casos, para uno y otro lado. Hay una nebulosa y en buena hora llegó esta nueva ley que quizás no es viable, pero que aporta a la discusión general del país”, indicó el abogado.
Consulado sobre la cifra de 25 personas en prisión preventiva que ha sido dada a conocer, como el número efectivo de personas que se encuentran cumpliendo con esta medida cautelar, el profesional señaló que tal número no corresponde a la realidad.
“Son 648 personas que se pueden ver con nombre y apellido, como lo publicó Ciper hace poco. Los condenados son 725, según lo estableció Amnistía Internacional, pero se han traído casos de laboratorio que no son tales como quienes participaron en la vandalización de supermercados de los que se cuestiona el carácter de presos políticos. Yo tuve dos casos de personas que eran médicos cirujanos que pasaron fuera de un supermercado en calle Tarapacá que fueron aprehendidos y acusados de robo con fuerza en las cosas porque pasaron en la época del estallido social fuera de ese lugar. Ese tipo de situaciones son las que tienen que ver con la prisión política, es decir, casos en que se confunde la prisión política con presos de conciencia, porque los primeros se relacionan más con las normativas internacionales que lo establecen así. En Chile se ha politizado el tema, sabiendo que hay un problema grave porque finalmente estas 648 personas que están en prisión preventiva no lo han pasado bien, cada uno ha tenido reclamos formales incluso en la Corte Suprema por violaciones a los DD.HH. al interior de la cárcel, cada uno de mis representados ha pedido cautela de garantías por la vulneración de sus derechos y eso implica un sufrimiento extra. Esas situaciones van en el escrito del juez Baltasar Garzón y de las organizaciones de DD.HH., por eso me parece que estamos en un momento importante de discutir seriamente, con las cifras en la mano y sin ver a la rápida los casos, porque se banaliza la discusión y finalmente se va politizando un aspecto que ha sido grave y afecta a los jóvenes que tuvieron mucho que ver en este futuro de la Constituyente.
Abogado Lorenzo Morales. Imagen: Acemedia Comunicaciones
En cuanto a las condenas por las causas vinculadas a las manifestaciones, el defensor se refirió al rol de los jueces y cómo eso también debe formar parte de la discusión.
“Finalmente con poca prueba, o con prueba ilegal se condena a muchas personas. Después del estallido social hay 57 personas que han perdido la vida. Luego que Andrés Chadwick salió del Gobierno, solo eran 49. De esas 57, hasta la fecha se han esclarecido solo siete casos y muchos agentes del Estado están comprometidos. Se ha sabido que en muchas de las violaciones a los DD.HH, se ha decidido no perseverar en la investigación, entonces hay un manto de impunidad que finalmente tendrá que llegar a instancias internacionales. No queremos que la justicia sea en 40 años como en tiempo de Pinochet, sino que la discusión sea ahora. Es un buen momento para hacerlo a raíz de esta discusión que se propuso en el Parlamento por los hechos que son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva”, comentó.
En materia de la solicitud de clarificación que los fiscales hicieron al Fiscal Nacional, Morales explicó que hay diferencias en los criterios de los distintos fiscales regionales respecto de las solicitudes de prisiones preventivas de los investigados.
“Lo que los fiscales piden es una posición nacional. Lo que yo creo es que es un asunto a dilucidar, en los casos que llevamos nosotros y que dicen relación con incendios, se formalizó en diciembre a los imputados, pero el peritaje de bomberos llegó un año después y no cumple con las normas internacionales. ¿Para eso se espera un año? Ese tipo de investigaciones son los que se deben enfrentar a la opinión pública, nosotros por la seriedad de las investigaciones no hemos dado a conocer los antecedentes, pero en el caso del Metro Pedrero sí vamos a dar a conocer algunos hechos para que la opinión pública vaya analizando porque se trata de la condena a un menor de edad con vulneración de la Convención de los Derechos del Niño.
En cuanto a si lo que corresponde es la aplicación de un indulto o hacer cambios en materia legal respecto de la procedencia de la prisión preventiva, como lo presentó José Miguel Vivanco de HRW, el abogado de la Defensoría Popular manifestó que esa organización internacional y principalmente su representante, buscan engañar a la opinión pública.
“Vivanco y su ONG tienen una posición política, por eso tienen repercusión en El Mercurio, pero creo que hay que debatir con él sus propuestas. El cambio de legislación sobre la prisión preventiva se viene discutiendo desde que se hizo la reforma al Código Procesal Penal, entonces lo que él busca es que se rechace el proyecto de indulto general mientras la sociedad chilena debería abocarse a aprobar ese proyecto de indulto porque hay 725 personas en prisión preventiva que son presos políticos”.
Respecto de los agentes del Estado investigados por violaciones a los DD.HH y requerido sobre la propuesta de la Defensoría Popular para acelerar los procesos judiciales para aclarar los hechos, el abogado señaló que el Ministerio Público se apoya en la unidad de Derechos humanos de la PDI que es un departamento con poco personal y poco acceso a peritajes.
“Creo que habría que robustecer esa unidad porque ha tenido un rol relevante en el esclarecimiento de los casos actuales y pasados. También hay fiscales específicos que han cumplido roles relevantes y que han sido hasta amenazados. Es por esto mismo y por el posible desprestigio de la institución que se pidió el pronunciamiento al fiscal Abbott. Los casos que se conocen son los menos, los casos periféricos no tienen la misma investigación porque la Policía de Investigaciones no da abasto, pero si el Fiscal Nacional ordena dar mayor celeridad, esto puede cambiar y así se puede evitar deslegitimar al Ministerio Público”, concluyó el abogado.
Foto @Camila Sierra
En revisión de una moción presentada por el senador Juan Ignacio Latorre, la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado discutió y dio luz verde a la idea de legislar unindulto a los detenidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019.
Para analizar la iniciativa legal a partir de los casos llevados adelante por la Defensoría Popular, el abogado de esa organización Lorenzo Morales conversó con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis.
Según señaló el defensor, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Defensoría Penal Pública en Chile, hay 5 mil 84 formalizados, 648 en prisión preventiva y 725 condenados en el marco de investigaciones por hechos ocurridos durante la revuelta social.
“Eso versus 8 mil 827 agentes del Estado denunciados, 75 de ellos formalizados y solo cinco de ellos están en prisión preventiva, es decir, el Poder Judicial enfrenta una discusión en su interior, tal como el Ministerio Público, ya que el pasado sábado los fiscales le pidieron al Fiscal Nacional que defina una política que finalmente determine qué va a pasar con todos estos casos, para uno y otro lado. Hay una nebulosa y en buena hora llegó esta nueva ley que quizás no es viable, pero que aporta a la discusión general del país”, indicó el abogado.
Consulado sobre la cifra de 25 personas en prisión preventiva que ha sido dada a conocer, como el número efectivo de personas que se encuentran cumpliendo con esta medida cautelar, el profesional señaló que tal número no corresponde a la realidad.
“Son 648 personas que se pueden ver con nombre y apellido, como lo publicó Ciper hace poco. Los condenados son 725, según lo estableció Amnistía Internacional, pero se han traído casos de laboratorio que no son tales como quienes participaron en la vandalización de supermercados de los que se cuestiona el carácter de presos políticos. Yo tuve dos casos de personas que eran médicos cirujanos que pasaron fuera de un supermercado en calle Tarapacá que fueron aprehendidos y acusados de robo con fuerza en las cosas porque pasaron en la época del estallido social fuera de ese lugar. Ese tipo de situaciones son las que tienen que ver con la prisión política, es decir, casos en que se confunde la prisión política con presos de conciencia, porque los primeros se relacionan más con las normativas internacionales que lo establecen así. En Chile se ha politizado el tema, sabiendo que hay un problema grave porque finalmente estas 648 personas que están en prisión preventiva no lo han pasado bien, cada uno ha tenido reclamos formales incluso en la Corte Suprema por violaciones a los DD.HH. al interior de la cárcel, cada uno de mis representados ha pedido cautela de garantías por la vulneración de sus derechos y eso implica un sufrimiento extra. Esas situaciones van en el escrito del juez Baltasar Garzón y de las organizaciones de DD.HH., por eso me parece que estamos en un momento importante de discutir seriamente, con las cifras en la mano y sin ver a la rápida los casos, porque se banaliza la discusión y finalmente se va politizando un aspecto que ha sido grave y afecta a los jóvenes que tuvieron mucho que ver en este futuro de la Constituyente.
Abogado Lorenzo Morales. Imagen: Acemedia Comunicaciones
En cuanto a las condenas por las causas vinculadas a las manifestaciones, el defensor se refirió al rol de los jueces y cómo eso también debe formar parte de la discusión.
“Finalmente con poca prueba, o con prueba ilegal se condena a muchas personas. Después del estallido social hay 57 personas que han perdido la vida. Luego que Andrés Chadwick salió del Gobierno, solo eran 49. De esas 57, hasta la fecha se han esclarecido solo siete casos y muchos agentes del Estado están comprometidos. Se ha sabido que en muchas de las violaciones a los DD.HH, se ha decidido no perseverar en la investigación, entonces hay un manto de impunidad que finalmente tendrá que llegar a instancias internacionales. No queremos que la justicia sea en 40 años como en tiempo de Pinochet, sino que la discusión sea ahora. Es un buen momento para hacerlo a raíz de esta discusión que se propuso en el Parlamento por los hechos que son serios y graves de vulneración de los DD.HH. de 725 personas que están en prisión preventiva”, comentó.
En materia de la solicitud de clarificación que los fiscales hicieron al Fiscal Nacional, Morales explicó que hay diferencias en los criterios de los distintos fiscales regionales respecto de las solicitudes de prisiones preventivas de los investigados.
“Lo que los fiscales piden es una posición nacional. Lo que yo creo es que es un asunto a dilucidar, en los casos que llevamos nosotros y que dicen relación con incendios, se formalizó en diciembre a los imputados, pero el peritaje de bomberos llegó un año después y no cumple con las normas internacionales. ¿Para eso se espera un año? Ese tipo de investigaciones son los que se deben enfrentar a la opinión pública, nosotros por la seriedad de las investigaciones no hemos dado a conocer los antecedentes, pero en el caso del Metro Pedrero sí vamos a dar a conocer algunos hechos para que la opinión pública vaya analizando porque se trata de la condena a un menor de edad con vulneración de la Convención de los Derechos del Niño.
En cuanto a si lo que corresponde es la aplicación de un indulto o hacer cambios en materia legal respecto de la procedencia de la prisión preventiva, como lo presentó José Miguel Vivanco de HRW, el abogado de la Defensoría Popular manifestó que esa organización internacional y principalmente su representante, buscan engañar a la opinión pública.
“Vivanco y su ONG tienen una posición política, por eso tienen repercusión en El Mercurio, pero creo que hay que debatir con él sus propuestas. El cambio de legislación sobre la prisión preventiva se viene discutiendo desde que se hizo la reforma al Código Procesal Penal, entonces lo que él busca es que se rechace el proyecto de indulto general mientras la sociedad chilena debería abocarse a aprobar ese proyecto de indulto porque hay 725 personas en prisión preventiva que son presos políticos”.
Respecto de los agentes del Estado investigados por violaciones a los DD.HH y requerido sobre la propuesta de la Defensoría Popular para acelerar los procesos judiciales para aclarar los hechos, el abogado señaló que el Ministerio Público se apoya en la unidad de Derechos humanos de la PDI que es un departamento con poco personal y poco acceso a peritajes.
“Creo que habría que robustecer esa unidad porque ha tenido un rol relevante en el esclarecimiento de los casos actuales y pasados. También hay fiscales específicos que han cumplido roles relevantes y que han sido hasta amenazados. Es por esto mismo y por el posible desprestigio de la institución que se pidió el pronunciamiento al fiscal Abbott. Los casos que se conocen son los menos, los casos periféricos no tienen la misma investigación porque la Policía de Investigaciones no da abasto, pero si el Fiscal Nacional ordena dar mayor celeridad, esto puede cambiar y así se puede evitar deslegitimar al Ministerio Público”, concluyó el abogado.
