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Año XIV, 2 de julio de 2022

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Inadmisible: Cámara rechaza la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa

Con 71 votos a favor de la admisibilidad y 76 en contra el titular del MINEDUC logró sortear el reclamo que buscaba responsabilizarlo de una serie de situaciones en el marco de la pandemia.

Maria Luisa Cisternas

  Jueves 12 de agosto 2021 16:58 hrs. 
FIGUEROA

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La sesión que tomó casi seis horas terminó con la deliberación de inadmisibilidad al líbelo acusatorio con 76 votos en contra versus los 71 a favor de los y las parlamentarias de la Cámara. El resultado fue celebrado por el oficialismo mientras que desde la oposición se realizó una dura crítica a los diputados que no participaron de la deliberación, en la medida que con su apoyo se podría haber revertido la situación. 

Ya fuera del hemiciclo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la voluntad expresada es señal de que la mayoría de los diputados supieron comprender la magnitud de los desafíos que ha representado la pandemia y del esfuerzo que desde el Mineduc se ha desarrollado para garantizar las experiencias educativas a los estudiantes.

“Desde el Ministerio de Educación, los organismos internacionales, todos hemos trabajado incansablemente con un principal objetivo: asegurarle a cada niño, a cada joven su derecho a educarse en un contexto tan difícil como ha sido esta pandemia. Hoy día la mayoría de la Cámara de Diputados ha sabido entender la magnitud de ese esfuerzo y lo importante de tener un único objetivo en este aspecto. Son los niños los que deben preocuparnos y debemos de una vez por todas entender que para sacar adelante este desafío, nadie sobra”, afirmó.

A eso agregó que es necesario dejar de lado las legítimas diferencias a modo que no entorpezcan con el objetivo de entregar a los niños lo que necesitan. “No hay tiempo que perder, cada minuto cuenta cuando hablamos del bienestar de nuestros niños. Yo quiero entender que lo que ha ocurrido hoy con el rechazo a la acusación es una señal clara al país, que el tiempo, el trabajo y la dedicación tienen que estar puestas en nuestros niños”, añadió.

Por su parte la diputada de Comunes Camila Rojas, una de las impulsoras de la acusación contra Figueroa, interpretó el resultado como una omisión relevante en términos de hacerse cargo de las falencias del sistema educativo por parte de la autoridad interpelada y la evidencia de que para un número de parlamentarios la educación no está siendo un tema prioritario.

“Estábamos analizando recién los votos porque hubo 71 votos a favor, 76 en contra y de ocho inasistencias, siete eran de personas de la oposición por lo tanto si esas personas hubieran votado favorablemente se hubiese podido contar con los votos. Lo lamento principalmente porque tal como pudieron escuchar, presentamos faltas graves que están ocurriendo en los establecimientos, situaciones muy duras que enfrentan las y los trabajadores de la educación, pero aquí también digo que vamos a persistir con la denuncia de estas situaciones y buscando solución a los problemas de la educación que hoy enfrentan las comunidades educativas”, afirmó.

A eso subrayó que es preocupante el hecho que parlamentarios no asistan a una votación del pleno “Ahí tendrán las personas que preguntarles a sus diputados por qué no asisten a una votación de la relevancia que tiene una acusación constitucional”, observó.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi, quien detalló las condiciones paupérrimas en la que funciona el Servicio Local de Educación de Barrancas que corresponde a su distrito que depende del Ministerio de Educación, denunció un ensimismamiento del oficialismo, en la medida que limitaron la discusión al retorno presencial a clases.

“Se supone que estamos en pandemia y como estamos en pandemia, las condiciones sanitarias de una escuela se hace absolutamente relevante y las condiciones sanitarias en las escuelas no se cumple, entonces a mí me llama la atención este nivel de negacionismo de los parlamentarios de no querer ver la realidad”, criticó.

La discusión

A las diez de la mañana comenzó la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados que tuvo como tema abordar la acusación constitucional interpuesta contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Previo al ingreso del pleno, el secretario de Estado afirmó estar confiado con el trabajo que se ha realizado durante su administración en el Mineduc.

Ya en el hemiciclo Figueroa decidió no hacer uso de la denominada cuestión previa, medio en que las autoridades interpeladas presentan su defensa para efectos de ser sometida a votación, razón por la cual se avanzó directamente a la discusión de fondo del líbelo acusatorio, que se abrió con la intervención de la diputada de comunes y principal propulsora de la iniciativa, Camila Rojas.

Durante más de hora la parlamentaria de oposición realizó una exposición pormenorizada de los argumentos, infracciones y omisiones a los que la máxima autoridad del Mineduc incurrió en su gestión, “quien ha insistido que la acusación se esgrime por un desacuerdo político sobre el retorno presencial a clases, y quien al momento de reconocer falencias en la administración, ha transferido las responsabilidades a las comunidades educativas”, afirmó Rojas.

En lo relativo al capítulo uno referido a la vulneración del derecho a la educación, la diputada denunció el cambio en el cálculo de las subvenciones, que ha afectado en particular a las aulas hospitalarias que arriesgan sus cierres debido a la no transferencia de recursos adicionales, como ya sucedió con las escuelas del hospital San Borja y de la clínica Indisa. Una situación por la cual la red de aulas hospitalarias interpuso un recurso de protección contra el Mineduc por los recortes de presupuesto.

Respecto a la vulneración de los trabajadores de la educación, la parlamentaria de Comunes mencionó la deuda del Bono de Incentivo al Retiro del cual no se ha hecho cargo el Mineduc, en circunstancias que se registra un aproximado de 30 funcionarios que fallecieron en el marco de la pandemia, sin haber recibido el beneficio.

“La situación de pandemia que hoy vivimos vuelve más dificultosa esta situación pues muchos que deberían haber recibido el Bono de Incentivo al Retiro tienen enfermedades de base, es decir personas que cumplen todos los requisitos para acceder al beneficio que establecen los cuerpos normativos, no han podido acceder a este solo por la negligencia e incapacidad con la que se actúa. Se agrega además que la situación se agrava pues el ministerio no ha entregado ninguna información a quienes legítimamente consultan respecto a las razones de este pago”, declaró.

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Camila Rojas, diputada de Comunes, en su intervención en la sesión de la Cámara que abordó la Acusación Constitucional contra el ministro Raúl Figueroa. 

Asimismo la acusadora relató que la pandemia ha golpeado el trabajo educacional que aún se encuentra en un momento crítico. La paralización de las actividades presenciales derivó en la implementación de las clases remotas, para las cuales no existía un cuerpo regulatorio que amparara a los funcionarios y que pese a que esto fue advertido durante marzo del 2020, la situación no fue atendida por el ministerio, lo que incurrió en que profesores y profesoras, así como los asistentes de la educación debieron someterse a extenuantes jornadas laborales, sin horarios determinados para el descanso.

En ese sentido agregó que las y los funcionarios de la educación fueron empujados a emplear métodos alternativos para hacer efectiva la experiencia educativa a sus alumnos, muchos acercándose a los hogares de los estudiantes bajo las inclemencias del Covid-19 a modo de entregar material educativo, entre otros auxilios. En esa línea señaló que “las y los docentes, las y los asistentes no sólo quieren recibir aplausos del ministro y su abogado, necesitan nuevas condiciones que garanticen un ambiente de trabajo adecuado”.

En lo referido al capítulo de amenaza a la vida e integridad física y psíquica del líbelo, Rojas señaló que Figueroa sólo habría generado las condiciones óptimas para el retorno presencial a una mínima parte de los establecimientos públicos, al 7,5 por ciento, marginando al 93 por ciento del total.

“Frente a nuestros ojos son establecimientos educacionales desfinanciados y sin condiciones sanitarias ni estructurales. No hay garantías de medidas como la ventilación, como la medición del C02, el distanciamiento de las aulas para respetar los aforos y lamentablemente la educación remota es limitada por la falta de conectividad y dispositivos en los establecimientos puesto no existe la tecnología necesaria para implementar clases híbridas sincrónicas”, arguyó.

La réplica 

Por su parte, el abogado defensor de la autoridad interpelada, Jorge Gálvez, señaló que la acusación constitucional vulnera e infringe distintas disposiciones constitucionales que la hacen insostenible y que se basa en una discrepancia política.

En ese sentido y en base a lo evaluado, el abogado arguyó que el reproche a Figueroa no se genera por haber incumplido la ley, sino que por no hacer modificaciones al marco regulatorio chileno, por “no haber hecho un esfuerzo por sustituir la ley, y no de no de hacerlo en general, sino de no hacerlo en el sentido conforme a la apreciación política valorativa de los diputados acusadores”, subrayó el abogado. En esa línea señaló que el líbelo vulnera el principio de legalidad.

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Jorge Gálvez, abogado patrocinador del ministro de Educación Raúl Figueroa en su intervención en la sesión de la Cámara.

Asimismo, el abogado señaló que la acusación infringe el principio de culpabilidad con asiento constitucional, que impide que a una persona se le castigue por hechos que escapan a su control o por hechos que el interpelado no haya decidido.

“Resulta evidente la cantidad de situaciones país que se atribuyen al pretendido control y a la pretendida intencionalidad dolosa del señor ministro, cuestiones tales como la situación de brecha digital que estructuralmente afecta al país, los problemas logísticos puntuales que tuvo una distribución de canastas por parte de Junaeb, los resultados que arroja el polinomio legal que rige la determinación del alumno prioritario, la omisiones de algunos sostenedores en orden de ejecutar los recursos disponibles para mejoramiento de infraestructura, lo resuelto por la Contraloría y la Dirección del Trabajo a propósito del régimen legal aplicable al cuerpo docente, lo resuelto por un ente autónomo como la Superintendencia de Educación a propósito de la flexibilización de la subvención SEP (…) Resulta absurdo pretender que todo este conjunto haya sido provocado o que se encuentren en el control del ministro de Educación“, detalló.

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