En la cuenta diaria del Senado se informó la decisión del Gobierno de colocar discusión inmediata al proyecto de reforma al sistema de pensiones, lo que significa que tendrá un máximo de seis días en cada cámara del Parlamento para ser despachado.

La iniciativa fue ingresada por la administración de Sebastián Piñera en noviembre de 2020, pero tuvo distintas variaciones e incluso desde la oposición señalaron que su contenido debía ser mejorado para continuar con su trámite en el Congreso.

Al respecto, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, llamó al Ejecutivo a mejorar la iniciativa. “Nosotros le hemos insistido al Gobierno del Presidente Piñera que esta es una oportunidad histórica para sacar adelante la reforma previsional. Hemos venido durante el último año pidiendo discusión inmediata. Que el Presidente cumpla la palabra empeñada: avanzar en un sistema mixto”, pidió el legislador.

Para el senador Carlos Bianchi, el Gobierno no tiene voluntad de mejorar el proyecto y cambiar un sistema que es ampliamente criticado y que entrega exiguas pensiones a los trabajadores del país.

Sin embargo, sostuvo que buscarán la manera de introducir cambios, aunque reconoció que a su juicio el Presidente Piñera “tiene intereses personales, económicos en las AFP. Que le diga al país que quiere colocarle urgencia y quiere avanzar en una profunda reforma previsional, yo no le creo”.

Mientras, el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, indicó que debe ser el proceso constituyente el que haga las reformas al sistema de pensiones para ver “qué sistema de seguridad social necesita Chile”.

Al respecto agregó que “sólo sería partidario de una Ley corta de pensiones que mejore el pilar básico solidario al 80 por ciento de la población, por sobre la línea de la pobreza. Eso es algo que podemos sacar de manera rápida y que le lleguen esos beneficios a la gente en los próximos meses”.

Latorre subrayó que el debate de fondo sobre este tema se debe hacer más adelante con el objetivo puesto en “cómo superamos el modelo de las AFP basado únicamente en la capitalización individual y transitamos hacia un modelo solidario, público, con financiamiento tripartito de trabajadores, empleadores y el Estado; que garantice pensiones decentes, bajo un esquema de seguridad social. Esa discusión se tiene que dar en el proceso constituyente, esos cambios estructurales se tienen que dar posterior a la nueva Constitución y no legislar de manera acelerada antes de la nueva Constitución para tratar de salvar el negocio de las AFP”.