El Colegio de Profesores convocó a una movilización este jueves 26 de agosto para reiterar su rechazo a la implementación de los nuevos servicios locales que están comprometidos para su puesta en marcha el próximo 1 de enero de 2022.

Carlos Díaz, presidente del gremio docente, explicó que la Ley de Nueva Educación Pública no es el proceso de desmunicipalización que impulsaron los trabajadores del sector.

“Esta no es nuestra desmunicipalización. El problema central es que estamos frente a una ley que no expresa ni refleja efectivamente una priorización por la educación pública”, precisó el dirigente.

Díaz agregó que en el caso de los servicios que están en funcionamiento han dejado al descubierto que en vez de resolver los problemas del municipalismo en la educación pública, los mantiene.

“La puesta en práctica de los servicios locales de educación que hoy día están en régimen, han demostrado en los hechos que esta nueva educación pública de la cual se habló no tiene nada de distinto y tiene los mismos vicios que tiene la municipalización”, agregó.

En ese sentido enumeró que “aquí hay una ley que reitera y mantiene la lógica de sostenedores para quienes administran la educación pública, cuestión que hemos cuestionado y criticado fuertemente, pero además mantiene el mismo sistema de financiamiento y por tanto los mismos problemas y vicios que hoy día tiene la municipalización”.

Ya la semana pasada se registró en la ciudad de Calama una movilización de cientos de trabajadores de la educación que rechazan la puesta en marcha en esa comuna del Servicio Local de Educación Pública de Licancabur, mientras que en Punta Arenas los profesores presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones ya que no han sido convocados para participar en las comisiones técnicas comprometidas para antes de la implementación de la nueva entidad.

Según reclaman los docentes, la llegada de los servicios locales ha significado retrasos en el pago de sus sueldos, problemas para el reconocimiento de beneficios adquiridos, suspensión de la cancelación del bono de incentivo al retiro y otros dificultades administrativas.