Este jueves, la Corte Suprema instruyó a las cortes de Apelaciones reunirse en horas inhábiles ante la interposición y resolución de admisibilidad de recursos de amparos que requieran atención urgente, esto en el contexto de las expulsiones a inmigrantes, mismas que se han concretado los fines de semana.

“Esta decisión se adoptó considerando la presentación de recursos de amparo en favor de personas que denuncian actos a materializarse en días y horas determinadas, pero inhábiles, y teniendo en consideración que las cortes de Apelaciones se encuentras investidas de las atribuciones destinadas a mantener incólume el principio de supremacía constitucional, obligados a actuar con prontitud en la salvaguarda de los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana ante su eventual puesta en peligro al margen del ordenamiento jurídico”, explicó el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, quien valoró la resolución de la Justicia, aunque reconoce que debió haber sido antes.

“Para nosotros es una medida que es muy correcta que hace tiempo se debió determinar. El propósito de las acciones de garantía constitucional como el amparo, es preservar derechos fundamentales y los derechos fundamentales no pueden estar acotados a horarios hábiles definidos por alguna institución. Es como que ocurriera un hecho que atentara contra un elemento fundamental del país y que esto se condicionara a que solo puede ocurrir hasta antes de las dos de la tarde”, explicó el representante.

Para Noriega, la decisión de la Corte Suprema es un portazo a la política del Gobierno que ha tenido una orientación marcadamente antiinmigrante.

“Esta práctica del Estado ha sido deliberada. No es que se le ocurra así porque sí a Policía Internacional las detenciones y expulsiones los fines de semana, esto es una política pública. ¿Por qué la ejecutan los fines de semana? Porque quieren evitar la intervención de los Tribunales, no hay otro propósito. El Gobierno ha tenido esa política de no permitir que los inmigrantes puedan acudir a la Justicia”, subrayó Noriega.

Por su parte, Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, también valoró la instrucción de la Corte Suprema, indicando que está basada en un enfoque de derechos.

“Consideramos que la resolución de la Corte Suprema define, clarifica, pone en su lugar a la Justicia con respecto a los temas de expulsiones. Creo que es fundamental que, ante el pronunciamiento que han tenido diferentes organismos internacionales, la Corte Suprema resuelva basada en un enfoque de derechos respecto de un tema que se maneja muy mal por parte del Gobierno”.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también valoraron la decisión del máximo órgano judicial de nuestro país. Su director, Sergio Micco, sostuvo que la instrucción servirá para “que todo migrante tenga derecho a defenderse”.