Por 36 votos a favor, es decir, de manera unánime, el Senado aprobó, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica el Código de Aguas y que lleva esperando más de diez años en el Parlamento.

Antes de llegar a la Sala del Senado, la iniciativa debió pasar por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en noviembre de 2016. Luego, por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución de la Cámara Alta.

En la discusión de este martes, que fue la continuación del debate ocurrido la semana pasada, la senadora democratacristiana, Ximena Rincón, argumentó su voto a favor de la iniciativa por considerarla un avance, aunque aclaró que la tarea de consagrar el agua como un derecho humano será de la Convención Constitucional.

“Creo, señor Presidente, honorable Senado, colegas, que sin dudas apoyaremos con fuerza la aprobación de este proyecto de ley. Creemos que es de toda lógica, de todo derecho dotar a nuestro país de autonomía hídrica y asegurar la revisión permanente de este recurso para todas y todos. Mientras no reconozcamos el derecho al agua como un derecho fundamentan en la Constitución, este proyecto es solo un avance, este recurso seguirá transándose en el mercado al mejor postor. La tarea de la Convención Constitucional es clara: debemos consagrar, para todas y todos, el derecho humano al agua y que este derecho sea exigible al Estado, por eso, voto a favor”.

Por su parte, el senador RN José García Ruminot, también mostró su apoyo a la iniciativa argumentando que regulará de mejor forma los nuevos derechos de aguas.

“Este proyecto de ley va a consagrar una nueva regulación para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas sin desconocer los ya existentes, creando disposiciones que ordenan y facilitan el proceso. Nosotros esperamos que una vez que las modificaciones al Código de Aguas sean ley de La República podamos tener más inversión, más equidad, que realmente cuidemos más el agua y, de esa manera, podamos aprovechar mucho mejor este vital líquido que es cada vez más escaso”.

A grandes rasgos, la reforma pretende dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local. Además establece el derecho esencial al agua catalogándola de bien nacional de uso público.

También pretende establecer que el agua es propiedad de todos los chilenos y chilenas, así como darle más atribuciones a la Dirección General del Agua para fiscalizar y regular.

Punto importante también es que las nuevas concesiones serán temporales, con causales de caducidad y extinción.

Se espera que el proyecto sea ley durante el tercer trimestre de este año.