Primero fue la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de amparo de una persona de nacionalidad venezolana en el que estimó que el procedimiento administrativo que llevó a decretar una expulsión del territorio nacional no se había respetado el principio de contradictoriedad y, por tanto, resolvió decretar orden de no innovar y detener así la expulsión del país. Este lunes, en tanto, la Corte Suprema también acogió la cautela de garantías constitucionales y dejó sin efecto una resolución de expulsión en contra de un ciudadano venezolano con ingreso ilegal al país.

Según la argumentación del máximo tribunal, la decisión de decretar la salida forzosa del solicitante “se adoptó luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, y sin que la parte recurrente fuera oída o presentara “las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tal pronunciamiento en cuanto carece de la debida fundamentación no pudiendo desprenderse de ella criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad”.

Francisco Bustos, abogado de la Universidad de Chile y especialista en Derechos Humanos conversó con nuestro medio sobre lo que significa que los Tribunales de Justicia haya actuado de emergencia ante una nueva expulsión de extranjeros del territorio nacional.

“Es una buena medida que la Corte se haya podido reunir tanto probablemente por las denuncias de estos operativos ilegales, pero sería bueno contar con algún tipo de mecanismo más fijo que manera tal con que no haya que esperar que la Corte se pueda reunir de modo extraordinario, sino garantizar que la protección de los derechos fundamentales ojalá pueda funcionar 24/7. Pero, sin duda, es una medida en el sentido correcto la de la Corte”, subrayó.

Un asunto al que el especialista da relevancia es la ilegalidad de estas expulsiones dictadas por las autoridades administrativas ya que vulneran la normativa migratoria vigente, es decir, el decreto ley N°1094 de 1975, una norma dictada en dictadura pero que reconoce el derecho de las personas extranjeras a presentar acciones de amparo ante las Cortes de Apelaciones. Según Bustos, las autoridades están conscientes de esto y por eso realizan las deportaciones de forma subrepticia.

Abogado Francisco Bustos.

“La autoridad lleva a cabo estos operativos de noche y los vuelos salen de madrugada o en fin de semana precisamente porque tienen conciencia de que están actuando ilegalmente. El Ministerio del Interior sabe que actúa mal y por eso no quiere ser controlado ya que los Tribunales le representarán que no pueden actuar de cualquier manera, debe darse espacio a la persona a ser oída, a presentar recursos y tener un debido proceso y luego de eso se debe decidir si expulsar o no, pero lo que está haciendo Interior es saltarse esto porque saben que están actuando mal”.

Consultado sobre las faltas al debido proceso, el también académico de la Cátedra de Racismos y Migraciones explicó que las intendencias regionales invocan como justificación al proceso de expulsión el que la persona ingresó clandestinamente, dado que tal hecho constituye delito.

“El ingreso clandestino es un delito y si la intendencia tiene intenciones de buscar la persecución de ese delito debe hacer lo que ocurre cuando se le imputa a cualquiera la comisión de un delito: seguir un proceso criminal y que haya condena. Sin embargo lo que se hace es denunciar a las personas ante la Fiscalía, luego se desiste de la denuncia y eso es lo que reprocha la Corte, que no hubo intenciones serias de seguir con esto ya que sobre la base de una denuncia desistida se procede a expulsar del país. Ese es un proceder poco serio. En realidad la autoridad no lleva a cabo los procesos que corresponde y busca llevar a cabo estos procedimientos en horarios que no funcionan los Tribunales de Justicia, muchas veces con engaño a las personas diciéndoles que se acerquen a firmar sus visas, o cualquier excusa de poca monta y toman detenidas a las personas para llevarlas a abordar estos vuelos de los que además hacen difusión pública simplemente por hacer un punto político y eso me parece que es miserable”.

Respecto del procedimiento administrativo que funda estas expulsiones en las que, efectivamente, hay resoluciones individuales para cada expulsado, pero que son en un mismo formato y con variaciones mínimas, básicamente cambiando solo los nombres y datos de identificación de las personas, el abogado Bustos señaló que no basta con que haya una resolución por persona para que este tipo de salidas colectivas no sean consideradas expulsiones masivas.

“Se requiere que cada caso sea analizado. En operativos de expulsión anteriores la autoridad señalaba que todos quienes saldrían del país eran delincuentes, pero al revisar había 10 o 15 personas que estaban con antecedentes por comisión de delitos, mientras que el resto no. La autoridad busca interesadamente generar confusión y meter, por así decirlo, a todas las personas en el mismo saco porque probablemente haya casos graves que son extendidos a los demás. Las declaraciones del Gobierno en los últimos días en que dicen que no hay nada ilegal y que no se está de acuerdo con la decisión de la Corte, en realidad son manotazos de ahogado porque saben que no hay argumentos y que están llevando a cabo una política inhumana, especialmente considerando que fue el mismo Gobierno el que invitó a las personas venezolanas a vivir en Chile y que se sabe la situación de crisis humanitaria que hay en ese país, entonces, con mayor razón no debería expulsarse de ese modo a las personas de ese y otros países en similares condiciones”.

Es específicamente la situación de los migrantes venezolanos la que más critica el abogado de Derechos Humanos.

“El Gobierno invitó a las personas en este show que se hizo en Cúcuta, pero cuando ellos vienen lo que hace es separar familias, vulnerar sus derechos humanos y devolverlos a un país donde el propio Gobierno reconoce que en algunos casos podrían sufrir torturas o vulneraciones por la crisis sanitaria o la misma crisis humanitaria, pues incluso hay prohibición de retornar a personas en países donde pueda existir este tipo de situaciones. Chile es el país que ha dado los peores tratos a los migrantes venezolanos, como leí alguna vez”.

Foto @1raNota

Según lo manifestado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, los tres procesos de expulsión se han ceñido a las normas internas y a la legislación internacional. “No estamos hablando de presunciones. Hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores (…), tráfico de droga, hay personas condenadas también por robo con violencia”, señaló el secretario de Estado para defender los procesos de salida de extranjeros que han levantado las críticas y rechazo a nivel nacional e internacional.

Consultado al respecto, Francisco Bustos manifestó que eso es precisamente lo reprochable de la actitud del Gobierno que extiende a otros los casos de personas infractoras de ley.

“Se busca confundir porque si hay uno o diez casos graves se amplía esto a las doscientas personas que se quiere expulsar. Han mentido ante la prensa, ante los Tribunales y es porque saben que no tienen razón”.

El 19 de mayo los expertos y Relatores Especiales de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, llamaron directamente al gobierno de Chile a detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes. Sin embargo, el Ejecutivo no ha reaccionado a tal interpelación lo que para Bustos solo se explica por el hecho que el Gobierno considera como punto político estas expulsiones.

“No es algo nuevo, lo vimos con Donald Trump y otros gobiernos de Europa Oriental e incluso de América Latina. Es una táctica usada muchas veces por los gobiernos cuando tienen poca o casi nada de aprobación, el de buscar un enemigo al que culpar. Aquí, los migrantes serían los culpables de la situación en la que estamos, el mismo presidente Piñera en sus discursos dio a entender que el COVID-19 llegó por la migración irregular y no por las personas que volvieron de vacaciones. Es tratar de achacar todos los problemas a la migración porque son un enemigo al que es fácil pegarle y el Gobierno opta por atacar a los más débiles sin importar sus Derechos Humanos ni sus declaraciones anteriores invitando a los venezolanos a Chile”, puntualizó el abogado.

“Se han vulnerado los distintos tratados internacionales como la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención de Derechos del Niño al separar a hijos de sus padres y eso lo hace aún más dramático porque cuando en Chile se produjo una situación de crisis, otros países no tuvieron la actitud de Chile y ahora un millón de chilenos viven en el extranjero beneficiados de la solidaridad internacional. El Estado queda mal, más aún cuando nuestro propio Himno Nacional habla del asilo contra la opresión y el gobierno de nuestro país está teniendo una de las peores actitudes posibles al respecto”, concluyó el especialista.