Derechos humanos fue el primer ítem con el que abrió el debate Anatel de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, llevado a cabo durante la noche de este lunes. Un segmento en el que Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel e Ignacio Briones fueron interpelados en cuanto a su participación por la superación de los conflictos que se materializaba en las calles en el marco de la revuelta popular, y que fue registrando a diario, lamentables muertes, víctimas de lesiones graves y de traumas oculares.

En el espacio, los cuatro presidenciales de la derecha y centro derecha, negaron la existencia de una sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, reconociendo en su lugar la existencia de “atropellos, pero no de una política sistemática”, en el caso de Briones y de “casos específicos cuyo esclarecimiento compete al sistema judicial” para el candidato de la UDI, Joaquín Lavín.

La carta presidencial de RN y exfuncionario de Carabineros, Mario Desbordes, declaró a su vez, que las instituciones jamás tuvieron esta disposición de sistematicidad y que las responsabilidades por parte de los uniformados, son de orden individual. Asimismo, en lo relativo a las 173 víctimas de trauma ocular que se contabilizan en el catastro del INDH, Desbordes lo atribuyó a la consecuencia del rebote de un disparo mal ejecutado, que no se dirigía directo a los ojos de los manifestantes.

Por su parte, Sebastián Sichel, consideró como “opinología” la intromisión de los candidatos frente a este tipo de causas y al igual que sus contrincantes, arguyó que son los tribunales los encargados de perseguir delitos de lesa humanidad.

Para despejar la imprecisiones de los candidatos de la derecha y centro derecha, en cuanto al grado de responsabilidad que tiene el Estado ante estos casos, frente la sistematicidad de las vulneraciones que ocurrieron a partir el 18 de octubre y respecto a las políticas de reparación, es que conversamos con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. 

“Una violación, un trato cruel o un acto de tortura es catalogado en sí mismo como una violación a los derechos humanos. Ahí no hay nada que preguntarse respecto a si hubo o no violaciones a los derechos humanos , porque agentes del Estado, a lo largo de todo el país, desplegaron ciertas acciones que tuvieron impacto directo a miles de manifestantes, actos de tratos crueles, inhumanos, detenciones ilegales, golpizas, etc. Desde ese punto de vista, no tenemos nada que preguntarnos. Aquí claramente se han violado los derechos humanos y se ha podido corroborar desde el Alto Comisionado de Derecho Humanos, de la Comisión interamericana, más todas aquellas organizaciones no gubernamentales, internacionales como nacionales”, explicó en primer lugar.

La académica de la UDP esclareció que efectivamente existe un patrón sistemático de vulneraciones de lesa humanidad por parte de las policías en el marco de las manifestaciones sociales, e independientemente que esta reincidencia no haya sucedido a partir de una orden de alto mando, el Estado sí es responsable de no ejecutar acciones que supriman estas vulneraciones. 

“Una lo que puede decir es que hay una sistematicidad de actos ejecutados por actos policiales, no que estas fueran ordenadas por el Gobierno. Ahí yo creo que hay unas diferencias cuando la gente habla de patrón sistemático de violaciones a derechos humanos, éstas no están necesariamente realizadas a partir de la orden del Estado, ni de los tribunales de Justicia, ni de ninguna otra institución. De hecho, los Tribunales jugaron un papel clave, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público que se encuentra investigando, con mucha lentitud, pero lo está haciendo, y de la misma manera, otros órganos como la propia Contraloría. Lo que uno ve son patrones de conducta sostenida por parte de las fuerzas policiales, y ahí la responsabilidad también recae en el actuar del Ejecutivo frente a la omisión de no detener algunas de estas conductas. Algunas veces fueron cambiando los protocolos, pero la reacción en realidad fue tardía”, puntualizó.

En esa línea, Casas explicó que las violaciones de Derechos Humanos son responsabilidad del Estado en la medida que cualquier agente del Estado perpetre esos delitos, un funcionario público, por ejemplo. Sin embargo, también recae en la responsabilidad del Estado si esas acciones se llevan a cabo por particulares, en la medida que no proteja a las personas de atentados, que de antemano, se sabe que pueden ocurrir.

“Un ejemplo típico y que desde el mundo feminista se ha levantado con mucha claridad, son los actos de los que las mujeres somos victimas de manera cotidiana, como la violencia hacia las mujeres. Ahí el Estado es responsable por omisión, por no hacer, por no proteger. Por ejemplo, si hay negligencia por parte del Estado para asegurar una vida libre de violencia y no se hubieran adoptado las medidas adecuadas. El Estado puede ser responsable de las violaciones, de aquello que le ha sucedido a una mujer, violando la integridad física y psíquica, entonces también pudiera ser que hay otros tipos de terceros que están impactados porque el Estado no adopta ciertas medidas de protección, por ejemplo, la violencia dentro de las poblaciones por el narco”.

Reparaciones

En nombre de la defensa de la democracia, los candidatos de Chile Vamos hicieron hincapié en la necesidad de separar las funciones de los diferentes organismos del Estado, y en términos de derechos humanos, no incidir en lo que es competencia de los tribunales de Justicia, que en palabras de Sebastián Sichel, también determina las reparaciones en casos de DDHH.

“Yo creo que el candidato Sichel, no entiende el concepto mismo de reparación, que es distinto a la indemnización frente a la violación de los derechos humanos. Un Estado puede establecer una política de reparaciones habiendo certificado por ejemplo, quienes fueron las victimas, el tipo de daño producido y qué es lo que el Estado debería hacer para una no repetición de aquel acto. Por ejemplo, en los casos de violaciones de derechos humanos, bajo la dictadura, en el caso de las personas que fueron sometida a prisión política y tortura, no fue necesario que cada uno de ellos tuviera que recurrir de forma independiente a los tribunales para que se estableciera una indemnización, fue a partir de un acto del Estado, una política pública, una ley que aprueba una reparación para aquellas personas que fueron victimas. Desde este punto de vista, Sichel, responde parcialmente. Efectivamente una indemnización civil tiene que establecerse a través de los tribunales, pero uno puede establecer una política pública, a partir de un acto legislativo, que permita la reparación de quienes han sido víctimas. Tanto es así, que el ejecutivo no necesita un pronunciamiento del tribunal para enviar un proyecto de ley”, explicó.

Estas reparaciones pueden ir en orden de indemnizar de por vida a una persona victima de delitos de lesa humanidad, de otorgarle completa cobertura de las atenciones de salud, como también, de financiar estudios formales a ellos y a sus familiares, explicó Casas, incluyendo los monumentos como símbolos que se han edificado para efectos de reparación.

Autoría

La académica de la UDP, advirtió que existen ciertos complejos en esclarecer quienes protagonizaron crímenes de derechos humanos en un contexto de masivas manifestaciones y represiones.

“La responsabilidad por violaciones de derechos humanos recae sobre el aparato del estado, en general, pero más allá de eso hay responsabilidades iguales de aquellos agentes que protagonizaron esas acciones. En este caso, una de las cosas en las que había mucha claridad desde el inicio, es que dada la envergadura y las formas de la represión, no iba a haber tanta claridad de estos hechos o iba a ser más difícil condenar cierto tipo de actuaciones, porque no se iba a poder identificar con claridad quienes fueron los responsables”, afirmó.

Finalmente, frente a las afirmaciones que los ex miembros del comité político, Sichel y Briones, realizaron respecto al llamado que realizó el gobierno a organizaciones internacionales para efectos de evaluar y catastrar lo que sucedía en el país, bajo la coyuntura de la revuelta popular, Casas aseveró, que esto no sucede por la iniciativa del ejecutivo, sino que es producto de la presión interna. 

“Antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno en forma tajante, desmintió la existencia de esas violaciones de derechos humanos y siguió insistiendo en patrones aislados“, observó.